AUDIENCIA 128 / ALEGATO DE DIEGO LAVADO (I PARTE)

29-02-16| La reiteración de resoluciones que contrariaban las leyes vigentes, la evidente decisión de no promover investigaciones a pesar de la existencia de delitos evidentes y las maniobras dilatorias, todo por parte de los 4 ex jueces acusados, fueron expuestas claramente por Diego Lavado, representante del MEDH.

Irregularidades 9 veces repetidas

Tal cual lo hicieron antes Pablo Salinas y Carlos Varela Álvarez, el doctor Diego Lavado comenzó el abordaje de los casos en que él se ha ocupado de acuerdo con la división de tareas de los abogados del MEDH, que incluye también a Viviana Beigel, cuyo alegato será la próxima semana.
Lavado aludió en primer término a la causa “Fiscal contra Roque Luna…” en la que además de Luna, están los ex detenidos Rosa del Carmen Gómez, Daniel Ubertone, Antonio Savone, David Blanco, Héctor García, Alicia Morales, María Luisa Sánchez Sarmiento y Lepoldo López Muñoz. El denominador común entre los 9 fue la actividad bancaria y artística. Los vincularon, para aplicarles la ley 20.840, y a partir de indicios incomprobables y de hechos sin relación, con la organización Montoneros.
Todos ellos fueron víctimas de jueces y fiscales que daban por ciertas las declaraciones arrancadas bajo tortura en el D2 y otros lugares de detención, tergiversaban fechas e ignoraban ex profeso las denuncias sobre apremios.
Roque Luna fue detenido en abril de 1976 y tras pasar por la Comisaría 5ª lo llevaron al D2 el 1 de junio de ese año. Allí le hicieron un sumario policial en el que le atribuyeron ser integrante de Montoneros y de integrar una célula de la que le indicaron quiénes eran sus integrantes a pesar de que no existía ni una sola declaración de alguno de esos supuestos compañeros.
Un día después llegó al CCD de la Policía Rosa del Carmen Gómez a quien se la acusó de “infringir la ley 20.840 por tener contacto con personas subversivas y de conocer y no denunciar la actividades de quien era su pareja”, Miguel Sánchez Coronel, hoy desaparecido. Nada de esto era delito. Para la misma época fueron secuestrados David Blanco y Héctor García en un operativo en el que habían ido a buscar a Rosa Gómez. La modalidad de los sumarios se repetía, con la alteración de las fechas de detención. Por García fue presentado un Hábeas Corpus el 15 de junio, rechazado tres días después –con costas- por el juez Guzzo con notificación al fiscal Romano. El 12 de junio fueron detenidas Alicia Morales y María Luisa Sánchez Sarmiento, pero la fecha de aprehensión es de un día después. Ambas fueron secuestradas junto a sus hijos. En el resto de aquel mes de junio fueron capturados Leopoldo López Muñoz, Antonio Savone y Daniel Ubertone. A los dos primeros se los acusó por tener una carlinga en una camioneta. Se trataba de un espacio para guardar cosas que los verdugos entendieron era para esconder armamento u otros elementos.
El sumario de la “causa Luna”, llegó a la Justicia Federal el 27 de octubre de 1976, cuatro meses después de producidos los hechos. Un día después el juez Guzzo le dio vista al fiscal Romano y el 3 de noviembre se ordenaron las indagatorias. Se tomaron su tiempo los magistrados porque la primera indagatoria fue recién en abril de 1977, 9 meses después de las detenciones. Podrían haber aplicado las leyes entonces vigentes, que reprimían las actividades consideradas subversivas y actuado antes. No lo hicieron. Debieron aplicar el Código de Procedimientos Penales que establecía un plazo de 48 horas desde la detención para tomar declaración. Tampoco lo hicieron.
David Blanco dio testimonio ante Guzzo el 19 de abril del ’77 y lo puso en conocimiento de que en el D2 estuvo atado y fue golpeado y picaneado. Las lesiones podían constatarse visualmente aún 9 meses después de ocurridas. También señaló que fue obligado a firmar papeles bajo torturas y con los ojos vendados. A octubre de ese mismo año persistían las lesiones y el fiscal Díaz Araujo promovió una investigación. Guzzo pidió a la Jefatura de Policía un informe sobre los efectivos que habían actuado. No le respondieron y tampoco insistió.
El 18 de mayo de 1977 prestó declaración Alicia Morales de Galamba, con la defensa oficial de Guillermo Petra. Reclamó conocer el destino de sus bienes, robados por los secuestradores. Entre otros elementos le sustrajeron una cama, un ropero, mercadería de un negocio que tenía y hasta un Citroen. Guzzo hizo lugar pero allí apareció Romano “en toda su expresión”, dijo Lavado. El fiscal presentó un recurso de reposición para que Guzzo revea su decisión por considerar que si se avanzaba con la denuncia de Morales se “convertiría a la Justicia Federal en una oficina de informes de cosas perdidas”. Tal concepto, ya tristemente famoso, fue para Lavado una muestra del “sadismo y el sarcasmo con que actuaba Romano”.
Entre mayo y agosto de 1977 se sucedieron las declaraciones de Héctor García, Roque Luna, Rosa Gómez, Daniel Ubertone, Leopoldo López y Antonio Savone. Casi un año después de haber estado secuestrados recién pudieron testimoniar. Todos denunciaron torturas –incluidos ataques sexuales- y haber firmado confesiones cuando estaban encapuchados y atados. Los informes requeridos a las dependencias policiales respectivas nunca fueron respondidos y no hubo insistencia de los jueces y fiscales para obtenerlos.
El 6 de setiembre del ’77 Romano consideró que estaban dadas las condiciones para determinar la prisión preventiva de Luna, Gómez, Blanco, Ubertone y Morales pero Guzzo dictaminó que no se podía hacer lugar tomando en cuenta sólo declaraciones. Romano apeló aduciendo que se le produciría “un gravamen irreparable al Ministerio Público Fiscal”.
Con su característico sello de goma y los agregados con birome Romano dijo en su dictamen que los imputados reconocieron su participación en los hechos y la ratificaron, por lo que correspondía valorar esos dichos sin que bastara una retractación y que, además, a las torturas había que probarlas. “Perverso y funcional mostraba su coherencia para mantener acusaciones con declaraciones tomadas bajo tortura”, reflexionó Lavado sobre la conducta del ex juez y fiscal.
En estas instancias es que entra en acción Guillermo Petra, como defensor oficial. Realiza un despliegue de argumentos y pide que se mantenga el fallo de Guzzo. Para Petra había una disputa entre las declaraciones realizadas en la policía y las prestadas en la Justicia Federal, pero nunca puso en cuestión la nulidad de declaraciones arrancadas bajo tortura, ni se cuestionaron los plazos procesales vencidos. Petra ofreció que se le tomaran testimonios a policías pero cuando ello ocurrió, no asistió.
En esta causa Lavado considera a Romano como partícipe primario de tormentos agravados por la condición de detenidos políticos de las víctimas porque, pese a tener conocimiento de los hechos, no promovió ninguna acción penal.

Los hermanos Talquenca

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Hugo Alfredo y Julio Félix Talquenca están desaparecidos desde el 14 de mayo de 1976, cuando fueron secuestrados de su domicilio de Gutiérrez, Maipú. Cinco Hábeas Corpus fueron presentados por sus familiares, cuatro de ellos por el padre de los hermanos, Hugo Enrique Talquenca, quien nunca se amilanó, destacó el doctor Lavado.
El primer HC fue rechazado por Miret sin notificar al fiscal. Los sucesivos recursos también fueron rechazados, con costas, y aunque en todos se agregaban elementos nuevos, las respuestas eran calcadas con el famoso “estése a lo resuelto”, en relación con otros HC rechazados. Se pedía que se investigara o averiguara sobre la aparición de cadáveres en Buenos Aires o Rosario, pero el sistemático rechazo era inalterable.
Lavado recordó al reconocido jurista Germán Bidart Campos, quien al referirse al Hábeas Corpus señaló que como el nombre lo indica se refiere a la aparición del cuerpo. Y con los sucesivos rechazos no se lograba más que la culpa volviese, sino a las víctimas, a sus familiares. Por el contrario Romano decía que los HC no eran para investigar, sino que los familiares tenían que hacer denuncias con ciertas formalidades.
Estaba claro que los Talquenca habían sido secuestrados y había elementos suficientes para sospechar que fueron víctimas de un delito. Lavado mostró el expediente “Luna”, muy voluminoso y lo comparó con el de los Talquenca, apenas una carpeta con unas pocas hojas, lo que demuestra la negativa a investigar. Ni Miret, ni Petra, ni Guzzo, ni Romano hicieron algo por este expediente, que recién fue reabierto en el año 2000.
Miret y Romano son considerados por Lavado partícipes primarios de homicidio agravados y privación ilegal de la libertad en el caso de los hermanos Talquenca.

Héctor Pablo Granic

Fue secuestrado el 14 de mayo de 1976 en Godoy Cruz. Su hermana hizo la denuncia en la seccional 7ª y la policía calificó el hecho como infracción a la ley 20.840 y le dio intervención al juez Miret que notificó al fiscal Romano, quien inmediatamente se declaró competente y sobreseyó la causa. “Fue un sobreseimiento provisorio que, todos sabemos, se trataba de un sobreseimiento definitivo”, dijo el representante del MEDH.
“Aquí aparece otra vez ese dúo perverso de Romano y Miret, a veces extendido a Guzzo. Si la policía no hacía nada ello no eximía a los jueces. Tenían que investigar, no dictar sobreseimientos”, aseveró Lavado.
El 20 de febrero de 1976, en un tercer HC presentado por la mamá de Granic se señala que había un testigo del secuestro y así y todo, la respuesta fue el rechazo con el clásico “estése a lo resuelto”.

Lidia De Marinis

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Fue secuestrada el 3 de junio de 1976 de su domicilio de calle Catamarca, de Ciudad, y permanece desaparecida. El día del operativo estaban sus padres, su hermano menor de 15 años y su hijo de 5 meses. Relató Lavado con emoción que ya esa noche se vio el carácter y el coraje de la madre de Lidia -Isabel de De Marinis- quien se desligó de las ataduras y vio por la ventana los autos en los que se llevaban a su hija.
Fueron 4 los HC presentados por familiares de Lidia y, como en los casos ya citados, siempre se agregaban elementos nuevos, pasibles de una investigación. Nada de esto hicieron, en este caso, Miret, Guzzo y Romano.
Diego Lavado volvió a apelar a Bidart Campos para explicar que los familiares pedían con los HC el control de la responsabilidad y la legalidad de lo que ocurría. El letrado repasó que “los Talquenca, los Granic y los De Marinis insistieron con desesperación y convicción ante la Justicia Federal en que sus hijos estaban en manos de autoridades. El Hábeas Corpus es y era una herramienta para controlar la racionalidad de los hechos, para que un juez inicie una investigación y nada se hizo”.
También consideró el profesional que las omisiones de investigar eran un mensaje para las fuerzas de seguridad acerca de que contaban con la impunidad necesaria para llevar adelante sus planes. E invocó al filósofo Jeremías Bentham sobre “el aliento” que recibían los represores cuando comprobaban que tenían la impunidad a su favor.
“En los delitos no sólo hay víctimas directas: hay víctimas primarias y secundarias. Los que omitieron realizar lo que debían hacer de acuerdo con la legislación vigente, esto es dar curso a las investigaciones, con el rechazo a promover acciones impactaron también a las víctimas secundarias y así los familiares vieron menoscabada su dignidad”, fue la reflexión final de Lavado antes de finalizar la audiencia. Este martes 01 de marzo continuará alegando el representante del MEDH.

Ver fotos AUDIENCIAS 127 y 128

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