AUDIENCIA 183 / CONCLUSIONES SOBRE JUAN DAY

20-12-16| Juan Day terminó sus alegatos en defensa de Luis Miret y Guillermo Petra. Solicitó al Tribunal el rechazo a la acusación, la absolución de sus clientes por falta de jurisdicción y competencia y por prescripción de la acción penal. Finalmente, en subsidio, pidió la nulidad de lo actuado. En la presente jornada desarrolló sus opinables conclusiones.

El defensor y los acusados

El abogado Juan Horacio Day hizo de la retórica su mejor arma. Tras la eficacia en el buen decir quedaron sepultadas falacias, maltrato a sus colegas y magistrados, intervenciones erradas en nombre de las víctimas y otras prácticas desdeñables. Se impostó como hombre de bien, preocupado y comprometido con el derecho, para argumentar con mucha picardía.

Con buenos modos y un tono conciliador, Day se dedicó a pontificar sobre propios y extraños. Hasta llegó a indicarles a sus defendidos que deberían haber hecho por aquellos días. Según él, incurrieron en “la omisión de cumplir las funciones que les correspondían”, previstas en art. 249 del Código Procesal Penal.

Dedicó esta jornada para emitir sus conclusiones: “este proceso es una gran equivocación”, aseguró. Según él hubo violación a las garantías en el juicio; en ese sentido mencionó la prescriptibilidad, las pruebas, la humanidad de las penas, la imparcialidad de los jueces y la defensa en juicio.

Finalmente pidió al Tribunal:

En primer lugar, el rechazo de la ampliación de la acusación por no darse los presupuestos establecidos en el art. 381 del Código Procesal Penal.

En segundo lugar, en subsidio, rechazo sustancial de esa acusación, absolución de sus defendidos por la imposibilidad legal de llevar a cabo esa conducta (el aporte de complicidad), por atipicidad, incompetencia y falta de jurisdicción.

En tercer lugar, absolución de Miret por los hechos contenidos en la acusación original por falta de tipicidad objetiva y subjetiva, falta de jurisdicción y competencia y por prescripción de la acción penal.

En cuarto lugar, lo mismo para Petra Recabarren.

En quinto lugar, en subsidio, pide la nulidad absoluta del requerimiento de instrucción formal o solicitud de indagatorias. Por violación del art. 16 de la Constitución Nacional, el 71 del Código Penal y el 5 del Código Procesal Penal.

Conclusiones propias

Será la parte acusadora la encargada de la réplica a los alegatos de Day, sin embargo para quienes durante décadas esperan el gesto reparador de la Justicia, lo dicho por Juan Day merece conclusiones propias.

En el transcurso de ocho jornadas, el abogado montó una estrategia para impresionar y presionar al Tribunal. En cada audiencia vino acompañado, a modo de respaldo, por amigos y colegas. Se lo vio rodeado por la familia judicial. No ahorró cuestionamientos a magistrados que estuvieron en funciones durante la dictadura y puso al desnudo una interna propia de todo espacio institucional, en este caso, la justicia federal. Hasta el punto de reconocer que se viene practicando la “persecución de unos a otros”.

Habló pour la galerie para provocar el efecto de adhesión del público y del ámbito judicial para tratar de incidir, por elevación, en las decisiones del TOF Nº 1. Para ello se mostró informado pero lanzó cifras de dudoso cuño, por su imprecisión, sin citar la fuente.

Fiscal Vega, jueces, defensa y acusados

A sus defendidos intentó mostrarlos alejados de los atropellos propios de la etapa. Para ello se refirió a sobreseimientos o absoluciones otorgadas por los magistrados en cuestión. Cabe reflexionar que toda actitud venal requiere de algún rasgo de rectitud para legitimarse, de lo contrario queda en evidencia. No sorprende, entonces, algunos fallos con rasgos de ecuanimidad.

Con este argumento, el defensor, no consiguió desdibujar los hechos de los que se lo acusa a Luis Miret: detenciones ilegales, robos, torturas y la desaparición de siete jóvenes. Tampoco la veintena de casos de similar tenor en los que está involucrado Guillermo Petra. Todos ilícitos denunciados y no investigados por los exjueces.

Day tuvo la deferencia de admitir los vejámenes y la sombra de la muerte asolando a los militantes sociales y políticos. Reconoció el terror en manos del Estado pero consecuente con su rol de defensor, aseguró que todo eso sucedía sin que los acusados advirtieran la comisión de los crímenes. Una afirmación insostenible.

Invocar desconocimiento de sus clientes de lo que sucedía en sus narices es demasiado. Mendoza era una ciudad pequeña. Por sus funciones los jueces tuvieron trato con el jefe de Policía, Julio Cesar Santuccione, quien se jactaba de ser el adalid de la moralidad y el anticomunismo mientras andaba sembrando de cadáveres Papagayos o colocando bombas contra supuestos adversarios. Conocieron la génesis de la conformación de Grupos de Tareas. Supieron del trato que recibían los y las presas en el D2 porque fueron llevados en su presencia con rastros de torturas inconfundibles. Particularmente Luis Miret conoció los Centros Clandestinos de Detención. Visitó los barracones de la Compañía VIII de Comunicaciones del Ejército y el D2. Pudo ver con sus propios ojos las infrahumanas condiciones de las personas en cautiverio.

Asimismo, Miret tuvo buen diálogo con el Gral. Fernando Santiago e “íntima amistad” -como él mismo lo expresó- con el Gral. Juan Pablo Saá, a cargo de la VIII Brigada en el ‘77-‘78 y, antes, Jefe de Destacamento de Inteligencia Rosario, en los años 1974 y 1975, un peso pesado en el plan sistemático de desaparición de personas. Dentro del círculo de relaciones de Miret estaba la flor y nata de la represión ilegal. Para no caer en el “dime con quién andas y te diré quién eres”; por lo menos es de suponer que accedió o pudo acceder a información sensible sobre lo que estaba sucediendo con las y los secuestrados.

Los miembros de la justicia federal estaban perfectamente informados sobre la normativa destinada al “exterminio de la subversión”, por cierto: esclarecedora. Asimismo, las numerosas declaraciones públicas, amenazantes, de los mandos de las FFAA, dejaban en claro su intención de aniquilar a los y las subversivas. Invocar ignorancia sobre los atropellos y muertes acaecidos en esa época no es creíble; ofende la inteligencia de quien lo escucha.

Exjueces, Petra y Miret

En cuento a la selectividad de las causas, calurosamente criticadas por Juan Day, es bueno aclarar que para las víctimas y sus familiares, no es sustancial que sea su caso el que llegue a juicio primero que otro; esto es fortuito. En las palabras de cada testigo-víctima reconoce su propia voz. Los delitos se repitieron con ligeras variantes porque el ataque fue contra un sector social. Hoy, las víctimas sienten como propia cada denuncia de tortura, vejámenes y homicidios. De modo que las causas que no llegaron a juicio en este debate, permanecerán para ser consideradas en una nueva oportunidad.

Por otro lado, la pretensión de que fueran procesados, a la vez, todos los miembros del poder judicial en funciones durante la Dictadura es bastante absurda. Es cierto que la “inacción judicial” fue generalizada pero no todos los jueces tuvieron la misma actitud frente a la posibilidad de esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad. Había que comenzar con quienes reunían mayores sospechas de encubrimiento o complicidad con el terrorismo de estado. Esto es lo que dicta el sentido común.

Finalmente, Juan Day quedó entrampado en su propia estrategia. Con una excelente retórica le dio más importancia a cuestiones dogmáticas y procedimentales que a la relevancia histórica de este juicio que, además, intentó desmerecer. Solo cabe mantener la esperanza de arribar a un fallo ecuánime, a pesar de los ardides del defensor de los exjueces.

 

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