AUDIENCIA 124 / ALEGATO DE PABLO SALINAS (II PARTE)

15-02-16| La segunda etapa del alegato de Pablo Salinas, en representación del MEDH, consistió en detallar los argumentos que demuestran que los cuatro ex jueces imputados fueron parte del terrorismo de Estado en Mendoza. Luego inició la descripción, causa por causa, de los hechos que involucran a Otilio Romano, Luis Miret, Guillermo Petra y Rolando Carrizo.

IMG_3851

Modus operandi

Pablo Salinas se refirió a la actuación de los ex magistrados en el caso de Virginia Adela Suárez, en el cual intervinieron Luis Miret como juez y Otilio Romano como fiscal: la conducta de ambos fue similar y se repitió en todos los casos de denuncias por desapariciones. Esto es: declararse competentes para rápidamente resolver el sobreseimiento de las causas y archivarlas sin promover una mínima investigación.
No había un dictamen para cada caso, sino un sello, una fotocopia, en la que lo único que se escribía a mano era el número de expediente.
Específicamente con Virginia Suárez, a pesar de existir un sumario policial y de la denuncia de la madre, donde se hacía referencia también al robo de dinero, Romano no encontró “indicios para determinar a los autores” y pidió el sobreseimiento. Le estaban diciendo: “Señor juez, señor, fiscal, me están secuestrando una hija de 21 años, me están robando”. En la denuncia se mencionaba la participación de dos personas con birretes del ejército, la sustracción de una máquina de escribir, pero nada motivó a Romano para investigar.
Este expediente, concluyó Salinas, demuestra claramente la voluntad de Romano, como fiscal, y de Miret, como juez, de no investigar. Este proceder es indicativo de la decisión evidente de favorecer la impunidad, sobre todo a partir del momento en que se declararon competentes.
Recordó el abogado del MEDH que idéntico dictamen, sólo con cambio de número, tuvo la causa por la desaparición de Héctor Granic, producida en fecha cercana a la de Suárez.

Las “cosas perdidas”

IMG_3843

Otra evidencia del accionar cómplice de la Justicia Federal fue cuando Romano presentó un recurso, en la causa “Fiscal C/Luna”, para que no se investigara la denuncia de robo de bienes realizada por una detenida, Alicia Morales de Galamba, por entender que el Tribunal se transformaría en una “oficina de búsqueda de cosas perdidas”. Para el ex juez los bienes robados eran “cosas perdidas”.
Luego, el profesional del Movimiento Ecuménico hizo algunas consideraciones generales sobre los delitos de lesa humanidad y el juzgamiento de la responsabilidad civil. Aludió a la comodidad de culpar sólo a Jorge Rafael Videla, sin investigar el rol clave de las instituciones civiles que favorecieron el accionar criminal de los genocidas. Reiteró, como en la primera parte de su alegato, que el régimen dictatorial necesitó, fundamentalmente, del Poder Judicial y de ciudadanos calificados, como lo eran jueces y fiscales, que tuvieran cierto consenso social.
El derecho internacional considera crímenes contra la humanidad a todos aquellos cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil, tanto en tiempos de guerra como de paz. Son varias las categorías de actos que constituyen crímenes de lesa humanidad en las que fueron partícipes quienes integraron lo que Salinas llama el Grupo de Tareas Judicial de Mendoza: torturas, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad, ataques sexuales, legitimación de declaraciones bajo tortura, persecuciones por motivos políticos. En todas ellas están involucrados Romano, Miret, Petra y Carrizo.
Pablo Salinas se preguntó si los ex magistrados tenían conocimiento de lo que sucedía. La respuesta es que sí: sabían. No desconocían que había torturas, que se arrancaban confesiones bajo tormento que los propios jueces utilizaban luego para determinar condenas. No podían no saber, desde el momento en que por sus manos pasaban expedientes en los que constaban los hechos.
Sin titubeos, el abogado entiende que los cuatro ex jueces “formaron parte voluntariamente de la estructura organizativa que llevó a cabo la comisión de estos crímenes, como consta en la prueba documental, testimonial, y en sus propias indagatorias”.
En el siguiente capítulo de su exposición hizo un repaso sobre la doctrina internacional y de la jurisprudencia, así como también de resoluciones de la ONU y la CIDH acerca de los delitos de lesa humanidad, incluida la desaparición forzada de personas.

Desaparecidos presentes

IMG_3835

Todo un acierto de Pablo Salinas fue intentar traer a la sala de audiencias a los desaparecidos. Lo hizo apelando a sus afectos, que le acercaron breves descripción de sus seres queridos. De este modo logró el letrado que se advierta que lo que se considere en este juicio no se refiere sólo a números de expedientes, sino a personas.

Rubén Bravo

“Juan Humberto Rubén Bravo tenía 26 años y era el mayor de los varones. Fue junto con su mamá quien llevó desde muy chico la familia adelante. Fue actor y director teatral, trabajó en numerosas obras de teatro independiente y radioteatro llevando el arte teatral a las escuelas y barrios además de hacerlo en salas de la provincia y el país. Fue el primer secretario general de la Asociación Argentina de Actores de la delegación Mendoza. Interesado en política militó en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Casado con Mariú y padre de un niño de 8 meses al momento de su secuestro”. Ese fue el texto que leyó Pablo, preparado por Mariú.
Bravo fue secuestrado el 21 de octubre de 1976. Fue visto con vida en la Comisaría Séptima de Godoy Cruz. El primer Hábeas Corpus fue presentado por su suegro, Guillermo Carrera, el 28 de marzo de 1977, quien expuso todas las gestiones realizadas ante autoridades nacionales, provinciales y religiosas y también dio cuenta del secuestro, del que participaron 7 personas. Seis meses después, el juez Guzzo rechazó el HC con costas sin dar intervención al fiscal. El 28 de abril de 1977 la suegra de Bravo, Adela Esther Jaúregui de Carrera, presentó otro HC con detalles de la denuncia policial, informando que su yerno fue visto en la Comisaría Séptima. Otra vez Guzzo lo rechazó con costas y ahora sí, notificando al fiscal Romano. Un tercer HC lo interpuso Mariú Carrera el 26 de enero de 1979. Nuevamente fue rechazado por Guzzo, sin notificar al fiscal. “En los hechos expuestos en los Hábeas surgía con claridad manifiesta que la desaparición de Rubén Bravo Zacca era un delito penal grave (más cuando la relación entre este hecho y los relativos a las desapariciones de Marcelo Carrera y Adriana Bonoldi resultaba evidente), ninguno de los magistrados intervinientes, el juez Guzzo y el fiscal Romano, dispusieron medida alguna a los fines de promover su investigación”, concluyó Salinas. En el caso de Romano, no sólo no promovió ninguna investigación, sino que se declaró competente para archivar la causa.

Marcelo Carrera

“Tenía 21 años, trabajaba en YPF. Desde muy chico practicó deportes y formó parte del equipo de natación de menores del club Regatas. Luego fue parte del equipo de Rugby del Mendoza Rugby Club. Le encantaba la música, el canto y la guitarra. Su preocupación por los problemas de los que poco o nada tenían lo llevó a colaborar en villas y barrios dirigiendo esa tarea su militancia en el PRT. Hacía un mes y medio que se había casado con Adriana Irene Bonoldi cuando fue detenido ilegalmente y desaparecido, esperaban un hijo. Su cuñado (Rubén Bravo) había sido secuestrado por 7 individuos armados y encapuchados el 21/10/76”. La descripción es de su hermana Mariú.
La primera denuncia por Carrera fue hecha por su propia esposa, Adriana Bonoldi, quien ante la policía –Comisaría 34- dio detalles importantes, como que vio un Falcon sin chapa y que del secuestro participaron cuatro hombres con armas largas, de color oscuro. Fue el día posterior al hecho, el 24 de noviembre de 1976. También denunció un abuso sexual contra ella por parte de uno de los secuestradores. El sumario fue remitido a la Justicia Federal y el 7 de diciembre de ese año, Romano dictaminó el sobreseimiento de las actuaciones sin llevar adelante ni una sola medida de investigación. Guzzo acogió favorablemente el pedido del fiscal. No se investigó el secuestro, la violación y el ataque, todo bajo el “sello de Romano” que era primero declararse competente y luego sobreseer para archivar.
La misma Adriana presentó el primer HC rechazado por Petra, con costas. “Petra tuvo conocimiento de todos los delitos cometidos contra la familia constituida por Marcelo Carrera y Adriana Bonoldi, robo, ataque sexual, secuestro y desaparición forzada y sólo resolvió rechazar el HC con costas conforme el Código Procesal Penal ¿Se olvidó acaso del Código Penal y su obligación de investigar o fue cómplice”, consideró Salinas. Tres HC más fueron rechazados por Guzzo, con notificación y toma de conocimiento de Romano.

Adriana Bonoldi

“Adriana era pelirroja, la Colorada, joven, pianista, maestra de música, casada con Marcelo Carrera, embarazada. Adriana era imponente, desafiante, luminosa, sensible al arte y combativa ante la injusticia. Fue militante política, compañera de sus alumnos, chispeante en lo cotidiano, magnífica en lo extraordinario. Nadie que la conoció puede olvidarla, sus recuerdos siempre se agrandan… ¿hay algo más a lo que podamos aspirar en la vida? Hoy, Adriana sigue siendo nuestra hermana mayor, la madre del hijo que seguimos buscando, la compañera de miles de desaparecidos, y como tal siempre regresa. Ahora vuelve en este acto en que buscamos Verdad y Justicia; quizás nos mira sonriendo pero desafiándonos a que seamos dignos de la vida, que en ella fue tan intensamente corta -y a su vez- tan larga que nos trascenderá”. El relato es de sus hermanos Dede y Nino.
La secuestraron el 1 de diciembre de 1976. Tres HC tuvieron dictamen calcado: rechazo con costas. “En los diversos HC rechazados surgía en forma evidente que la joven Adriana Bonoldi había sido secuestrada embarazada y no se dispuso, a partir de esas actuaciones ninguna medida ni por el juez Guzzo, ni por el fiscal Romano, a los fines de promover la investigación de este ilícito (secuestro y desaparición forzada de Adriana Bonoldi de Carrera) Ni tampoco vincularon el secuestro con el de su marido y su concuñado”, consideró Pablo Salinas.

Mercedes Vega

“Mamá… ¿En qué pensaste cuando te llevaban a ninguna parte? Dejame que imagine una respuesta que pueda aliviarme. Cuando te trasladaban con los ojos vendados en el asiento trasero de un Falcon, quizás pudiste recordar aquel día luminoso de febrero de 1972 en que saliste del Registro Civil de la mano de Carlos, tu amor, mi papá. Nunca supe dónde te llevaron pero te juro que no voy a dejar de buscarte. Papá fue encontrado en un pozo de más de 30 metros de profundidad en las afueras de San Miguel de Tucumán casi 38 años después. Muy lejos de nosotros, muy lejos de vos…”. Es parte de lo que escribió Ernesto Espeche, hijo de Mercedes, secuestrada el 7 de junio de 1976. En el HC presentado por su madre, constan numerosos hechos que debieron ser investigados e incluso los testimonios de vecinos. Nada alteró el sistemático rechazo con costas de Guzzo y Romano.

Mauricio Amílcar López

El reconocido y admirado profesor, rector de la Universidad Nacional de San Luis, fue secuestrado el 1 de enero de 1977. Para recordarlo, Salinas apeló a Liliana Videla, de la APDH San Luis, quien lo describió como un docente tan culto como solidario y profundamente comprometido con los que más necesitan.
En el expediente constan numerosas actuaciones y detalles. La persecución previa, la participación de un Peugeot 504 y un Ford Falcon en el operativo, los testigos oculares, el sumario policial. Sin embargo Romano también sobreseyó esta causa. Para Salinas este caso es la prueba documental más contundente de la intencionalidad de no investigar estos hechos desplegada por Otilio Romano. Ni la existencia de una carta que denotaba que el Profesor López estaba en cautiverio, ni los reclamos internacionales pidiendo por su paradero modificaron la conducta del magistrado. Esas misivas tampoco fueron incorporadas como prueba documental. “Las características del hecho denunciado, así como la presencia de diversos testigos del hecho evidenciaban la obligatoriedad y la posibilidad de proveer medidas probatorias que hubieran permitido identificar a los responsables. Sin embargo, ninguna medida fue dispuesta por el fiscal Romano ni el juez Guzzo, de forma tal que omitieron perseguir a los responsables de estos hechos, afirmando falsamente que no había indicios suficientes para determinarlos”, es la conclusión de Pablo Salinas.

El alegato continuará mañana.

Ver fotos AUDIENCIAS 123 y 124

Anuncios

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s