AUDIENCIA 133 / ALEGATO FISCALÍA II. CON LA PRESENCIA DEL DR. JORGE AUAT

15-03-16| La jornada estuvo signada por el análisis de aspectos jurídicos legales de los que echará mano la Fiscalía para hacer las acusaciones contra los procesados. Al igual que ayer, el Fiscal General, Dante Vega, estuvo acompañado por el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, doctor Jorge Auat, quien enriqueció las consideraciones realizadas por Vega.

Alegato Fiscalía

En el tramo del Alegato desarrollado en la fecha, el Fiscal revisó la teoría desde donde analizará los hechos que se juzgan así como precisiones que hacen al derecho penal, argumentos complicados para quienes están fuera del ámbito judicial.
Desde el público, y sin herramientas suficientes para significar cabalmente lo escuchado, se entiende que la Fiscalía adhiere, como en juicios anteriores, a la teoría de Roxin, de 1963. En el caso de los delitos de masa, ésta prevé la autoría mediata por pertenecer a un aparato organizado de poder para el “aniquilamiento de la subversión”. En ese aparato cada miembro tenía una función específica y necesaria, era un engranaje en la maquinaria que apuntaba al mismo fin.
La teoría de Roxin iría en el mismo sentido del art. 45 del Código Penal que define la coautoría como una división de tareas en las que ejecutores cumplen distintos roles. Para ejemplificar, el Fiscal explicó que comparten la responsabilidad de los tormentos tanto el que tortura como el que traslada a un detenido al lugar donde se concretará el delito. Además, puntualizó que no cabe, en el caso de los imputados, excusarse en que recibían órdenes o lo hacían para no perder su cargo o para conseguir ascensos dentro de la respectiva fuerza. En este punto, el doctor Auat, resaltó al carácter de los delitos porque se trataba de ilícitos gravísimos.
Las consideraciones fueron apoyadas por la mención de casos que sentaron jurisprudencia en el Derecho Penal Internacional, también en fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación así como otros Tribunales.
En otro tramo de la exposición, el Fiscal Vega, se refirió a los Delitos Sexuales y se remitió a los alegatos de la abogada del MEDH, Viviana Beigel, que se abocó particularmente al tema. Tal como en anteriores exposiciones, puntualizó que no se trata de delitos de propia mano y ya no son de instancia privada. Resaltó que se cuenta con un Documento de la Procuraduría que sistematiza y orienta su abordaje.

Figura y Calificación

Alegato de Dante Vega

Asimismo, Dante Vega, adelantó los alcances de cada uno de los delitos que les son imputados a los acusados. Los caracterizó uno por uno para evitar reiterar el argumento cada vez que analice un caso.
En relación a la figura de privación ilegítima de la libertad, se extiende a todas las detenciones, inclusive las dispuestas por un juez. Son agravantes haber sido realizadas mediante violencia y amenazas, también por haber superado un mes de cautiverio.
En cuanto a los tormentos, dijo que la figura desplazó al concepto de vejámenes porque en la actualidad se hace eje en la “intensidad del sufrimiento”. Dio como ejemplo que la sola permanencia en un Centro Clandestino de Detención, aunque a la víctima no la hubiesen tocado, implicó un gran sufrimiento. Hizo mención al agravante por aplicarse a un perseguido político.
La figura de homicidio agravado, en el caso de la desaparición forzada de personas, desplazó a aquella primera figura de privación de la libertad. Al respecto, señaló que hay jurisprudencia que soslaya la necesidad del cuerpo. El Procurador Auat aportó que en los casos de homicidio, el cadáver deja de ser el cuerpo del delito cuando hay una serie de elementos que conducen a configurar un homicidio.
Los casos de robos serán calificados de agravados por el uso de armas y otros aspectos.
En cuanto a la polémica figura de asociación ilícita cuyo encuadramiento, según el Fiscal, “resulta engorroso”, su Ministerio ha optado por la ley más benigna para favorecer a los procesados a pesar de haber sido aprobada en un gobierno de facto.
Finalmente, hizo referencia a la violencia sexual, delito que permaneció mucho tiempo en penumbras, reiterando los conceptos ya señalados. Mencionó el fallo por la causa Molina que comienza a considerarlo como autónomo, en lugar de invisibilizarlo como un tormento más.
Ratificó que todas las figuras arriba señaladas son consideradas delitos de lesa humanidad de acuerdo al art. 118 de la Constitución Nacional y que fueron cometidos en el “contexto del genocidio”.

A continuación Vega comenzó con el detalle de cada uno de los casos:

Carlos Eduardo Cangemi

Fue detenido en la vía pública el 11 de noviembre de 1975. Alquilaba una habitación en Las Heras, tenía 26 años y militaba en el PRT-ERP. Con la intervención del Cuerpo Motorizado lo llevaron a una dependencia policial que él no pudo identificar pero después se supo que era la Comisaría Sexta de Ciudad. Luego fue trasladado al D2.
En las investigaciones se ha podido evidenciar falsedad documental de las fuerzas policiales en los sumarios y libros de novedades. Por ejemplo, en el sumario se dispone la incomunicación de Cangemi a disposición del Juzgado Federal pero no hay constancia de ello dado que la Justicia recién recibe información sobre el detenido el 14 de noviembre de ese año. Tres días después, delante del entonces juez subrogante Luis Francisco Miret, se lo acusa de llevar material con contenido subversivo.El detenido pide en varias ocasiones denunciar las torturas sufridas en el D2 y el juez responde que “no es así como funcionan las cosas”. El sumario que da origen a esta causa destaca la falsedad en el acta de procedimiento y se suma una supuesta autorización que firma Cangemi para requisar su casa. En ese registro que hacen en su domicilio se encuentran panfletos políticos y demás material gráfico.
Una vez trasladado a Contraventores y luego a la penitenciaría provincial, el juez subrogante Juan Carlos Yazlli le toma declaración. Este refiere a los apremios ilegales y pide atención médica. Yazlli autoriza el examen psicofísico general pero nunca se realiza porque lo sacan de su cargo. Asume como juez Guzzo, quien, junto con el fiscal Romano, piden prisión preventiva para Carlos Cangemi.
El 6 de febrero de 1976 se ordena el arresto del detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Permaneció en el Penal de Mendoza y en septiembre fue llevado a La Plata. El defensor oficial, Petra Recabarren, le dijo que no podía actuar al no tener registrada una denuncia. Aunque el 11 de agosto del 77 se dicta sentencia con una pena de 5 años para Cangemi, el 28 de julio de 1979 sale de la cárcel bajo un régimen de libertad vigilada y vuelve a Mendoza.
Están imputados en esta causa los expolicías Armando Fernández y Eduardo Smaha, ambos ya condenados a prisión perpetua en juicios anteriores.

Armando Osvaldo Fernández

Fue oficial inspector de la policía en el D2 en 1976. Hizo una intensa labor de inteligencia dentro del organigrama represivo. Su tarea era de enlace entre el D2 y el Departamento 162 de inteligencia, el Comando de Operaciones Táctico (COT) y el jefe de la policía. Fue un oficial especializado en inteligencia, lo que no excluía la realización de otras tareas. Aunque Sánchez Camargo señala que Fernández y Smaha trabajaban con él en el palacio policial, ambos niegan el hecho.

Eduardo Smaha

Se desempeña primero como suboficial inspector y luego como inspector en el D2. Su carrera policial fue en ascenso, incluso llegada la democracia, hasta lograr el cargo de Comisario Mayor en 1995.
Los descargos de Smaha y Fernández son similares. Niegan rotundamente la distinción entre información e inteligencia aún siendo especialistas en la segunda. Tampoco se hacen cargo de haberla practicado a pesar de que su superior lo hubiera declarado. El argumento que usaban era el de enemistad del difunto.
A estos dos imputados se los hace responsables penalmente por la privación abusiva de la libertad de Carlos Cangemi. El agravante es la mediación de violencia y amenazas y la duración de más de un mes. Además se les atribuye el delito de tormento agravado por la condición de perseguido político de la víctima, en concurso real en calidad de autores mediatos. También son acusados por asociación ilícita.

El Operativo Rabanal

Causa Rabanal

Alude al accionar del D2 en la detención de 12 personas. El primero es Daniel Rabanal, detenido y acusado de infringir la ley 20840 el 6 de febrero de 1976. El último caso es el de Haydeé Fernández, el 16 de marzo del mismo año.
La causa y el Operativo Rabanal son significativos en dos sentidos. Primero, fácticamente porque permite evidenciar la articulación perfectamente organizada del D2 y sus colaboradores satélite. Todas las agencias policiales intervienen en este procedimiento: el Cuerpo Motorizado de Vigilancia, el Cuerpo de Infantería, la Dirección de Investigación del D2. Es decir, permite ver el funcionamiento del servicio de inteligencia.
Y desde el punto de vista documental, se muestra el paradigma de la burocracia criminal y el comportamiento de la Justicia Federal.
Los detenidos en el Operativo Rabanal son trasladados a la penitenciaría provincial después de ser interrogados por el juez Carrizo. Todos, menos Miguel Ángel Gil, que muere víctima de torturas. Las privaciones ilegítimas de la libertad se extendieron años. Sin embargo, el 24 de febrero de 1976 el D2 da por finalizada la investigación de los hechos.

El alegato de la Fiscalía continuará el jueves próximo.

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