AUDIENCIA 120 /ALEGATO DE FERNANDO PEÑALOZA (IV PARTE)

22-12-15| Los casos expuestos durante la jornada ratificaron la cobertura judicial de las detenciones ilegales. Decretos de palabra, detenciones anteriores a que existiera la orden que las refrendara, números de decretos truchos y varias irregularidades incalificables demuestran la connivencia de los jueces con la represión ilegal. Al final un sentido homenaje a Ángel Bustelo, quien tomó la decisión de abandonar la abogacía a causa de los reveses sufridos en la Justicia Federal.

Miret, Petra, Romano

El procedimiento contra Jacobo y Walter Hoffman tiene ribetes especiales. El 22 de noviembre del ‘75, un grupo operativo allanó la vivienda de Jacobo en busca de su hijo Walter. Al no encontrarlo se retiraron, instancia que aprovechó Jacobo para presentar la denuncia en la Seccional 3º, pero quedó detenido. Curiosamente, cuando se encontraba allí, un grupo armado se enfrentó con miembros de la comisaría y secuestró a Jacobo en la dependencia para abandonarlo horas más tarde, en la zona de Papagayo, tras propinarle una golpiza. Mientras tanto su hijo había sido secuestrado al llegar a su casa ante numerosos testigos.
El 23 de noviembre Jacobo presentó un Habeas Corpus –HC- por su hijo, patrocinado por el abogado Juan Carlos Molina, pero prefirió no aludir a su propio secuestro. A este recurso se abocó Luis Miret como juez y Otilio Romano como fiscal. Como era de estilo, el juez solicitó informe al Comando de la 8ª Brigada, encargado de los operativos antisubversivos. A partir de ese punto el expediente está plagado de irregularidades. El parte del Ejército informando sobre Walter no está en el expediente. Tampoco se encuentra otra documentación, que Miret admitió haber retenido en su escritorio.
Walter Hoffman, en ocasión de testimoniar en éste juicio, en mayo último, recordó que fue visitado por el Juez Miret cuando estaba detenido en los barracones de la 8ª Compañía de Comunicaciones. También atribuyó su rápida liberación a la relación personal que existía entre el abogado Molina y Luis Miret.
Por su parte, Peñaloza recordó que en los barracones de ese predio del ejército se encontraban numerosos detenidos que habían sido torturados y estaban en condiciones deplorables. Hasta allí llegó el ex juez procesado, “evidencia de que Miret sabía qué sucedía”, señaló el querellante.
Miret, molesto, interrumpió desde el lugar de los procesados para hacer alguna aclaración que no lo exime de su clara complicidad con los ilegales procedimientos del Ejército.

Servidores de las FFAA

Fiscal Peñaloza

El representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Fernando Peñaloza, desbrozó varios casos de detenciones a disposición del Poder Ejecutivo Nacional –PEN- cuya constante era que se trataba de personas apresadas antes de la existencia del decreto que lo ordenaba. Además de la privación ilegitima de la libertad, esa dinámica, según el abogado, era intencional. Una vez secuestrado la o el presunto subversivo, los ejecutores se tomaban su tiempo para decidir qué hacer. Si se disponía el “blanqueo” de la víctima, entonces se dictaba el Decreto. Este procedimiento ilegal era sistemático y contaba con la anuencia de los ex jueces, que hoy deben afrontar su responsabilidad.
Ante el secuestro de Jorge Bonardel, el 23 de noviembre de 1975, el Secretario General del Sindicato de Prensa presentó un Habeas Corpus al ex magistrado Luis Francisco Miret. El juez solicitó informe, insistió ante la falta de respuesta, y pidió que remitiesen el detenido al Juzgado. No lo hicieron: el Comando del ejército sólo contestó que estaba a disposición del PEN. Una vez que se obtuvo copia pudo saberse que el Decreto estaba fechado cuatro días después de la detención. A pesar de la irregularidad, el HC fue rechazado con costas y se omitió la investigación de los hechos. Este caso no es aislado, ya que hay una serie de causas que siguen esta misma lógica.
Carolina Marta Abrales, quien fuera detenida el 28 de noviembre de 1975, fue sobreseída por el ex juez Guzzo, pero el Comando de la 8ª Brigada no le otorgó la libertad. Su hermana presentó un HC a Miret el 3 de diciembre de ese año, que fue respondido con un Decreto a disposición del PEN del 4 de diciembre. Carolina estaba en el Penal de Mendoza. El 22 de diciembre el HC fue rechazado con costas por Miret y fue notificado Otilio Roque Romano, fiscal en la causa. Todo sucedió sin que se promoviera investigación por los días en que estuvo en cautiverio sin orden alguna.
Oscar Eduardo Koltes, sufrió un violento procedimiento el 22 de noviembre del ’75. Su madre radicó la denuncia de que el operativo estaba a cargo de la policía y su padre presentó un HC un mes después. El ex juez Carrizo sobreseyó la causa, a pesar de que el Director de la cárcel le había informado que Koltes se encontraba alojado en el penal a disposición del PEN por un decreto posterior a su detención. Aun cuando se contaba con elementos para abrir la investigación se omitió iniciarla.
La misma suerte correrían José Heriberto Lozano y Laura Botella de Lozano, personas secuestradas el 8 de diciembre de 1975 en San Rafael. Sus padres presentaron un HC por ambos, que fue respondido a fines de ese mes. En él constaba que estaba a disposición del PEN mediante un decreto del 19 de diciembre, es decir, 11 días después de su detención. En esta causa intervinieron el ex juez Carrizo y Romano.

Un atropello tras otro

A esta altura de la audiencia, Peñaloza reiteró como emblemáticos los casos de los sindicalistas Néstor López y Luis Alberto Granizo, quienes aparecieron asesinados en diciembre y noviembre de 1975 respectivamente. En ambos casos los familiares habían denunciado los secuestros y presentado H C, que fueron rechazados días antes del hallazgo de sus cuerpos. Tampoco se investigó.
El 22 de diciembre del mismo año, Jorge Alberto Ochoa, quien se encontraba en tránsito por Mendoza, fue secuestrado por la policía Federal. Luego de la presentación del HC y de ser informado por la misma policía de que Ochoa estaba allí, Carrizo notificó a Romano. Por su parte el Comando comunicó que el nombrado estaba a disposición del PEN, sin remitir la copia del Decreto, como correspondía. Recién en junio de 1976 llegó el documento requerido, fechado casi 15 días después de su detención. Peñaloza recordó el caso Timerman, en el que la autoridad judicial lo dejó en libertad por falta de razonabilidad, debido a la prolongada detención sin orden alguna.
En el mismo sentido, aún peor, fue el caso de Juan Carlos Montaña, detenido el 6 de diciembre de 1976 y ubicado por sus progenitores en la Penitenciaría. Por él se presentaron dos Habeas Corpus rechazados por los ex magistrados Guzzo y Carrizo. Recién después de un año y cuatro meses, el Juzgado recibió la copia del Decreto que disponía su detención. Ante la falta respuesta a los pedidos correspondía otorgar la libertad. Sin embargo los ex jueces actuaron de manera funcional a la represión.
Olga Salvucci fue secuestrada el 29 de julio de 1976 y liberada en febrero del 77. Fue sometida a torturas en el Casino de Suboficiales de la 8ª Brigada. Desde que la detuvieron hasta la firma del decreto a disposición del PEN transcurrieron 42 días, algo realmente escandaloso. Los ex magistrados Guzzo y Petra Recabarren fueron notificados de los apremios ilegales que padeció Olga y aun así no accionaron. Además, el decreto de detención llegó el 10 de septiembre de 1976.
En la causa sobre Emilio Alberto Luque Bracci, llevado al CCD Las Lajas en el que fue torturado y luego trasladado a San Luis, Guzzo realizó los oficios de estilo y Petra rechazó el HC con costas, a pesar de que existían indicios como para investigar. Algo similar sucedió con Violeta Becerra, secuestrada en una finca de Tupungato. Su madre presentó un HC en el que intervinieron Romano y Guzzo, que fue rechazado.
En relación con Jaime Valls y Raúl Lucero, detenidos en febrero de 1976, intervino el Juez Carrizo, quien ante un HC solicitó información al Comando. Este dio a conocer que estaban a disposición del PEN y suministró un número de Decreto que no correspondía. Cuando se obtuvo copia del mismo se advirtió que estaba fechado un mes después de la detención de los jóvenes, y que el número era otro.
Ante un HC por Samuel Rubinstein, Miret, que intervenía como juez, pidió informe al Comando y recibió como respuesta que estaba a disposición del PEN. Ofició al Ministerio del Interior pidiendo copia del Decreto, pero resultó que no había ninguna medida contra Rubinstein. Dos días después, en lugar de ordenar la libertad, Luis Miret volvió a insistir ante el Ministerio del Interior preguntando si había o no Decreto, a pesar de que a esa altura ya sabía que se trataba de una detención ilegal. Sin embargo insistió por tercera vez. Finalmente apareció el Decreto, 15 días después de la presentación del Habeas Corpus.
Similar fue la situación de Pedro Camilo Giuliani. El Comando afirmaba que estaba a disposición del PEN, pero el Ministerio del Interior informaba que no existía el Decreto que disponía su detención. Sin embargo el juez Miret no liberó de inmediato al detenido.
En esta misma línea se mantuvo detenido a Carlos Verdejo, sin decreto y por la mera decisión del entonces coronel Tamer Yapur. Para peor la respuesta negativa a los HC presentados por su esposa fue emitida tres meses después.
Subordinados completamente a la arbitrariedad de los Jefes Militares avalaban detenciones ilegales en lugar de proveer la libertad de los detenidos e investigar los innumerables atropellos.
En la causa de Justo Federico Sánchez, su tía presentó un HC que fue remitido a copia por Miret y rechazado con costas por Guzzo, pese a que el D2 informó que el detenido no estaba a disposición del PEN. En la de Pedro Racconto, cautivo en la Compañía 8ª de Comunicaciones y luego trasladado a La Plata, el ex funcionario Petra sólo libró los oficios de estilo sin investigar. Por Miguel Ángel Rodríguez, su padre presentó un HC que tuvo como única respuesta que el arresto fue dispuesto por un decreto, dictado luego de la resolución de Petra. Con Roberto Roitman sucedió que no se informaba dónde podría estar detenido. Guzzo rechazó el HC presentado por su hermana invocando un decreto que nunca existió.

Secuestros breves y contundentes

Imputados

Miret, Romano y Carrizo no promovieron investigación por los hechos en que detuvieron a Joaquín y Julio Rojas, en los cuales golpearon a su madre y pintaron la frase “TRAIDOR”, firmada por el ERP para hacer creer que esa organización había sido responsable, cuando en realidad se trató de un típico procedimiento de los grupos de tareas.
María Elena Castro y Margarita González Loyarte, ambas privadas de la libertad por la policía federal, que las maniató, tabicó y las hizo padecer un simulacro de fusilamiento, Miret corrió vistas a Romano, quien sobreseyó las actuaciones a pesar de que el sumario policial indicaba que se trataba de “víctimas del delito de privación ilegítima de la libertad y robo de varios objetos personales”. La constante de los jueces fue dejar hacer.
En el caso de Juan Carlos Nieva, detenido el 24 de agosto de 1976 y liberado bajo amenazas una semana después, a pesar de la presentación ante el Juzgado, no ordenaron investigación.
En cuanto a Inés Dorila Atencio, detenida junto con Víctor Hugo Díaz el 6 de agosto de 1976 y llevada al D2, apareció el 11 del mismo mes. Guzzo corrió vistas a Romano, pero ninguno promovió la persecución de los responsables, que habían sido identificados y denunciados.

Antes del Golpe

Otro caso ilustrativo de las omisiones de la Justicia fue el de Teresita Llorens, detenida en enero del ’75 por falsificación de documento. La mujer fue alojada en la delegación de la Policía Federal y torturada en esa dependencia. Así lo certifica un informe médico que da cuenta de escoriaciones en las mamas y en la región púbica. Cuando el caso llegó a manos de Romano, éste omitió investigar las torturas.
En primera instancia Llorens fue defendida por el abogado Alfredo Guevara y desde abril de ese año patrocinada por Ángel Bustelo. Ante el pedido militar para trasladarla a Buenos Aires, se registró un incidente: mientras su abogado sostuvo que el decreto del PEN que pesaba sobre su defendida no especificaba su traslado, Miret dictaminó a favor de los militares. Bustelo apeló y finalmente la Cámara falló en orden a lo argumentado por el defensor: las o los presos debían permanecer en el lugar de su detención, salvo que el decreto hiciese explícito otro destino.
Roberto Jalit, Roberto Blanco y Héctor Salcedo fueron detenidos en el Hotel Derby en enero el 1976. Permanecieron en el D2, donde fueron torturados y liberados días después. Unos meses más tarde, Blanco fue citado para presentarse nuevamente en el D2. Su amigo, Héctor Salcedo, lo condujo hasta el Palacio Policial del cual Blanco nunca salió. Desde ese día de abril del 76 permanece desaparecido. Su esposa presentó la denuncia, al igual que Salcedo, quien la reiteró un año después ante el Juez Guzzo. El fiscal interviniente era Romano. No existe investigación alguna sobre la desaparición de Blanco ni sobre las torturas sufridas por sus amigos.
En octubre de 1975, fueron detenidos un grupo de militantes del ERP cuando repartían panfletos en las proximidades de la fábrica Carbometal. En esa ocasión Armando Bustamante fue herido en una pierna y Carlos Astudillo quedó detenido Un día después cayó Aldo Rivoletto. Tanto éste como Pedro Torres, ya preso por otra razón, quedaron vinculados a la causa por pertenecer al mismo grupo. Los tres últimos, en distintos momentos, denunciaron torturas y amenazas para que guardaran silencio. Sin embargo, el juez Carrizo y Guzzo, descartaron la investigación porque “los apremios ilegales no han sido probados”, según argumentó Romano, fiscal de la causa.

Bustelo cierra el círculo

Tribunal

Según Fernando Peñaloza, el caso de Ángel Bartolo Bustelo, reconocido abogado y escritor, fue el único tratado de acuerdo a Justicia. Entró en la Causa 13 por la que fueron condenados los miembros de la Junta Militar; fue incluido en el Juicio contra los agentes de la Unidad 9 de La Plata, donde fue alojado don Ángel; se juzgó a los oficiales del Ejército por los delitos cometidos contra él en los barracones de la 8ª Compañía de Comunicaciones de Mendoza. En esta ocasión, sostuvo el querellante, toca “juzgar el accionar de los Jueces”.
Bustelo fue detenido en septiembre de 1976 por tener material del COMACHI, una comisión de solidaridad con Chile, que se hallaba bajo la dictadura de Pinochet. El querellante Peñaloza leyó fragmentos de la declaración indagatoria de Bustelo, que constituyen una pieza literaria por el buen decir y la fuerza del texto. Por esta causa se dispuso su excarcelación, pero no se concretó, sino que don Ángel fue trasladado a La Plata en aquel vuelo colectivo, donde recibió todo tipo de vejámenes. Por esos días tenía 67 años de edad.
Peñaloza destacó que los pedidos de la familia Bustelo fueron sistemáticamente rechazados por la Justicia Federal de Mendoza.
Recordó Peñaloza que, en 1986, el abogado Bustelo, ante un dictamen emitido en el mes de julio donde se hacía lugar a la prescripción de las causas contra el Gral. Maradona y Tamer Yapur, hizo un planteo en el que consideraba la actuación de las FFAA durante la Dictadura como “un genocidio que sufrió el pueblo argentino”. Verdadero pionero en la interpretación de lo sucedido sostuvo, en aquellos años, la imprescriptibilidad de las causas por considerarlas “delitos de Lesa Humanidad”, pero fue rechazado.
Asimismo Peñaloza recordó que en noviembre de 1986, se planteó un cuestionamiento a la competencia de los tribunales mendocinos, dado que el fiscal militar solicitaba que las causas abiertas en esta jurisdicción fuesen transferidas a Córdoba. El pedido llegó a la Cámara que integraban Luis Miret y otros jueces, que resolvieron remitirlas a Córdoba. El único voto en disidencia fue el de Juan González Macías, hoy miembro del TOF Nº 1, que en su argumentación sostuvo que la maniobra tenía la doble intención de que el Tribunal mendocino no se abocara, o suspendiera la investigación de lo actuado por los mandos militares locales. Ya por esos años era evidente el posicionamiento de los jueces frente a los delitos de lesa humanidad.

En la jornada, se cierran las sesiones 2015. La Justicia entra en feria. Las audiencias se retomarán la primera semana de febrero de 2016.

Ver fotos AUDIENCIAS 119 y 120

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