AUDIENCIA 147 / ALEGATOS FISCALÍA – JUECES CON EL MAESTRO AUAT

31-05-16| Durante la segunda jornada de alegatos en la Causa de los Jueces, el sólido alegato del fiscal Dante Vega, fue enriquecido por la intervención del procurador Auat, quien dio cátedra ante el oído atento de los presentes. Desarticuló argumentos nodales, utilizados por los exmagistrados.

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Durante dos jornadas consecutivas, con vehemencia y claridad, el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, echó luz sobre asuntos cruciales. Ayer desarticuló el prejuicio de que en la Argentina hubo una guerra, tal como lo sostuvo el Ejército durante años y repitió Otilio Romano en este Megacausa.

Hoy tomó un artilugio reiterado por los acusados: ellos son presos políticos.

Los expedientes fallidos

Para exculpar a los exjueces, la Defensa valoró expedientes donde los jueces resolvían los sobreseimientos de personas detenidas. Lo que no advirtieron los defensores es que esos mismos expedientes contenían evidencias de los delitos por los que se los acusa.

El fiscal tomó algunos pero se detuvo, especialmente, en la consideración de la causa judicial “Sgroi y otros”, por la que un grupo de personas fue detenido debido a su supuesta vinculación con el asesinato del cabo Rubén Cuello. Los apresados pertenecían al Partido Auténtico y, por esos días de enero del ’76, habían publicado una solicitada denunciando al jefe de la policía, comodoro Santuccione, de implementar escuadrones de la muerte. La solicitada llevaba la firma de Juan Sgroi y Miguel Puga, dos de los detenidos. Además, se realizaron 8 allanamientos ilegales y detenciones. La relectura del legajo permite observar que se difumina el homicidio del cabo Cuello con el trascurso de las fojas y las indagatorias apuntan contra el Partido Auténtico.

Sin embargo, cuando Romano hizo uso de la palabra, trajo a cuento esa causa para referirse a la deferencia que tuvo para los miembros de la familia Fioretti encarcelados. Recordó que al hombre mayor le concedió la gracia de prisión domiciliaria porque estaba enfermo. No obstante, la lectura del conjunto del expediente evidencia su aporte al azote del temido Santuccione así como torturas, allanamientos y detenciones ilegales cometidos bajo su mirada.

Asimismo, la fiscalía se refirió a los expedientes de detenidos al que los jueces, particularmente Miret, se negó a tomar la denuncia de tormentos, así como su visita a los CCD, el D2 y la Compañía de Comunicaciones, que reunía detenidos ilegales y torturados. La sola presencia del juez en centros clandestinos ofreció a las fuerzas represivas la seguridad que nada les sucedería y a las víctimas les confirmó su indefensión.

Aspectos generales

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El trillado argumento de que los acusados por delitos de lesa humanidad son presos políticos fue desarticulado por el fiscal Vega y el procurador Auat quien puso de relieve la intención de encubrir la magnitud de la tragedia vivida con artificios ya conocidos.

Esta estrategia no es novedosa, señaló Auat. Sirve para correr el eje de la cuestión central: las víctimas. Apunta a su negación, a no hablar de ellas, ni de lo sucedido. Es una forma de banalizar el juicio porque “la víctima no está en la agenda moral de los acusados”, agregó. Tienen que banalizar el proceso que viven, diciendo que es político.

Otro de los aspectos señalados por los exjueces mendocinos fue el insistir en “por qué a nosotros y a otros no” y arremeter particularmente contra Zaffaroni. Al respecto, Vega reiteró que se dio de esta manera porque en Mendoza, San Luis y San Juan fueron investigados; en otras jurisdicciones aún no.

Al mismo tiempo desmintió el falaz argumento de que la falta de investigación se debía al escaso personal con que contaba el Juzgado Federal. Lo que faltaba era la decisión de actuar frente a centenares de denuncias. Los expedientes no desaparecieron “porque este juicio era impensable”, concluyó.

En un tramo de su exposición, Vega retomó el tema del “anacronismo” invocado por Romano, y luego por Miret. Al respecto señaló que el anacronismo significa confundir épocas y juzgar hechos pasados con conocimientos que hoy se tienen, pero antes no. Aclaró que no se cae en ese error por el solo hecho de juzgar algo que ocurrió hace 40 años. Se ha intentado reconstruir la verdad histórica y también consultar al derecho vigente en ese momento.

Auat intervino para agregar que la memoria tiene la injusticia del pasado como una herida abierta y hay que suturarla. No se puede pensar que la tortura, secuestro, violación, asesinato, no estaban tipificados como delitos. Siempre fue ilegal cualquiera de estos crímenes y siempre serán inadmisibles.

Omisión sistemática para investigar los Habeas Corpus

De las fuentes de conocimiento que los exmagistrados tenían en ese entonces, Dante Vega empezó hablando de los Habeas Corpus. Éste, que se llama recurso, pero en concreto es una acción, tiene una relación con el Estado de sitio. El artículo 23 de la Constitución Nacional explicita que si se declara Estado de sitio, se suspenden las garantías constitucionales. Pero no todas. Por ejemplo, el Habeas Corpus sigue en pie. El estatuto de la dictadura paralizó la posibilidad de salir del país por el “momento excepcional que se vivía”.

El fiscal afirma, citando a Bohoslavsky y Gargarella en el libro “¿Usted también, doctor?”, que la Corte se limitaba a reconocer que había privación de justicia pero rechazaba los reclamos por cuestiones procedimentales. Declaraban incompetencia, realizaban sobreseimientos provisorios o alegaban falta de averiguación previa en los juzgados, pero nunca ordenaban la investigación de los Habeas Corpus.
Romano declaró anteriormente que, para esa época, los magistrados no tenían la posibilidad de comprobar los informes que les llegaban de las autoridades policiales. La Corte fue más garantista que el acusado. Por ejemplo, ante un recurso rechazado por un juzgado que no aseguraba la libertad, aclaró la inexcusable obligación que tienen los jueces de fundamentar sus decisiones para que las personas se sientan estimadas humanamente y para que la revisión sea producto racional y no arbitrario de un juez.
Cuando declaró Otilio Romano dijo que el Habeas Corpus no tenía como objeto la búsqueda de personas detenidas, sino la defensa de la libertad frente a los abusos de los poderes públicos. Sin embargo, en el Código de Procedimiento en Materia Penal vigente en esa época, se pueden encontrar interpretaciones más amplias. Por ejemplo, que ese recurso era aplicable en situaciones de arresto, prisión, secuestración u ocultamiento ilegal de una persona. Para esos casos, el juez debía pedir y procurar conseguir información del caso.

No se puede obviar una denuncia sobre una detención ilegítima. La acusación inicial, que también sostienen las querellas es que “la situación típica generadora del deber (vulnerado) es haber estado en conocimiento de un delito”. Es decir que la premisa comprobada es el incumplimiento de las funciones. Y se preguntó Vega que si un Habeas Corpus no es el la herramienta para investigar un caso de desaparición forzada, ¿qué lo es entonces?

Rechazó la Fiscalía también el argumento de Romano según el cual no podían intervenir porque en ese recurso no se puede sustituir al juez de la causa. No se pedía sustitución sino intervención en la investigación.

Con los 350 Habeas Corpus rechazados se omitió sistemáticamente la investigación del aparato represivo estatal. Concluye Vega que en la valoración moral de los exmagistrados, las víctimas no tenían relevancia como seres humanos, para que se investigara su paradero o destino.

La próxima audiencia es el lunes 6 de junio, en horario habitual.

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