AUDIENCIA 117 / ALEGATO DE LA SECRETARÍA DE DDHH DE LA NACIÓN (I PARTE)

14-12-15| Fernando Peñaloza, quien estuvo a cargo de la representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en todos los juicios tratados por el TOF N° 1 de Mendoza, inició su alegato en la Megacausa. Comenzó con el expediente referido a los cuatro ex Jueces analizando la responsabilidad que les cupo a los acusados en las causas Mocchi, Rabanal y Luna así como en los casos de Luis Moriña, Santiago Illa, José Luis Herrero y los hermanos Hugo y Julio Talquenca, todos desaparecidos.

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Otro fracaso de Civit

Ariel Civit, defensor particular contratado por ex Juez Romano y el penitenciario Bianchi, se ha caracterizado por menoscabar a quien sea, recurso que con frecuencia lo deja mal parado.
Hoy, tan pronto como el Tribunal anunció que en la jornada alegaría el representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Fernando Peñaloza, el abogado Civit saltó pidiendo al Presidente que suspendiera su intervención hasta que no se contara con la validación de su representación. Su aspiración era sacarlo de en medio, ya que la mencionada Secretaría cambió de signo político. Sin embargo, la Secretaria del Tribunal, Natalia Suarez, aclaró que se contaba con una Resolución del Ministerio de Justicia que consagraba la designación de Peñaloza y no se había recibido ninguna revocación de la medida, por ende tenía poder para iniciar su alegato.
Más aún, el fallido intento del defensor concluyó en papelón pues desconocía que Fernando Peñaloza fue ratificado por la nueva gestión para que alegue en nombre del Estado Nacional. El abogado cuestionado, visiblemente molesto, le enrostró a Civit que la medida le fue comunicada por su jefe el viernes pasado.
Después del entredicho, Peñaloza abrió el alegato refiriéndose a dos casos paradigmáticos que marcaron el inicio de una época, los aparición de los cuerpos sin vida de Luis Alberto Granizo y Néstor López, sindicalistas asesinados a balazos a fines del ‘75. El abogado apuntó que, tanto en uno como en el otro caso los familiares habían interpuesto Habeas Corpus ante la Justicia Federal, que fueron rechazados. A partir de esa época se vislumbra un acuerdo entre las fuerzas de seguridad y los jueces para brindar impunidad.

Ni persecución política, ni anacronía

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En la introducción de su alegato el querellante resaltó que el conocimiento y reproche, por parte de la sociedad, por los delitos cometidos durante la represión ilegal, es parte del proceso de democratización en la Argentina. Lo sucedido ancla en la reforma constitucional realizada en 1994, que adhiere a la Convención Interamericana de Derechos Humanos incorporada a la normativa nacional.
Peñaloza recordó que las denuncias recibidas por la CIDH desde el inicio de la Dictadura, dieron por resultado que la Comisión se constituyera en Buenos Aires para recepcionar miles de reclamos por desaparición de personas y otros delitos. Los años posteriores la misma insistió a fin de que esas causas rechazadas se reabrieran ante nuevos hechos. Finalmente, en el año 2000, a propósito del caso de Alejandro Lapacó, en el que intervino el tribunal americano, se llegó a un acuerdo amistoso con el estado nacional para que fuera posible el acceso a la verdad por parte de los daminificados. Además propuso la creación de una fiscalía ad hoc para dar con el destino de las personas desaparecidas y formar fiscales especializados para cumplir ese cometido.
Con este acuerdo y el fallo Simón se refrenda la responsabilidad que el Estado argentino asumió frente a la comunidad internacional hace décadas. Estos argumentos desarman la recurrente cantaleta de la persecución política que esgrimieron los jueces Romano y Miret. Las decisiones se forjaron desde largo tiempo atrás.
Más aún, en otro tramo de su introducción, Peñaloza desbarató el insistente reclamo de los ex jueces en el sentido que ellos eran los únicos funcionarios judiciales procesados. El querellante leyó una larga lista de secretarios, fiscales y jueces imputados por crímenes de lesa humanidad en distintos puntos del país, lo que viene a deslegitimar la versión del ensañamiento personal contra los ex magistrados mendocinos.
En cuanto al argumento del anacronismo, figura por la que no se podría juzgar hechos pasados con la mirada del presente, Peñaloza recurrió a dos viejos informes de la época. El recurso utilizado por Romano, Miret y Petra fue desmentido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- en 1979 y por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas –CONADEP- de 1984.
El Informe de la CIDH marca la indolencia con que actuaban los miembros de la justicia y recomienda, entre otras disposiciones, que se investiguen a fondo las torturas y los responsables sean sancionados. La Comisión demanda que los funcionarios se constituyan in situ para constatar los hechos y se prevengan los delitos que les fueron denunciados. Finalmente sostiene que “los Habeas Corpus han sido una frustración de este recurso”.
En cuanto a la CONADEP, integrada por personalidades argentinas insospechadas de parcialidad, hicieron referencia, por aquella época, a la “conducta cómplice” del Poder Judicial, una suerte de simulacro para cubrir los ilícitos que se cometían. En relación a los Habeas Corpus, afirma que no impulsaban las investigaciones y fueron ineficaces en relación a las desapariciones.
De modo que lejos del anacronismo argumentado, más de 30 años atrás, observadores imparciales marcaban la complicidad de la Justicia en la comisión de los crímenes hoy en debate.

Repaso de las Causas

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Fernando Peñaloza se abocó al análisis de las causas comprendidas en este IV Juicio, comenzando por la referida a los ex jueces Romano, Miret, Petra y Carrizo. Analizó en primer lugar la causa Mocchi, cuyos hechos remiten a agosto de 1975 a raíz de un procedimiento ordenado por Miret por presuntas actividades subversivas, que concluyó con la detención de numerosas personas. En el caso específico del detenido Eduardo Glogowsky, este había denunciado ante el juez el robo de dinero y el ultraje sufrido por su compañera, Luz Faingold. Todos los detenidos fueron sometidos a torturas, en algunos casos compatibles con las escoriaciones registradas por el médico de la cárcel, sin que nada hicieran los magistrados. Aún a sabiendas de que los secuestrados permanecían con los ojos vendados, les preguntaban si podían reconocer a los autores de los ilícitos y ante la negativa daban por concluido el asunto
En la causa Luna, el abogado rememoró la serie de secuestros verificados en junio del ’76, que comenzó con la detención de David Blanco y terminó con la de Antonio Savone. Todos pasaron por el D2, donde padecieron todo tipo de vejámenes. En este caso Romano dictó la prisión preventiva, pero no hubo pedido de compulsa por algunos datos que hubieran podido desentrañar los ilícitos. En el caso del reclamo de la detenida Alicia Morales por el saqueo de su vivienda, robo de muebles, enseres de valor, mercadería y su auto, Romano, con la displicencia que lo caracteriza, respondió que no era custodio de una “oficina de informe de cosas perdidas”.
Luego, el querellante se refirió a la causa Rabanal, de febrero de 1976, que reúne a numerosos detenidos que declararon ante el juez Carrizo en sede policial. Uno de los detenidos, Marcos Ibáñez, proporcionó el nombre de dos policías que lo secuestraron, mientras que las mujeres y hombres detenidos hicieron relatos estremecedores sobre tormentos y violaciones. En esta causa se extrajo compulsa para que la Policía enviase la lista de personal del D2. Entre idas y venidas, dos años después la lista no llegaba, hasta que citaron a declarar a Pedro Sánchez Camargo. El jefe del D2 identificó al personal que actuó en el procedimiento, sin embargo Romano pidió el archivo de la causa por “obvias razones”.
Sobre la desaparición de Luis Rodolfo Moriña, acaecida el 22 de noviembre de 1975, Peñaloza recordó que, el mismo día, su hermano presentó un recurso de HC en el domicilio de Luis Miret. El Comando informó que se encontraba a disposición de PEN. Tras esto, el ex Juez Federal solicitó se librara oficio al Ministerio del Interior para dejar constancia de lo anterior, debido a las dudas que presentaba el caso. En febrero del 76 el juez Carrizo solicitó saber el lugar donde Moriña cumplía su detención, pero la respuesta del Comando fue que se encontraba prófugo, a partir de lo cual se dio por terminada la investigación. En 1984, el Dr. Alfredo Guevara retomó la causa y pidió su desarchivo, ofreciendo elementos sobre la desaparición y posible muerte de Moriña en dependencia militares. Al recordar ese suceso, el querellante calificó a Burad como “el primer juez que investigó como se debía investigar” marcando un contraste con el accionar de los procesados. Asimismo reivindicó al miembro del actual Tribunal, Juan González Macías, a quienes diferenció de los procesados.
Peñaloza abordó también el caso del desaparecido Santiago Illa. Secuestrado en San Rafael, su madre presentó un Habeas Corpus, que en primera instancia fue rechazado por Carrizo, pero finalmente fue informada que estaba en la cárcel, a disposición del PEN. Como lo confirman los testimonios, Illa se encontraba en la Penitenciaría hasta que, en mayo del ’76, lo sacaron con destino incierto. Su esposa, Silvia Faget, presentó un escrito reclamando por Illa, que no se encontraba ya en la cárcel y había sido trasladado al Liceo Militar. Obtuvo una mendaz respuesta: se le dijo que su esposo había sido liberado el 15 mayo del 76. Guzzo y Romano intervinieron nuevamente para dar respuesta negativa cuando la madre de Illa solicitó que se libraran nuevos oficios.
José Luis Herrero fue visto por última vez cuando salió de la pensión en la que se alojaba temporalmente, procedente de San Juan. El 9 de marzo del 76 ya no regresó. El mismo día se presentaron en la pensión personas vestidas con uniforme policial que se llevaron su documento. Sus progenitores, anoticiados de su desaparición, iniciaron la búsqueda. Su padre presentó un Habeas Corpus, pero Carrizo rechazó el recurso, con costas, debido a que no se dio con su paradero en dependencias de las fuerzas de seguridad ni de las fuerzas armadas. En abril del mismo año su padre pidió nuevamente que se labrara oficio, pues tenía información de que Herrero se hallaba en la Brigada Aérea. Con intervención de Miret, se concluyó que no se encontraba allí. Los funcionarios intervinientes omitieron por completo continuar con la indagación, aunque tenían indicios.
El último caso del que habló el representante de la Secretaría de Derechos Humanos fue sobre las detenciones y desapariciones de Hugo y Julio Talquenca, en mayo del 76. Peñaloza hizo una breve introducción para reflexionar sobre la imposibilidad de que los ex jueces no advirtieran el aniquilamiento de las víctimas. Puso énfasis en la importancia de contextualizar y no tomar los casos como aislados. En pocos días, en mayo de 1976, se presentaron hechos similares contra numerosas/os jóvenes militantes guevaristas y cercanos al ERP. Los procedimientos permitían advertir que existía planificación previa, la forma de actuar en los operativos era coincidente y respondía a un patrón común. Los procedimientos concluyeron con personas blanqueadas y numerosas personas desaparecidas. Cabe advertir que los ex jueces no hicieron nada por las y los que nunca aparecieron
En cuanto a los hermanos Talquenca, su padre presentó ante la Justicia cinco Habeas Corpus que son muy significativos, porque tras cada recurso fue proporcionando información de recolección propia. Todos estos reclamos son instrumentos que dejan prueba de que era posible investigar respecto de las desapariciones de las víctimas. Petra, Carrizo, Romano y Miret lo omitieron.

En este punto, el presidente del Tribunal Oral Federal dispuso un cuarto intermedio hasta el día martes 15 de diciembre. El abogado querellante comunicó que quedan por alegar 7 u 8 casos más sobre la causa a los ex magistrados, con los que continuará mañana.

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