AUDIENCIA 164 / GENOCIDIO

05-09-16| En el final de los alegatos de las partes querellantes, tanto Diego Lavado, del MEDH, como Fernando Peñaloza, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, hicieron hincapié en que los delitos que se están juzgando en este juicio son de lesa humanidad y fueron cometidos en el marco del genocidio ocurrido en la Argentina antes y durante la última dictadura.

Alega y pide penas Diego Lavado

Una vez más, el terror del D2

Diego Lavado fue el encargado de concluir los alegatos del MEDH. Se refirió a la causa Rabanal, que involucró a 12 víctimas, entre ellos Miguel Ángel Gil y Marcos Ibáñez, quienes murieron como consecuencia de las severas torturas que sufrieron durante su encierro en el D2.

En esta causa, los testimonios, la documentación y las investigaciones demuestran con claridad cómo el CCD que funcionó en el Palacio Policial conocido como D2 fue utilizado para sembrar el terror y el dominio sobre las personas que allí fueron confinadas. Aquí estaban acusados sus tres principales responsables, pero dos de ellos (Eduardo Smaha y Juan Oyarzábal) fallecieron por lo que quedó como único imputado Armando Fernández.

Los hechos ocurrieron entre febrero y marzo de 1976 cuando fueron secuestrados Daniel Rabanal, Miguel Ángel Gil, Marcos Ibáñez, Rodolfo Molina, Silvia Ontivero, Fernando Rule, Stella Maris Ferrón, Ivonne Larrieu, Alberto Muñoz, Vicenta Zárate, Guido Actis y Haydée Fernández.

Armando Fernández debe responder por privación abusiva de la libertad, tormentos, violaciones, abuso deshonesto y homicidio doblemente agravado. Por todo ello, Lavado solicitó la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua, además de remarcar que se trató de delitos de lesa humanidad que se corresponden con la figura de genocidio. Fernández formó parte de una asociación ilícita por la que ya fue juzgado y condenado.

Causa Rabanal, Gutiérrez de Moyano y Causa Galamba

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Fernando Peñaloza cerró los alegatos de las querellas. Abordó también la causa Rabanal y adhirió a lo expuesto anteriormente, tanto por la Fiscalía como por la representación del MEDH. No obstante, destacó que aquí se verificó la participación de la totalidad del aparato terrorista estatal, desde los integrantes de las fuerza de seguridad hasta la Justicia Federal, en los hechos sucedidos en el D2, concepto ya ampliamente desarrollado por el propio Peñaloza y los demás querellantes.

El representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación coincidió en su pedido de pena -prisión perpetua- realizado por quien lo antecedió en el uso de la palabra para Armando Fernández.
Luego se refirió a Ángeles Gutiérrez de Moyano, secuestrada el 20 de abril de 1977 y desaparecida desde entonces. Era docente jubilada y tenía 60 años. Por su desaparición ya fueron condenados Juan Oyarzábal y Paulino Furió y ahora es juzgado Armando Fernández, para quien Peñaloza también solicitó la condena de prisión perpetua.

Además, el doctor Peñaloza abordó la causa Galamba. Adhirió a lo ya expuesto por la Fiscalía y por Viviana Beigel e hizo notar algunas particularidades como la cadena solidaria que se generó para dar protección y refugio a Juan José Galamba, quien durante dos años, desde 1976 a 1978, logró eludir el cerco represivo.

Raúl Gómez, Margarita Dolz, Mario y Gustavo Camín, Víctor Herrera, Daniel y Juan Carlos Romero y Ramón Sosa, todos desaparecidos/as, forman parte de esta causa en la que está acusado Alcides París Francisca, jefe de la Policía de Mendoza en 1978, cuando sucedieron estos secuestros. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación lo acusa de privación abusiva de la libertad y homicidio doblemente agravado por lo que pidió prisión perpetua. Y, como Diego Lavado, referenció que fueron delitos de lesa humanidad que se corresponden con la figura de genocidio.

Finalmente, como lo hiciera la doctora Beigel la semana pasada, Fernando Peñaloza recordó que los imputados tienen el derecho y la posibilidad de aportar algún dato que permita dar con los cuerpos de los desaparecidos con lo cual podrían lograr una atenuación de la pena si así lo considerara el Tribunal.

Tiempo para las defensas

Acusados

Concluidos los alegatos de las querellas es el turno ahora de las defensas que comenzarán con la defensoría oficial. Sin embargo, no será de inmediato ya que el representante de esta parte solicitó una prórroga de 10 días hábiles bajo el argumento de tener más tiempo para preparar su alegato. En consecuencia, el juicio se reanudará recién el lunes 19 de septiembre.

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