AUDIENCIA 107 / ROMANO V – LA INCOMPETENCIA COMPETENTE

19-10-15| El quinto capítulo de la ampliación indagatoria de Otilio Romano dejó al descubierto que, de ninguna manera, el exjuez fue ajeno a los hechos que se le imputan aunque sostenga todo lo contrario. Al abrirse el espacio para las preguntas de las querellas, toda la estratagema urdida por el imputado y su defensa, se desmoronó. Teniendo en cuenta que él mismo se declaraba competente para recibir, rechazar y archivar Habeas Corpus, quedó en evidencia que su insistencia en atribuir todas las responsabilidades del terrorismo de Estado a los militares, no tiene asidero.

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Más de lo mismo

En el inicio de la audiencia Romano volvió sobre sus declaraciones de las sesiones anteriores y repitió citas y conceptos. Alzando la voz y apelando, una vez más, a chicanas, pretendidamente chistosas, el destituido exmagistrado reiteró casi, hasta el cansancio, que él y sus colegas no tenían facultades para investigar a los militares y calificó de absurdas las acusaciones realizadas por el juez Walter Bento.
Se quejó de que el juicio que se realiza en Mendoza no tiene precedentes en el país y que los jueces que son investigados en otras ciudades tuvieron relación directa con los hechos, algo que –según Romano- en nuestra Provincia no sucedió.
Luego, retomó el tema de la competencia, e insistió con que la ley no les daba posibilidades de investigar. Recordó que, hasta 2006, tuvieron vigencia los tribunales militares, lo que les quitaba –afirmó- la posibilidad de averiguar e investigar. No explicó, entonces, por qué se declaraba competente cuando le llegaba una causa.
También volvió a referirse a su fuga a Chile, a la que llamó “asilo político”. Pese a su verborragia nunca dejó en claro el motivo, aunque contó que tiene un escrito de 32 páginas en el que detalla “las irregularidades de este proceso”. Como en audiencias anteriores, consideró que quienes lo acusan, lo hacen “de mala fe, apoyados por la prensa subsidiada”.

En aprietos

Como había anticipado, Romano aceptó ser interrogado por las partes acusadoras. Ya lo había anunciado también en una nota publicada por el diario Los Andes en la que dijo que estaba dispuesto a ser preguntado por el público, con lo cual, claramente, pretendió jugar para la tribuna, e impresionar. Sabido es que el público no pregunta y, si lo hiciera, seguramente incomodaría al acusado. De hecho, ante los requerimientos, tanto de la Fiscalía como de los representantes del MEDH, el hombre se puso nervioso y respondió, varias veces, enojado. Además, cada vez que le señalaron causas en las que su inacción quedó al descubierto, apeló al argumento de que “una golondrina no hace verano y quieren buscar el piojo en el ojo”. Una golondrina no, pero 97 sí.
El fiscal Dante Vega lo interrogó sobre el tan comentado tema de la competencia y, específicamente, acerca de si un secuestro debía ser investigado por la Justicia Federal. Allí, Romano se fue por las ramas, volvió a hablar de que hubo una guerra y de que los autores de tales secuestros eran desconocidos. También, reveló que confiaba en la policía, de la que dijo que era eficiente y simplificó su respuesta con la frase “si la policía informaba que no había autores, no había autores”.
Daniel Rodríguez Infante, también de la Fiscalía, le recordó al exjuez sus dichos sobre que no le contaban los goles a favor, en relación a los 80 sobreseimientos que dispuso, pero que nada dijo de los “goles en contra”. Puntualmente, le señaló si recordaba por lo menos un caso en el que hubiera promovido una investigación por delitos cometidos por las Fuerzas Armadas. Molesto, Romano, respondió con conceptos repetidos: “No podíamos investigar”.
A continuación, Pablo Salinas, del MEDH, repasó algunos expedientes que pasaron por las manos del exjuez y fiscal. Uno de ellos fue el de Virginia Adela Suárez y su secuestro que encuadraba en la ley 20661 que establecía que ese delito era de competencia de la Justicia Federal. También fue Romano quien recibió el HC. Los expedientes fueron archivados y la explicación del acusado fue la que repite siempre: “¿Por qué iba a dudar de la policía?”. Por otra parte, para sorpresa de todos, consideró como “un hecho menor” las carátulas de las causas que, dijo, eran puestas por un empleado. Esas carátulas se referían nada más y nada menos que a desapariciones de personas y, evidentemente, Romano las minimizó.
También, Salinas le preguntó lo que todos se preguntan en la sala: ¿Por qué se declaró competente si ha dicho tantas veces que no tenía competencia? No respondió, sino que, nervioso, consideró un anacronismo que le traigan ahora esas causas.
En igual sentido, o sea en el de archivar, fueron las decisiones de Romano sobre los casos de Olga Zingaretti y María Silvia Campos y respecto de Ángel Bustelo, de quien ordenó la prisión preventiva por poseer unos afiches “peligrosos”. Dijo no recordar qué criterio siguió aunque aclaró que él dispuso luego su libertad y los militares no se la dieron.
La causa que involucra a Luz Faingold fue también mencionada por Pablo Salinas y aquí, tras una serie de repeticiones de citas y conceptos, el exjuez justificó la decisión de no entregarla a sus padres (ella era menor de edad) en el insólito precepto de que “se basaba en cánones morales y costumbres de la época”.
La incomodidad de Romano ante las preguntas continuó cuando Carlos Varela, también del MEDH, le trajo a colación el expediente de Salvador Alberto Moyano, secuestrado el 27 de septiembre de 1976. Allí, la denuncia de la esposa de la víctima y otros testimonios dan cuenta de la intervención de un policía del D2 en el procedimiento. No obstante, Romano no promovió ninguna acción y adujo que no podía investigar a los 6 mil policías de Mendoza. En realidad, no tenía que investigar a 6 mil sino a un grupo acotado, el que se desempeñaba en el D2.
Tras un cuarto intermedio para que el imputado fuese atendido por el servicio médico, Dante Vega retomó la palabra. La inquietud del fiscal fue saber si la acumulación de causas que iban recibiendo no les daba una pauta a los jueces de lo que estaba sucediendo. Romano se excusó en que nadie sabía nada y los medios de comunicación no informaban, pero no hizo la diferencia entre los funcionarios judiciales, que sí recibían información (las causas) y el resto de la sociedad, que sí podía estar desinformada.
Tampoco fue claro el acusado sobre la descalificación de testigos que continuamente realizó ni pudo argumentar por qué cree que son influidos por el Ministerio Público.
En cuanto al reclamo de que sólo en Mendoza se investiga a los jueces, Vega le preguntó a Romano y de algún modo, respondió a su inquietud: “¿No será porque acá se investigó y en otros lugares no existió aún la voluntad de hacerlo?”. Otra vez Romano insistió con que es un preso político a partir de algunos fallos suyos contra el Gobierno, como el de la Ley de Medios.
Otro momento de incomodidad para el exjuez fue cuando Rodríguez Infante le repasó los casos de violaciones denunciadas por Silvia Ontiveros, Olga Zárate y Stella Maris Ferrón, en los que no investigó nada y, en cambio, sí lo hizo con Daniel Rabanal, en el que formó compulsa. En los tres primeros casos, Romano se declaró competente y los archivó. “Puedo haberme equivocado”, admitió y recurrió al remanido “una golondrina no hace verano”.
La siguiente pregunta de Rodríguez Infante sobre los otros hechos que sucedían además de los secuestros, como robos y encierros o ataduras sufridos por familiares de las víctimas, ofuscó a Romano, al punto de gritarle al representante de la Fiscalía: “No le voy a responder porque usted no es fiscal”. Intervino entonces el abogado de Luis Miret, Juan Day, con un sobreactuado “están acusando de mala fe, quieren que el doctor Romano se muera acá”. Y Romano lanzó entonces: “A los terroristas no les tocaba el timbre. Ellos mataban y tenían el Manual de Montoneros que decía que tenían que denunciar apremios y robos”. Cabe preguntarse: ¿los familiares, amigos y allegados de esos supuestos terroristas, también apelarían al Manual de Montoneros para denunciar las tropelías de los terroristas de Estado?
La audiencia, que demandó casi tres horas y media, culminó con una pregunta de Day a Romano acerca de cómo hubiera actuado de haber sabido que los delitos existían, si los podría haber investigado. “No”, fue la obvia respuesta.
Este martes, la defensa de Romano podrá hacer preguntas y luego ampliará su declaración Luis Miret.

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