AUDIENCIA 129 / ALEGATO DE DIEGO LAVADO (II PARTE)

01-03-16| Finalizó su alegato Diego Lavado repasando varios casos en los cuales las víctimas se hallan desaparecidas y otros de  privaciones ilegítimas de la libertad. En todos los casos la justicia federal fue funcional a la estrategia de exterminio. Cerró con una reflexión sobre la complicidad de los magistrados y la relevancia social de estos juicios como instancia social para el reconocimiento de la verdad y el ejercicio de la justicia

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El querellante por el MEDH, comenzó la sesión haciendo un breve repaso de los casos detallados en la audiencia del día anterior,en los cuales los funcionarios de la justicia federal consideraron válidas las declaraciones hechas bajo torturas y amenazas, en sede policial y desatendieron las denuncias. Otro hecho en común es el rechazo mecánico de los recursos de Habeas Corpus presentados por los familiares de los secuestrados y la ausencia de investigación ante los ilícitos cometidos por las fuerzas de seguridad, que terminaban en sobreseimientos provisorios, invariablemente devenidos permanentes.

Desapariciones

Virginia Adela Suárez

Fue secuestrada de su domicilio en la madrugada del 13 de mayo del ‘76 por un grupo de más de 20 personas armadas y continúa hasta la fecha desaparecida. Su madre, Hilda Haydeé Moreno, denunció en la comisaría tanto el secuestro de su hija como los objetos y dinero robados de su domicilio. Después de una breve investigación sobre los hechos, el 18 de mayo se elevó el sumario a la Justicia Federal. Como en todos los casos, Miret se declara competente y sobresee provisoriamente por tratarse de “autores desconocidos”.
La madre de Virginia Suárez presentó tres recursos de HC en diferentes fechas, agregando detalles diferentes en cada uno (que su hija había sido vista en el departamento de policía D2, que un oficial a cargo de un operativo de la 8va. Brigada de Infantería de Montaña había comentado sobre la detención de Virginia). Sin embargo en todos los casos el juez Guzzo rechazó con costas y el subrogante Petra, al saber que existían pedidos anteriores, ordenó el rechazo sin girar ningún oficio.

Mario Luis Santini

Secuestrado de su domicilio el 16 de julio del ‘76 por personas fuertemente armadas que luego de registrar la casa se llevaron a Mario y una serie de objetos de valor. Hasta la fecha Santini se encuentra desaparecido.
Su madre presentó cuatro recursos de HC que sufrieron el consabido rechazo, aún cuando en algunos se agregaban novedades: el pedido de investigación ante la noticia sobre cadáveres aparecidos en Rosario y Buenos Aires; información sobre los secuestradores y los automóviles utilizados en el secuestro, etc. En un último recurso solicitó información y la difusión de la fotografía de su hijo. El juez Petra lo rechazó por ser reiterativo de los anteriores. Sin embargo ante la apelación el juez subrogante Lucena Carrillo le dio curso y la Cámara de apelaciones fijó fecha de audiencia informando al fiscal de cámara, que era por entonces Romano, quien respondió que se trataba de “cosa Juzgada”. El juez Miret y Sarmiento García después de cinco meses de la última presentación hicieron lugar a lo solicitado por Romano y cerraron toda posibilidad de seguir investigando. Si bien hubo una revisión del decreto rechazado y la cámara habilitó a los jueces a investigar, ni Romano ni Petra llevaron a cabo investigación alguna sobre el destino de Santini.

Miguel Alfredo Poinsteau

El 4 de noviembre de 1976 un grupo de personas de fuerzas de seguridad irrumpió en su domicilio donde secuestraron a Miguel y se apropiaron indebidamente de objetos de valor. Poinsteau fue trasladado al departamento de policía D2 y continúa desaparecido.
El 22 de noviembre su madre interpuso un recurso de HC ante el Juzgado Federal en el que señala que su hijo fue detenido por el Comando de la Octava Brigada de Infantería de Montaña y que, a pesar de haber sido informada de que Miguel había salido en libertad el 5 de noviembre, ella desconocía su paradero. Luego de los informes negativos de rigor, el juez Petra rechazó el recurso con costas. Idéntico resultado obtuvo de la presentación del segundo y tercer HC, que el juez Guzzo rechazó con costas. Ni el uno ni el otro promovieron acción alguna para la investigación de estos hechos.

Jorge Albino Pérez, Emiliano Pérez y Gloria Nelly Fonseca

El 6 de abril de 1977, Jorge Albino Pérez fue secuestrado junto a su tío Emiliano Pérez en el domicilio de éste último en Las Heras en el marco de un operativo comandado por la IV Brigada Aérea. Cerca de diez o doce hombres armados, vestidos de civil, con pelucas y el rostro cubierto, se llevaron a Jorge y a Emiliano, al primero en un auto azul mientras el segundo, encapuchado y atado fue trasladado en el baúl de un auto blanco. Desde entonces permanecen desaparecidos. El 9 de abril fue detenida en la Terminal de Ómnibus de Mendoza, Gloria Fonseca, novia de Jorge, cuando regresaba de un viaje a la provincia de Córdoba, ante los ojos de una amiga de la familia. Gloria Fonseca se encuentra desaparecida desde ese día.
El 19 de julio de ese año Mafalda P. de Pérez interpuso un recurso de HC a favor de su hijo Jorge, la pareja de éste Gloria Fonseca y Emiliano Pérez, ante el Juzgado Nacional de 1° Instancia en Buenos Aires, cuyo titular se declaró incompetente y remitió las actuaciones al juez federal de Mendoza, quien las recibió el 2 de agosto. En el caso intervinieron Romano y Guzzo, quien giró los oficios de estilo a la Octava Brigada, Policía Provincial y Policía Federal. Los dos primeros fueron evacuados en sentido negativo, mientras que la Policía Federal no contestó. El juez federal Guzzo rechazó el recurso, con costas.
El 7 de febrero de 1978, Mafalda de Pérez interpuso un nuevo HC a favor de sus familiares. Aportó nuevos datos proporcionados por Isabel Güinchul (esposa de Emiliano Pérez), Alejandra Pérez y un vecino, de cuyos testimonios surgía con claridad que el operativo había sido realizado por personal de la IV Brigada Aérea. El juez Guzzo reiteró los oficios a las fuerzas de seguridad, con respuesta negativa. El juez Petra rechazó este segundo HC.
Ninguno de los magistrados intervinientes: Guzzo , Petra y Romano, dispuso medida alguna a los fines de promover la investigación por la privación de la libertad y posterior desaparición de Jorge Albino Pérez, Emiliano Pérez y Gloria Nelly Fonseca.

María del Carmen Marín – Carlos Armando Marín

El 28 de julio de 1977 María del Carmen Marín y Juan Ramón Fernández fueron aprehendidos en el momento de salir de la casa familiar de los Marín, y trasladados al centro clandestino Las Lajas. Aparentemente allí, María del Carmen habría muerto a causa de la ingesta de una pastilla de cianuro, según el testimonio de Horacio Ferraris, quien también se encontraba detenido en el lugar. Según el testigo, el padre de María del Carmen, Carlos Marín, fue secuestrado esa misma noche, luego de la muerte de su hija y nunca más se supo de él.
El 2 de septiembre de ese año la esposa de Carlos y madre de María del Carmen interpuso un HC denunciando el secuestro de sus familiares. El juez Guzzo giró los oficios de rigor con resultado negativo y rechazó el recurso dando vistas al fiscal Romano.
Ninguno de los magistrados promovió acción o investigación del ilícito cometido.

Manuel Osvaldo Oviedo

Fue secuestrado el 12 de agosto de 1975 saliendo de su domicilio en San Martín, e introducido en un vehículo por varias personas.
El 14 de ese mes la familia interpuso un HC que fue rechazado por el juez Miret y corre vista al fiscal Romano, después de girar los oficios de rutina con resultado negativo.
Ninguno de los dos magistrados investigó el hecho. A mediados del año siguiente el cuerpo de Manuel fue encontrado acribillado en Ñacuñán.

Privaciones ilegítimas de la libertad 

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Al referirse a la actuación de los jueces en privaciones ilegítimas de la libertad, Lavado hizo mención de los siguientes casos:

José Lozano y Laura Botella

Detenidos el 8 de diciembre en San Rafael. El 17 sus padres presentaron un HC por ambos que fue respondido a fines de ese mes. En él constaba que estaba a disposición del PEN mediante un decreto del 19 de diciembre, es decir, 11 días después de su detención. En esta causa intervinieron el ex juez Carrizo y Romano.

Jorge Alberto Ochoa

El 19 de diciembre de 1975 fue secuestrado por la policía Federal. Luego de la presentación del HC y de ser informado por la misma policía de que Ochoa estaba allí, Carrizo notificó a Romano. Por su parte el Comando comunicó que el nombrado estaba a disposición del PEN, sin remitir la copia del Decreto, como correspondía. Recién en junio de 1977 llegó el documento requerido, fechado casi 15 días después de la detención, momento en que Carrizo rechazó el HC con costas.

Emilio Alberto Luque Bracci

Secuestrado en noviembre del 76 y llevado al CCD Las Lajas donde fue torturado. Posteriormente, Emilio fue trasladado a San Luis.
El 4 de noviembre de 1976 su madre presentó un HC. Guzzo realizó los oficios de estilo y el 10 de noviembre Petra lo rechazó con costas, a pesar de que existían indicios como para investigar.

Carlos Verdejo

Fue detenido por personal del Ejército Argentino, el 17 de Marzo de 1976, sin decreto y por la mera decisión del entonces coronel Tamer Yapur. Su esposa presentó HC en abril. Dos meses después Miret se excusó de intervenir y en julio de 1976 Guzzo rechazó el HC con costas.
El abogado se refirió también a Justo Federico Sánchez, quien fue detenido el 24 de marzo de 1976. Su tía presentó un HC que fue remitido a Miret y rechazado con costas por Guzzo. Sánchez fue sometido a Consejo de Guerra con anterioridad al decreto de detención del PEN, fechado el 21 de junio.
Por último, Pedro Racconto estuvo cautivo en la Compañía 8ª de Comunicaciones y luego fue trasladado a La Plata. Su padre presentó un HC el 11 de noviembre de 1976, que fue rechazado con costas por Guzzo, Racconto estuvo detenido durante 3 meses sin fundamento legal alguno.

Reflexiones sobre la banalidad del mal

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Lavado finalizó el análisis de los casos señalando que los procedimientos de la justicia garantizaban la impunidad y encubrían los ilícitos en lugar de garantizar los derechos de los/las ciudadanos.
En contra de las argumentaciones de los imputados, la labor del ministerio fiscal ha probado que era posible actuar de otra manera, como lo hicieron los jueces provinciales a los cuales recurrieron los familiares de Miguel Pérez y de Ramírez, que procedieron con celeridad, solicitaron información en plazos perentorios, iniciaron investigaciones, e incluso se apersonaron en el palacio policial ante la falta de respuesta, como lo hizo el Juez Donna. Desde luego su accionar cesó cuando advirtieron que las causas eran competencia de la justicia federal.
De modo que el proceder de la justicia federal obedeció a su abierta complicidad con el plan de los militares, con quienes algunos mantenían relaciones de amistad, como es el caso de Miret y Juan Pablo Saá.
Jugando con la relación pasado-presente Lavado trajo a colación las recientes y conmovedoras muertes de las jóvenes mendocinas Marina Menegazzo y María José Coni, mientras estaban de vacaciones en Ecuador. ¿Qué pensaríamos de los jueces si no investigaran? dijo, ¿no pensaríamos que son cómplices?
Indudablemente todos coincidimos, señaló el abogado, en que es deber de los jueces y fiscales investigar ante acontecimientos de tamaña gravedad.
Para Lavado en estos juicios habla la prueba documental, que ha mantenido durante 40 años la verdad que ahora se revela.
Cuando se presentó la querella, en abril de 2010, los abogados del MEDH no imaginaron nunca la densidad de la prueba que expone a la luz la complicidad de los jueces con el plan de exterminio perpetrado por la dictadura.
De la evidencia reunida deriva la legitimidad de estos juicios, llevados a cabo con corrección y ajuste a los procedimientos. Su resultado debe también ser un ejemplo, y castigar a los civiles que fueron cómplices de los delitos de lesa humanidad, que dejaron indefensos a los/las ciudadanos/as ante un Estado terrorista.
En tono reflexivo Lavado retornó sobre un asunto que ha sobrevolado el juicio: las semejanzas (y diferencias) entre los genocidios perpetrados en Alemania y Argentina. A propósito de este tema trajo a colación el libro del filósofo alemán Günther Anders “Nosotros, los hijos de Eichmann”, sobre la responsabilidad moral que cabe a los ciudadanos en países que han padecido el exterminio de una parte de la sociedad.
Adolf Eichmann, recordemos, fue el principal responsable del transporte de los judíos que vivían en territorios bajo dominio alemán a los campos de exterminio masivo. Juzgado en Jerusalén su respuesta fue: sólo obedecía órdenes. En su versión sólo había sido un engranaje de la maquinaria, sin responsabilidad moral alguna… una actitud que la filósofa Hanna Arendt nombró como la banalidad del mal, es decir, el cumplimiento de actos abyectos como si se tratase de un simple asunto de oficina, del pulcro cumplimiento de deberes rutinarios, carentes de significado moral, un papeleo indiferente que nada decía de seres humanos secuestrados, torturados, asesinados.
Del mismo modo que en Alemania, en Argentina hubo quienes se beneficiaron por actuar según los planes de los genocidas.
Del mismo modo que en Alemania (y en Israel, para el caso de Eichmann), en Argentina se juzga a los genocidas. Pero la diferencia está en que el ordenamiento jurídico en Argentina no contempla la aplicación de la pena de muerte.
Quienes están siendo juzgados por su complicidad con la dictadura tienen derecho a la defensa, a las garantías que otrora negaron a quienes fueron sus víctimas.

Durante la próxima audiencia, el 7 de marzo, alegará la Dra. Viviana Beigel, también querellante por el MEDH.

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