AUDIENCIA 108 / SIN RESPUESTAS

22-10-15| En la sexta audiencia tomada por Otilio Roque Romano para la ampliación de declaración, el exjuez apeló a su acostumbrada parafernalia para soslayar las imputaciones y victimizarse. En el segundo tramo de la audiencia, con un estilo sobrio y preciso, Luis Miret inició su exposición. Ambos se esforzaron en evitar mencionar los casos concretos por los que son acusados.

Romano culmina la ampliación de declaración

Romano sometió a los oyentes al último tramo de su tediosa declaración, montando una escena similar a las cinco jornadas anteriores, en la que ratificó que no sabía nada y nada podía hacer. También insistió en que fue víctima de persecución política del gobierno nacional y provincial, y que por eso se encuentra preso.
Al iniciarse la audiencia, el presidente del Tribunal, Alejandro Piña, le ofreció la palabra al abogado de Romano, Ariel Civit, quien le preguntó por su actuación en la Justicia, oportunidad que aprovechó el acusado para relatar el caso Fiochetti, acaecido en San Luis, y responsabilizó al Capitán Pla del asesinato de la joven. Luego, resaltó que estuvo contra la pretendida autoamnistía propuesta por los militares en retirada del gobierno y una par de causas más.
Preguntado por las personas torturadas que llegaban a tribunales, negó haber visto a alguien en esas condiciones. En otro tramo, insistió en la afirmación de que las y los detenidos seguían las instrucciones del “Manual del Montonero”, que les indicaba que mintieran apremios ilegales. Es decir, las torturas no eran creíbles. Según Romano el mentado Manual era de Osinde, un personaje de la ultraderecha peronista, perseguidor de Montoneros y responsable de la masacre de Ezeiza. Otro fallido para apuntar.
En forma irreverente se refirió a la declaración de Fernández, poniendo en duda que hubiese visto cadáveres en el D2. Sin embargo, en ese lugar fueron reconocidos los cuerpos sin vida de Jorge Vargas, Edesio Villegas, Daniel Moyano, Francisco Urondo, por sólo mencionar algunos. Por otro lado, hizo mención a los 103 casos por los que está imputado y en forma burlesca se refirió a las preguntas que le hizo la parte acusadora en la anterior audiencia.
Lo cierto es que Romano no tiene respuesta para el nudo de esta Megacausa. El exjuez se declaró competente en decenas de causas sobre personas secuestradas y desaparecidas para dictaminar el sobreseimiento o, dicho de otra manera, mandarlas a archivar. El exjuez podría haberse declarado incompetente porque, tal como él mismo lo ratificó, esas causas podían enviarse a los Tribunales Militares, pero no lo hizo. Se declaró competente y las sobreseyó.
En la audiencia anterior, la querella del MEDH expuso el caso de la desaparición de Virginia Suárez, que equivale a homicidio. Romano recibió un sumario policial donde la familia denunciaba el allanamiento ilegal de la vivienda y el secuestro de Virginia por parte de un grupo de tareas. Después llegó a manos de Romano un Habeas Corpus de la madre, pidiendo por la joven. Es decir, el exjuez supo que la habían secuestrado, se declaró competente y, sin más, hizo archivar la causa, sobreseyéndola. En esa misma situación se encuentran los casos de decenas de desaparecidos. La gran pregunta es porqué procedió de esa manera. Sobre este punto crucial no hubo ninguna explicación. Apenas llegó a decir que se cometieron algunos “errores”. El detalle no menor es que se trata de desaparecidos que sabemos han sido asesinados. Todo apunta a sostener su connivencia con la represión clandestina.
Romano habló mucho y ha dado sobrados indicios de que su enfoque sobre lo que sucedía en los años ’70 tiene puntos de contacto con lo afirmado por los responsables de la represión ilegal. A lo largo de su declaración insistió en que había una “guerra revolucionaria”, nunca tipificó a la etapa como de terrorismo de estado. Permanentemente habló de dos bandos en guerra, argumento central sostenido por los militares procesados por delitos de lesa humanidad. Coincide con ellos en que cumplieron con su deber, hoy son perseguidos políticos y destinatarios de la venganza orquestada por los Organismos de Derechos Humanos. Nada novedoso.
Cerró su declaración repasando los puntos centrales de su ampliación de indagatoria (o alegato), iniciada el 22 de setiembre, casi un mes atrás.

La mitad, según Miret

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Luis Miret inició la ampliación de declaración puntualizando cuatro asuntos. El primero fue la imprecisión de la ampliación de imputación. Según él, Piña impidió que le sea definida y se le explicaran los hechos que la constituían. En el mismo sentido, la prueba que llevó la querella para la misma, tampoco le resulta específica. Afirmó que eso viola su derecho de defensa, “en verdad me estoy defendiendo de algo muy poco definido”, afirmó.
El segundo punto tuvo que ver con que, a su parecer,” los acusadores” ignoraron la prueba de su anterior indagatoria ante el Tribunal y un escrito titulado “oposición a la elevación a Juicio”. Pidió que ambas piezas (la indagatoria y la oposición de la elevación a juicio) formen parte de la declaración.
En tercer lugar, volvió a recalcar que desconocían el plan de aniquilamiento, que éste era secreto y que recién fue conocido en 1985. Agregó que “es absurda la pretensión de hacernos cómplices de las atrocidades del plan militar” porque junto al golpe, con la ley 21267, se estableció que la justicia federal dejaba de ser competente para juzgar los ilícitos en que pudieran haber incurrido los represores, tanto policías o militares y que pasaban a ser juzgables solamente por tribunales militares. Con este argumento intentó desentenderse de la complicidad por omisión de investigarlos.
En cuarto y último lugar, intentó reforzar la idea de que la ampliación es arbitraria y criticó a la Fiscalía ya que, según percibe, “sólo tuvo en cuenta los expedientes elegidos del archivo en los que encontró omisiones de deberes y […] omitió muchos otros expedientes en los que no sólo no habíamos omitido deberes sino que nos pronunciamos contra los designios de los militares”. Asimismo, señaló que accedieron al archivo paradojalmente debido a la ampliación de imputación, en los que con su defensor, el doctor Day, encontraron esos expedientes.
Miret recordó que se le cuestionan 19 expedientes (10 en 1975 y 9 en 1976, que se extienden casi a 33 causas) y se le impuso el aceptar la ampliación de carátula a complicidad y asociación ilícita, y que no se tiene en cuenta que, por ejemplo, en el caso de Pastora Vélez, detenida en 1975, él pidió investigación a la Jefatura Policial, que no le había dado la libertad.
Añadió que se le imputan omisiones de investigación en 9 expedientes cuando él no era juez interino, y que dependía de tres magistrados elegidos por Videla. Ante esto, habló de la imposibilidad legal para investigar y juzgar estos hechos y que para él no había manera legal de cumplir. “Se me juzga por omitir investigar, no por omitir declararme incompetente ni sacar compulsa”, dijo. En esa línea, sostuvo que no había posibilidad de investigar para los abogados ya que quienes tomaban indagatoria pertenecían a la policía.
Por otro lado, para posicionarse en el lugar de perseguido político, afirmó que dentro de la lista de los 437 jueces nacionales denunciados por ser cómplices de la dictadura por Hebe de Bonafini, se quitó a algunos, como a Eugenio Raúl Zaffaroni.
En la ampliación de acusación que presentó la Fiscalía a Miret, se lo considera partícipe primario en homicidio agravado por alevosía en 7 casos, privación abusiva de la libertad en 18, tormento agravado por el uso de arma de fuego en 3, asociación ilícita y violación agravada en el caso de Luz Faingold.
Luego de que Day preguntara si se podía hacer cuarto intermedio, el Tribunal dispuso esta medida hasta el lunes 26 de octubre a las 9.30 hs., audiencia en la que seguirá declarando Miret, quien aclaró que “va por la mitad” de lo escrito.

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