AUDIENCIA 191 / PEDIDO DE ABSOLUCIÓN PARA CARRIZO

07-03-17| La letrada Corina Fehlmann finalizó su alegato a favor del exjuez Rolando Evaristo Carrizo. En la jornada analizó los casos en los que está imputado el exmagistrado que incluyen dos desapariciones forzadas y numerosas detenciones ilegales y torturas. Con distintos argumentos intentó desvincularlo de las acusaciones y concluyó solicitando su absolución.

La abogada inició la argumentación mencionando las disposiciones que daban cuenta de las excesivas facultades que tenían las policías en el momento de los hechos. Por aquellos años las detenciones quedaban a su arbitrio, la fuerza recogía las pruebas y podía disponer la incomunicación de la persona sin intervención del juez. Incluso, estaba establecido que podían hacer “uso de la fuerza”. En un texto citado por Fehlman, el autor remarca los riesgos de dejar en manos de legos estas funciones y califica las atribuciones concedidas como “peligrosas y excesivas”. Con los sumarios policiales, los jueces se abocaban a la instrucción de las causas.

Después de hacer estas consideraciones, la defensora abordó el sobreseimiento provisorio de las causas cuando los delitos eran anotados a “autores ignorados o desconocidos”. En este punto la letrada señaló que la costumbre de los jueces no era investigar sino instruir. En esta línea abordó cuatro causas iniciadas con la denuncia ante una seccional de policial; de esta manera detalló los expedientes por las detenciones de Atilio Arra, Oscar Koltes y Julio y Joaquín Rojas así como la detonación de una bomba en el domicilio del intelectual Ezequiel Ander Egg y su esposa Norma Zamboni. Todos estos casos pasaron por las comisarías y luego merecieron el sobreseimiento por autores desconocidos.

Rechazos en serie

Corina Fehlman sostuvo que los jueces actuaron con ecuanimidad y negó que hubiese un doble estándar. Trajo a colación los dichos del imputado Otilio Roque Romano en el sentido que el exjuez había otorgado el sobreseimiento a “sospechosos de subversión”. Asimismo, presentó ocho casos resueltos de igual manera como la causa contra un locutor que difundió el intento de copamiento del Regimiento de Tupungato; sendas bombas denunciadas por miembros de la policía y el atentado a la Delegación Naval en Mendoza, entre otras, que merecieron el sobreseimiento provisorio. Con este argumento pretencioso la abogada trató de desdibujar la parcialidad de los exjueces ante las consabidas torturas y abusos de los que eran víctimas los y las presas políticas, tal como sucedió en los casos de Aldo Rivoletto y Luz Faingold.
Con respecto a los Habeas Corpus –HC- a favor de dos desaparecidos y varios detenidos que fueron rechazados, la defensora de Carrizo distinguió dos situaciones: las fuerzas armadas y de seguridad respondían a los oficios negando la detención de las víctimas en sus dependencias o la persona se encontraba a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). En ambos casos los HC eran rechazados. En relación a este tópico recogió antecedentes jurisprudenciales que avalan esas resoluciones.

Fehlmann hizo una revisión de lo actuado en la causa por la desaparición de Moriña que concluye con un oficio del Gral. Maradona quien señala que Luis Moriña está prófugo. Asimismo, en el caso del H C presentado a favor de José Luis Herrero, también desaparecido, fue denegado por Carrizo porque ninguna dependencia daba cuenta de su detención.

Igual suerte corrieron los HC presentados por las detenciones con decretos a disposición del PEN de Jorge Bonardell; Oscar Koltes, José Lozano y Laura Botella; Alberto Ochoa; Juan Carlos Montaña; Jaime Valls y Raúl Lucero; Samuel Rubinstein y Santiago Illa. Todos rechazados, aunque fueron precedidos por operativos ilegales y aplicación de torturas.

Tras la absolución

La defensora repitió los archiconocidos argumentos de los defensores para excusar a Carrizo de las acusaciones que pesan en su contra. Insistió en la falta de competencia en caso de que el exjuez hubiese podido constatar los ilícitos practicados por la policía porque eran los tribunales militares quienes intervenían cuando se trataba de las fuerzas de seguridad y armadas.

Elogió el alegato realizado por Juan Day, defensor de Guillermo Petra y Luis Miret y lo citó textualmente en el último tramo de su exposición. Trajo a colación la Ley 21267 e insistió en la incompetencia para tratar las causas que involucran a delitos políticos y la obligación de los magistrados de derivarlos a los tribunales militares.

También recogió el argumento de Day al sostener que la Fiscalía no planteó cargos por omisión de investigar, lo que caracterizó como una “abstención de acusación”.

Reiteró varios conceptos ya escuchados. Lo distintivo en la defensa de Carrizo es que, de acuerdo a lo que entiende Fehlman, las imputaciones no pueden ser consideradas delitos de lesa humanidad porque se refieren a hechos anteriores al 24 de marzo de 1976, fecha de aplicación del Plan Sistemático, según la letrada. Tampoco le cabe la reconvención destinada a los jueces emitida por la CIDH en 1980, que señaló la inconducta del Poder Judicial frente a las miles de denuncias por desapariciones y otros delitos receptados por esa Comisión.

Carrizo tenía afinidad política con el Gobierno de Isabel Martínez de Perón. Fue juez federal durante cuatro meses; designado en diciembre de 1975. En abril de 1976 pidió licencia y al mes siguiente debió renunciar. Recalcó que no tenía aspiraciones de ascender en la carrera judicial. Estos elementos lo diferencian de los otros tres jueces procesados.

Con estos argumentos Corina Fehlmann cerró el alegato en favor de Rolando Carrizo y solicitó su absolución.

La próxima sesión será el lunes 13 en el horario habitual.

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