AUDIENCIA 132 / ALEGATO DE FISCALÍA – EL APARATO TERRORISTA ESTATAL, EN DETALLE

14-03-16| Dio comienzo el Alegato de la Fiscalía a través de su titular, Dante Vega. Lo abordado hoy, consistió en  una introducción sobre los objetivos del terrorismo de Estado en la Argentina y cómo fue su desarrollo en Mendoza. El representante del Ministerio Público Fiscal aludió al significado de los juicios. También expuso el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat.

Fiscal Dante Vega

La audiencia de este día contó principalmente con el alegato de Dante Vega, en representación del Ministerio Público Fiscal. El relato no se acotó al periodo dictatorial sino que se extendió años previos a 1976 y posteriores a 1983. Como respaldo, el responsable de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, Jorge Auat, hizo un aporte jurídico-filosófico para fundamentar el fuerte contenido ideológico que conllevan los Juicios a los responsables de los crímenes cometidos durante la última dictadura.
Al comenzar su exposición, Vega señaló que el objeto del proceso que se lleva a cabo es juzgar al terrorismo de Estado en su totalidad. Esto significa que se incluyen acusaciones en representación de crímenes cometidos desde 1975, el primero de los cuales tiene como víctima a Carlos Cangemi. Es decir, se juzga sustancialmente un Estado de antijuridicidad.
Debido a que nunca se revisó el Código Procesal Penal, se despliega un procedimiento judicial que no está explicado en él. Por eso, “este Estado de antijuridicidad genera inconvenientes de derecho sustantivo, de derecho penal”. La jurisprudencia argentina ha avanzado ampliando el juzgamiento de hechos y de autores. Señala Vega, “nuestra herramienta es el derecho penal”.
El alegato de la Fiscalía cuenta de tres apartados. En primer lugar, es necesaria la introducción histórica para encuadrar y entender los hechos. En segundo lugar, se analizaran las causas por orden cronológico, las formulaciones jurídicas en tipos penales y en la acusación. Y, por último, la acusación en contra de los ex magistrados.
Dante Vega mencionó dos características particulares de este juicio. Por un lado, están representados los principales protagonistas de la represión estatal ilícita: el sector militar, el policial, el penitenciario y la sociedad civil en nombre de los ex magistrados. Y, por otro lado se analiza un tramo de la actuación judicial y no solamente un hecho concreto.

Historicidad

La Escuela Francesa de la guerra revolucionaria junto con la doctrina de seguridad nacional, influyeron en las Fuerzas Armadas. Así, la defensa del Estado era contra un enemigo interno, no externo: militantes, amas de casa, obreros. La retaguardia era el pueblo y se “luchaba” contra los comunistas.
El 16 de noviembre de 1974 se dictó el Estado de sitio y más de tres mil personas fueron puestas en prisión. El Fiscal denotó que, en 1975, el Estado de derecho dictó un digesto de decretos para hacer frente al fenómeno subversivo. Uno de ellos manifestaba que el objetivo era “aniquilar el accionar del elemento subversivo en todos los sectores del país”.

Cuatro fases del terrorismo de Estado en Mendoza

Audiencia 132

El Fiscal Vega realizó una enumeración de las etapas que atravesó la provincia respecto a la represión estatal. Primero, el plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado) creado durante el golpe de 1955 y aplicado para militarizar la protesta social. Este régimen dictatorial se extiende también a las débiles democracias entre las dictaduras.
Segundo, la penúltima dictadura a la cabeza del Gral. Lanusse en la que se produjeron desapariciones forzadas, entre ellas el matrimonio de Sara Palacio y Marcelo Verd, detenidos en San Juan y vistos con vida por última vez en Mendoza.
Ubica a la tercera etapa entre las dos últimas dictaduras. Dante Vega menciona al Comando Pío XII que oprimía con “terrorismo de calle” y al Comando Anticomunista Mendoza (CAM) que avasallaba con “terrorismo ideológico”. Ambas organizaciones fueron creadas por el Vicecomodoro Santuccione, quien además organizó a los escuadrones de la muerte en la provincia. Utilizando como excusa la ley 20840, se extendió la represión y se llevó a cabo la ejecución sumaria de Jorge Susso, presidente del centro de estudiantes de la UTN, y Susana Bermejillo, docente en esa unidad académica.
La cuarta etapa del terrorismo de Estado en Mendoza, según el Fiscal Dante Vega, comienza en febrero de 1976. Es aquí cuando las organizaciones parapoliciales pierden protagonismo, lo ganan las FFAA y se convierte en terrorismo a secas. La Fuerza Aérea, el Ejército y  las policías estaban nucleados en la  Comunidad Informativa que se encargaba de fijar los blancos y dividirse las tareas. La característica principal en este proceso era la clandestinidad.
El representante de la Fiscalía concluyó la primera parte enumerando datos de la desaparición forzada sistemática: fueron 136 el total de casos judicializados de desaparecidos en Mendoza. 119 en el Gran Mendoza, 10 antes del golpe. 17 en el sur mendocino, 3 casos antes del 24 de marzo de 1976. Y de 16 personas ejecutadas sumariamente, 8 fueron antes de la dictadura.

Moralizar el proceso

Procurador J. Auat alega

Jorge Auat sostiene que estos juicios son un proyecto de memoria, en contra de aquellos embates que hablan de venganza. “La venganza mira al verdugo, la justicia mira a la víctima”. Ella es el sujeto fundamental en este proceso. Es importante, según él, revitalizar esa idea para redefinir el concepto de justicia.
El representante de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad trae a colación el discurso de Videla, que nombraba al desaparecido como una “entelequia”. La dictadura impuso un nuevo contrato social, para el que era necesario eliminar todo vestigio del anterior. Por eso, “la muerte física viene acompañada de la muerte metafísica”. Los perjudicados con el terrorismo de Estado eran el “costo” del progreso. La felicidad de uno dependía de la infelicidad del otro. Y así, no se formó simplemente una foja en un expediente sino la inmoralidad más profunda del plan criminal, que fueron los desaparecidos.
Se había juzgado a los autores directos y a los actores mediatos pero faltaba una parte. “La justicia que no abarca la totalidad del crimen nos deja el sabor amargo de la injusticia”. Esa expresión es citada por Auat para definir el contenido moral de qué significa hacer justicia. Para eso, hay que recordar que el terrorismo de Estado de la magnitud que se vivió es impensable sin la colaboración de sectores de la sociedad civil. La hipótesis del Procurador General es que no hay crimen de esa magnitud sin complicidades. “La dureza de esta dictadura necesitaba del compromiso de todas las oficinas del Estado”, concluyó.

Los protagonistas del Terrorismo de Estado

El D2

Por orden de importancia de acuerdo con la operatividad que tuvieron el fiscal Vega describió la tarea de cada fuerza participante del Terrorismo de Estado en Mendoza.
El D-2 ocupó el primer lugar. Fue creado en 1970 por la Ley Orgánica de la Policía. No sólo Mendoza tuvo D-2. También los hubo en Córdoba y en el Norte del país. En nuestra provincia siempre operó como policía política y fue la mano de obra de la represión estatal. Su ubicación geográfica no fue caprichosa al estar ubicado en el corazón mismo del edificio de la Policía. Tanto en el periodo predictatorial como durante la dictadura se produjo allí todo el repertorio de delitos de lesa humanidad a partir de la concentración de información e inteligencia. Inteligencia que el doctor Vega resumió en el fisgoneo, interrogatorio, tortura, secuestro y muerte formando un circuito del horror porque ante cada dato que obtenían había más secuestros, torturas y todo lo demás.
Por lo menos en 60 desapariciones de personas está involucrado el D-2 de Mendoza por el que pasaron más de 250 personas. Fue, sin dudas, el Centro Clandestino de Detención (CCD) más importante de nuestra provincia. En la etapa previa al Golpe de Estado fue casi exclusivo. Luego se sumaron otros CCD.
Para describir el horror que se vivió en el D-2 el doctor Vega apeló a los testimonios de las víctimas: “Nadie mejor que ellos”, advirtió. Así Carlos Cangemi dijo que allí “había una máquina para destruir personas”; Rosa Gómez aseguró que estuvo 7 meses porque no querían dejar de abusar de ella; Daniel Rabanal contó la pirámide humana que terminó con la vida de Miguel Angel Gil; Graciela Leda lo calificó como “un túnel donde sólo había horror”; Fernando Rule relató que con los prisioneros podían hacer lo que querían y Rosa Sonia Luna llegó a simular que había dejado de respirar para que dejaran de atormentarla.
Otros relatos contundentes fueron los Osvaldo Aberastain cuando recordó las condiciones extremas de sobrevivencia en calabozos llenos de vómitos, manchas de sangre y la peor de las suciedades; de Daniel Ubertone, para quien el D-2 fue “un no lugar en el que lo que sucede no sucede porque es un espacio negro” y de León Glogowski a quien hacían comer apuntándole con una pistola en la cabeza por su condición de judío.
Aquí intervino Jorge Auat, quien apeló al escritor italiano Primo Levi, sobreviviente del Holocausto, cuando contaba que sus verdugos les decían: “Si ustedes salen de aquí, nadie les va a creer”. Seguramente los torturadores del terrorismo estatal argentino deben haberles dicho lo mismo o algo parecido a sus víctimas.
Luego retomó la palabra Vega para hacer hincapié en otras características macabras del D-2 como lo fueron los secuestros de niños y los ataques sexuales a mujeres y hombres. También aquí recurrió a testimonios verdaderamente desgarradores y valientes y también increíbles como el de Ana María Aramburu a quien un represor le dijo: “No se preocupe, no la vamos a violar, sólo la vamos a torturar”.  Daniel Ubertone  consideró que las violaciones que “eran producto del macho argentino, de personas que no eran normales”; Fernando Rule aclaró que “no había forma de no enterarse de los ataques sexuales” y Alicia Peña dijo que “era como estar en un pozo negro”. Se suman otras declaraciones de mujeres que sufrieron la privación ilegal de la libertad en el D-2 y que se refirieron a que conocían los olores y las voces de los violadores que, evidentemente, fueron varios.
Cuando el fiscal terminó con el repaso de los testimonios, familiares de los detenidos dejaron abruptamente la sala.
Otro aspecto del D-2 fue el itinerario documental, plagado de ilegalidades que ya en 1975 se reflejó en allanamientos sin órdenes, actas inentendibles y sin firmas, detenciones sin autorización judicial, toma de declaraciones bajo tortura y un sinfín de irregularidades que se acrecentaron a partir del Golpe de Estado. Los expedientes que se conformaban llegaban a la Justicia Federal y a ningún funcionario parecía llamarle la atención.

Las comisarías

En la etapa previa a la dictadura las seccionales policiales tuvieron un rol secundario en el terrorismo estatal que consistía en la confección y carátulas de sumarios que elevaban a la Justicia Federal. Igualmente intervenían en operativos y liberaban zonas para que actuara personal del D-2. Pero después del 24 de marzo pasaron a ser una pieza importante del aparato represor y se convirtieron también en CCD transitorios. Lo reconocieron los propios jefes policiales, como Sánchez Camargo. Se llenaba el D-2 y a los secuestrados los repartían en las comisarías. Así, hay evidencias de que en las seccionales 3, 7, 17, 25, 31 y la Unidad Regional 9 funcionaron Centros Clandestinos de Detención. La Séptima, de Godoy Cruz, fue una de las más utilizadas.
Dante Vega concluyó que los CCD sustraían del mundo a las personas, en espacios de tiempo variables, que en los casos de las comisarías, a veces eran meses.

La Policía Federal

La Fiscalía señaló como un documento de gran valor para probar la participación de la Federal un documental del periodista Rodrigo Sepúlveda. Aquí también se da el reconocimiento por parte de un jefe, Oscar Fenocchio, de la intervención de la PF previo a la dictadura y durante la dictadura, pero ya subordinada al Ejército. Fue la Policía Federal la que intervino en el secuestro y asesinato del estudiante de periodismo Amadeo Sánchez Andía.

Las Fuerzas Armadas

El doctor Vega indicó que el plan sistemático fue un hecho notorio para el que no fue necesario la creación de una estructura paralela. Se organizaron en zonas, subzonas y áreas, se arrogaron funciones constitucionales y dispusieron de actas, decretos, bandos, normas clandestinas y órdenes secretas. Formaron grupos de tareas, verdaderos escuadrones de la muerte que no sólo secuestraron sino que rapiñaron hasta inmuebles como el caso de Will-Ri cuyo verdadero nombre ahora es Casa Grande aunque, lamentó el fiscal, se lo sigue llamando Will Ri, nombre que responde a las iniciales de marinos que se apropiaron del terreno ubicado en Luján.
En Mendoza al Ejército se sumó la Fuerza Aérea para participar en allanamientos que no fueron otra cosa que invasión de viviendas y, lo peor, en la activación de CCD como el de Las Lajas. Otros CCD que dependieron de las Fuerzas Armadas en nuestra provincia fueron El Chalecito, Liceo Militar, Compañía de Comunicaciones de Montaña 8, Campos Los Andes y el Casino de Suboficiales.
También las Fuerzas Armadas crearon los Consejos de Guerra Especiales Estables que convivieron con la Justicia Federal a la que la dictadura no tocó. En esos Consejos de Guerra tuvo gran protagonismo Arnaldo Kletz, quien luego fue juez de Instrucción y camarista en plena democracia sin que nadie en el Senado lo advirtiera a la hora de aprobar sus ascensos. Esos Consejos fueron tan irrisorios como lamentables. Caso emblemático fue el de Pedro Coria a quien declararon en fuga cuando estaba detenido en La Plata y le formaron Consejo a 4 personas más, incluida su madre.

El sistema penitenciario

Antes del Golpe, las cárceles fueron el lugar de blanqueo de los presos políticos. Se suponía que era salvar la vida, aunque no una seguridad absoluta, lo que se demuestra cuando aplicaban la no escrita Ley de Fuga, para fusilar a un supuesto evadido.
Hay muchos testimonios que relatan la crueldad del servicio penitenciario en Mendoza, recrudecida después del 24 de maro del ’76. Todos recuerdan las sesiones de tortura en el penal de Boulogne Sur Mer en una sala llamada La Peluquería. También hubo aquí presencia de niños con sus madres, quienes cuando eran trasladadas eran separadas de sus hijos. Le ocurrió a Vilma Rúpolo a quien llevaron a Villa Devoto sin su bebé de pocos meses.
Otro agravamiento de las condiciones de detención fueron los traslados de cárcel en cárcel para provocar un sufrimiento adicional. Hubo presos que padecieron hasta 4 o 5 traslados pero el record quizás lo tenga Pablo Seydell con 11.

Cuestiones jurídicas

La parte final de la jornada inicial del alegato de Dante Vega se desarrolló con la presencia de uno solo de los imputados, Héctor Camargo. Todos fueron autorizados a retornar a los establecimientos en los que están detenidos con la opción de quedarse quien lo deseara, como ocurrió con el ex policía Camargo-.
En este apartado el fiscal respondió a los cuestionamientos de las defensas a la ampliación de las acusaciones realizada en 2014. Para ello apeló a jurisprudencia nacional e internacional. Dante Vega respondió a todos los reproches formulados como el de que tal ampliación carecía de motivación y determinación, según Ariel Civit. Al respecto el fiscal explicó que se garantizó evitar la sorpresa y que todos los abogados defensores pudieron tomar nota y preparar sus respuestas.
También rebatió a Juan Day para quien no había precedentes formales para imputarles a los ex jueces los delitos sexuales y en este punto Vega señaló que posteriores al pedido de ampliación, se produjeron sentencia que sientan precedentes como las de Vesubio 2 o Mansión Seré, en las que el Tribunal hizo lugar a los pedidos de ampliación.
“Nunca se vulneró el principio de defensa”, aseguró Vega tras responder a otras observaciones jurídicas realizadas por las defensas.

El debate continuará, mañana martes 15 y el jueves 17, a las 10 hs.

Ver fotos AUDIENCIAS 131 y 132

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