AUDIENCIA 151 / SOBRE CONEXIONES NEFASTAS

21-06-16| El fiscal Dante Vega prosiguió con la lectura de hechos ocurridos durante 1975 cuyos casos revelan la complicidad judicial con el plan criminal y sistemático antes de marzo de 1976. En una jornada de dos horas de argumentación, de la cual Miret sólo llegó a presenciar la mitad -lo que propició un reclamo de la Fiscalía-, quedó remarcada la colaboración de los exmagistrados con la arquitectura de impunidad de la dictadura.

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La conexión de los casos. Los casos en conexión

Manuel Oviedo

Fue secuestrado el 12 de agosto de 1975 a pocos metros de la ruta 60, en San Martín, por personas que iban en un Falcon, según lo declarado en instrucción el 8 de septiembre de 2011, por su hermana Azucena del Valle. La misma se desdijo en testimonio, el año pasado, al declarar ante este Tribunal diciendo que su hermano habría subido a un auto después de que alguien lo llamara desde el interior del vehículo. Dos días después de su desaparición interpusieron un recurso de Habeas Corpus firmado por el abogado Santos Ghelardi cuyo resultado fue negativo ya que los entonces juez Miret y fiscal Romano afirmaron que “no se puede sostener la acusación”. Durante meses lo buscaron sin respuestas. Recién en mayo del ’76, por vía informal, la familia pudo dar con sus restos: su cadáver había sido hallado en el camino a Ñacuñán con un tiro en la nuca.

Su hermana cambió también la versión de los hechos ya que en la instrucción aseguró que “a Manuel le gustaba el sindicalismo” pero en la declaración dijo que no tenía actividad política ni sindical y relacionó el secuestro y homicidio con un incidente entre un jefe policial y su hermano por la relación entre éste y la supuesta novia del policía. El fiscal Dante Vega resaltó que hay conexión entre este caso y el contexto de desapariciones forzadas de 1975, es decir que más allá de los hechos en sí, merece ser investigado y no debe ser proscripto porque no se ha echado luz sobre el secuestro y posterior homicidio de Manuel y tiene estrecha relación con el terrorismo de estado.

Caso 92: Aldo Rivaletto, Carlos Astudillo, Ricardo Rodríguez, Pedro Torres y Armando Bustamante

Fueron detenidos en octubre de 1975 durante una volanteada del ERP en la zona de Carbometal y se los acusó de tenencia de armas. Durante el procedimiento policial Bustamante fue herido con dos disparos por la espalda y todos terminaron detenidos, sometidos a apremios ilegales y requisa de sus domicilios. En noviembre hubo un robo a la empresa TRANA que no tenía acusados: el por entonces fiscal Otilio Romano los acusó. Luego, en sintonía con la arquitectura de la impunidad, Romano como juez, les acumuló las causas, revocando el sobreseimiento provisorio que habían obtenido y los condenó.

En noviembre de 1976, Rivaletto denunció las torturas que padeció mientras estuvo detenido en Maipú al igual que Julio Torres, que además declaró haber firmado con los ojos vendados. Sin embargo, en lugar de investigar estos hechos, Romano como procurador (de una causa en la que había sido fiscal y juez) los acusó por distintos delitos. Guzzo, como juez federal, les dictó prisión preventiva basándose sólo en las declaraciones de sede policial, las cuales fueron firmadas por las víctimas con ojos vendados, tomadas bajo tortura, sin tener en cuenta si los detenidos las rectificaban y protestaban por los apremios sufridos. Ni siquiera fueron investigadas. Petra Recabarren, planteó conflictos de intereses con Torres y dejó de representarlo y Miret como fiscal es quien firmó la orden de allanamiento que la policía solicitó.

¿Cómo respondía el terrorismo de estado ante un hecho delictivo? En esto enfatizó Vega al recalcar que hubo convalidación por parte del Poder Judicial: durante el ’75 se respondió con torturas, causas engordadas y sin pruebas, pedidos de allanamientos arrancados a las víctimas, sumarios llenos de irregularidades, declaraciones en la Justicia Federal sin la presencia de defensores, el engaño a víctimas para que no denunciaran torturas y expedientes con sobreseimientos provisorios revocados y condenas infundadas, todos hechos que denotan la complicidad instalada para que lo nefasto siguiera actuando.

Carlos Cangemi

En una de sus declaraciones, Cangemi contó que, el 17 de noviembre del ’75, cuando estuvo frente al exjuez Francisco Miret, éste le preguntó si iba a declarar; “le contesté sí, pero antes quiero denunciar”, en relación con las torturas que recibió en la comisaría Nº 11 como preso común y en el D2 como preso político, a lo que Miret respondió “no, así no funciona, sino declara sobre todo, no declara sobre nada”. Por ello fue que se negó a declarar.

“El Pichi”, como le decían quienes lo conocieron, fue detenido el 11 de noviembre de 1975 a las 22 hs. sin que se le exhibiera orden de arresto, por dos policías que iban en un jeep. El mismo día la policía allanó su casa y secuestró material bibliográfico y panfletos. Fue trasladado al D2, donde fue torturado.

El 15 de junio del ‘76, ante el juez ad hoc Juan Carlos Yazlli, denunció los apremios ilegales y éste solicitó revisación médica al cuerpo médico forense para corroborar torturas. El expediente estuvo en manos de Romano y Guzzo que no dieron inicio a la investigación por lo que el examen nunca se efectuó y sometieron a Cangemi a prisión preventiva. “El Pichi” salió de la cárcel el 28 de julio de 1979, bajo el régimen de libertad vigilada.

Luis Alberto Granizo

Tenía 30 años y participaba sindicalmente del gremio gastronómico. El 13 de noviembre de 1975 fue detenido junto con una persona apellidada “Funes” por la policía federal. Al otro día, uno de sus hermanos interpuso un Habeas Corpus que fue rechazado por Miret, quien notificó al fiscal Romano.

Ese mismo día el cadáver de Granizo apareció calcinado a 300 mts. del CCD Las Lajas. Romano sentenció que debía caratularse como “delito común”. Este asesinato no se investigó y quedó impune, revelando la omisión total de interés por parte de la Justicia. La fiscalía apuntó que este homicidio fue por razones políticas. En esta causa, Miret y Romano están acusados como cómplices de privación ilegítima de libertad.

Sucesión de delitos

El fiscal reunió siete casos por su similitud. Este procedimiento manifiesta la participación del Ejército en el accionar delictivo. Las detenciones se realizaron el 22 de noviembre de 1975 en distintos puntos del Gran Mendoza, con extrema violencia ejercida en algunos casos por individuos de civil, a altas horas de la noche. Irrumpieron armados en los domicilios y además de secuestrar a las personas, destrozaron las viviendas y robaron cosas.

Los detenidos fueron llevados a la Compañía de Comunicaciones de Montaña 8, degradada en Centro Clandestino de Detención. Varias de estas víctimas aparecieron, inexplicablemente, en la causa Sarrode como integrantes de la célula que intentó copar el destacamento policial de El Algarrobal, ocurrida tiempo después de ser apresadas.

El fiscal Dante Vega responsabilizó penalmente a los exmagistrados por tener conocimiento real del accionar ilegal de las Fuerzas Armadas a partir de la reunión con el Gral. Santiago en 1975.

Luis Moriña

Tenía 24 años y estudiaba medicina. El 22 de noviembre del ‘75 a las 4 de la mañana ingresaron a su domicilio 14 personas armadas, encapuchadas. Rompieron la puerta, robaron objetos, encerraron en el baño a su hermano y secuestraron a Luis Moriña, quien se encuentra desaparecido. Este caso demuestra que si hubiera actuado el Poder Judicial de la Nación, de acuerdo a las herramientas legales que tenían, le hubieran salvado la vida a Moriña.

Julio César Rojas y Walter Hoffman constataron que estuvieron junto a él en la barraca del Ejército donde estaban todos los detenidos.

El hermano presentó un recurso de Habeas Corpus en el domicilio del exjuez federal Luis Francisco Miret, quien notificó al exfiscal Romano. En ese momento el Comando de la 8va Brigada de Infantería de Montaña hizo saber que estaba detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. En un informe posterior, el 19 de febrero de 1976, la autoridad informó que estaba “prófugo”. El exjuez Rolando Evaristo Carrizo ordenó notificar, se informó a Romano. No se hizo nada con el Habeas Corpus.

Paralelamente, el hermano de la víctima también había hecho la denuncia ante la Comisaría 4ta en donde estaban todos los detalles del secuestro. Los autores no eran desconocidos, eran del Ejército. La denuncia se remitió a la Justicia Federal pero Romano respondió sobreseer definitivamente la causa porque, según él, no había delito. El exjuez Carrizo firmó en ese sentido y se ordenó el archivo cuando Luis Moriña llevaba cuatro meses desaparecido.

Atilio Arra

Tenía 32 años al momento de su secuestro, era empleado de la Casa de Gobierno y militante de la Juventud Peronista. En la madrugada de la fecha mencionada, alrededor de 20 personas armadas irrumpieron en su vivienda sin orden de allanamiento. Secuestraron a Arra, robaron 500 dólares, un reloj de oro y todo tipo de documentación personal.

Su hermano Carlos hizo la denuncia y este sumario se elevó a la Justicia Federal dieciocho días después y originó una causa. Otilio Romano, como fiscal interviniente, sin citar a nadie ni procurar una investigación, solicitó el sobreseimiento provisorio. El 12 de marzo del año siguiente, el entonces juez Carrizo lo firmó.

Además, Carlos Arra había interpuesto un Habeas Corpus dos días después del secuestro de su hermano. Allí dijo que presumiblemente se lo había llevado la Policía Federal quien ofició que no tenían al detenido. Claro que no, aclaró Vega, si estaba en la Compañía de Comunicaciones de Montaña 8. El 25 de noviembre Miret rechazó el recurso y lo archivó.

En agosto de 1976 la madre replanteó el Habeas Corpus pero lo rechazaron con costas. Días después, el Comando informó que Atilio Arra estaba detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.

Ezequiel Ander Egg e Irma Zamboni

El 22 de noviembre del ‘75 a las 2.30 de la madrugada estacionaron frente al domicilio dos autos. Se bajaron nueve personas, Irma estaba despidiendo visitas en la vereda. Un sujeto le preguntó por su marido. Ella respondió que no estaba y no los dejó entrar a la casa. La tomaron de los brazos, le taparon la boca, le pegaron una bofetada, dispararon con una metralleta a la casa y se la llevaron a la Comisaría 5ta.

Volvieron con ella y entraron a la casa. Se llevaron libros, dos armas, tres mil dólares, 3.800.000 pesos y al intelectual Ezequiel Ander Egg.

Irma Zamboni presentó un Habeas Corpus en la casa de Miret, quien dispuso librar un oficio a la 8va Brigada de Infantería de Montaña. Una hora después, ella desistió del recurso porque supo que su marido se encontraba en libertad.

Ante esa situación, decidió presentar un Habeas Corpus preventivo. Romano pidió no hacer lugar al recurso porque se debería presentar a la persona previamente. Miret rechazó, como pidió el fiscal. Y en el rechazo expresó que era de dominio público que en el operativo de la lucha antisubversiva que se estaba realizando, el Habeas Corpus preventivo podría obstruir una captura ordenada.

Los siguientes casos se desarrollarán en la próxima audiencia, el lunes 27 a las 9.30 hs.

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