AUDIENCIA 110 / MIRET III – EL ADALID

27-10-15| Luis Miret cerró su ampliación de declaración respondiendo al interrogatorio de todas las partes hasta que debido a la intervención del fiscal ad hoc, Daniel Rodríguez, su abogado defensor, Juan Day, dispuso, abruptamente, que no contestaría más preguntas. El exjuez reiteró conceptos ya explicitados y se autoelogió en su desempeño como magistrado. Al igual que ayer, evidenció la molestia por la actividad de los Organismos de Derechos Humanos de Mendoza, que persiguen Justicia desde hace largas décadas.

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A propuesta del presidente del Tribunal, Alejandro Piña, se inició la audiencia de la fecha con preguntas formuladas por el defensor particular de Miret, que apuntaban a desvincularlo de las imputaciones que pesan sobre él.
Por su parte, el fiscal Dante Vega indagó su parecer sobre el límite temporal en la aplicación del plan sistemático: si empezó en el ´75 o después del Golpe de Estado. Al respecto Miret consideró que antes de marzo del ´76 la represión estaba dirigida a casos aislados. Es bueno destacar que ayer, el exmagistrado se dio por desvinculado de 10 casos que se le imputan por hechos acaecidos en el ‘75 porque, según él, todavía no corría el plan sistemático. Sin embargo, la política represiva empezó a implementarse desde que Ítalo Luder, en condición de presidente provisional, firmó los decretos sobre “el aniquilamiento de la subversión” y las FFAA tomaron el control de los operativos. Hechos que, en otro tramo de su declaración, terminó admitiendo el exjuez al relatar que en octubre del ’75 se dirigió a Santiago para reprocharle allanamientos y detenciones fuera de la ley. Recordó que el entonces Oficial del Ejército le respondió que él seguía las órdenes del Gral. Menéndez, pero no le ofreció ningún documento escrito que avalara su actuación. Es decir, la represión ya era clandestina e ilegal.
Cabe recordar que en 1975 Miret fue visto en dos oportunidades dentro de Centros Clandestinos de Detención. Primero, en el D2 y luego, en el 8º de Comunicaciones del Ejército. En el primer caso, dos testigos en la causa Mocchi relataron que se quejaron por las torturas, “y bueno hay que aguantar”, les respondió Miret, quien se encontraba de recorrida por los calabozos del D2. Por otro lado, Walter Hoffman al referirse a su secuestro, relató que fue visitado por el acusado en el Centro Clandestino de Detención del 8º de Comunicaciones, a fines de noviembre de 1975. En el lugar estaban secuestradas unas 30 personas, encapuchadas y atadas a los catres en un barracón. En esas condiciones, se le acercó alguien para susurrarle “quedate tranquilo pibe, vos vas a salir de acá”. Hoffman supo que ese hombre era Miret porque el mismo exmagistrado se lo confesó años después, a raíz de un episodio familiar en el que le solicitaba un favor. Curiosamente, para el acusado, su actuación como juez subrogante hasta junio del ’76 y camarista había sido buena o muy buena. Incluso sostuvo que se ganó la fama de “adalid de la valentía judicial”.

Algunas claves

Posteriormente, la Fiscalía, abordó el reclamo de los jueces mendocinos porque solo en esta Provincia los magistrados fueron enjuiciados por omisión de investigar, hecho que atribuyen a una persecución política. Al respecto, Vega trató de recapacitar y se dirigió a Miret, preguntándole: “¿No será (que fueron enjuiciados) porque aquí se investigó?”, reflexión absolutamente pertinente dado que, si bien en el país son contados con los dedos de la mano los jueces acusados de complicidad con el terrorismo de Estado, hay numerosos casos de magistrados cuestionados por sus vínculos con la Dictadura. Sucedió en Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Tribunales Federales de Comodoro Py, etc., donde existen varios funcionarios recusados pero no investigados, y sobre los que no pesan procesos penales por delitos de lesa humanidad.
Asimismo, sobre la presunta persecución política que esgrime Miret, el fiscal Vega le hizo notar que fue destituido por el Consejo de la Magistratura con el voto unánime de los ocho miembros del Consejo integrado por legisladores radicales y peronistas. El acusado atribuyó el fallo a las presiones recibidas por los consejeros.
Por su parte, el abogado querellante, Pablo Salinas, retomó el cuestionamiento a la actitud de Miret, quien se declaró competente por causas caratuladas “Infracción a la Ley 20840” iniciadas por el secuestro de personas desaparecidas. En primer lugar hizo referencia a Adela Virginia Suárez cuya causa fue sobreseída provisoriamente. Al respecto Miret insistió que trataba de que quedaran en el juzgado por si surgían nuevos datos. Dijo que había un cliché para todos los hechos perpetrados por autores desconocidos.
Cuando retomó la palabra, Salinas hizo notar que varias causas por la 20.840, la de Suárez, Granic, González y otros, fueron contestadas el mismo día; la pregunta quedó suspendida por la intervención del defensor Day: “No va a contestar”, indicó.
Al revisar su actuación con respecto a las detenciones a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) en las que se mantenía a las personas cautivas ilegalmente, antes y después de la firma de los decretos pertinentes, su respuesta fue difusa pero dejo claro que a su entender, en el `76, todos los argentinos decían “bueno, por fin ahora vamos a tener orden”. Una personalísima apreciación del momento.

Los malditos Organismos

Luis Miret

Luis Miret. A lo lejos, Romano

Finalmente, cabe destacar que a lo largo de su exposición, Miret deslizó críticas a los Organismos de Derechos Humanos en la Provincia y les atribuyó un rol protagónico en el enjuiciamiento de los magistrados. Lo hizo cuando se refirió a la destitución resuelta por el Consejo de la Magistratura ya que en la sesiones, según él, siempre había presencia de los Organismos presionando y también, por el procesamiento que debe afrontar.
Lo cierto es que en 2006, con el fallo Simón y el enjuiciamiento a Miguel Etchecolatz, se abrieron los juicios por delitos de lesa humanidad a lo largo y ancho del país. En Mendoza, recién en el 2010, cuatro años después, se consiguió enjuiciar a los represores. Ante la demora, en ese lapso de tiempo, los Organismos se movilizaron insistentemente tras sus demandas. Los jueves, frente a Tribunales Federales, se reunían los Familiares, Exdetenidxs y otros “militantes” (descalificados ayer por Miret) para exigir Justicia, suceso que trajo a cuento el acusado a la hora de mostrarse molesto por la presión ejercida sobre el gobierno. Todo hacía suponer en aquella época una intencionalidad aviesa en el retraso para abordar el enjuiciamiento a los ejecutores de los crímenes. Luis Miret y Otilio Romano tenían un rol central en la Justicia Federal de aquellos años. Hoy el propio Miret aseguró que Romano y él eran los “líderes” de sendas salas de la Cámara.
Los Organismo de Derechos Humanos atravesaron todas las gestiones de gobierno con el mismo reclamo, el pedido de Justicia, particularmente, por las y los desaparecidos sobre los que todavía no se conoce su destino; los cubre un manto de complicidad y silencio.
La próxima semana no habrá audiencia pública. Quedó pendiente la declaración de otro exjuez procesado, Rolando Carrizo, pero aún no se fijó fecha para su ampliación de indagatoria.

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