AUDIENCIA 112 / LOS CLAROSCUROS DE LA JUSTICIA FEDERAL

10-11-15| Con las exposiciones de los exjueces Guillermo Petra y Rolando Carrizo se completó el tramo de ampliación de declaración de los magistrados. Petra siguió la misma línea argumental utilizada por sus colegas Miret y Romano; en cambio, Carrizo, relató su trayectoria de vida desde una perspectiva partidaria. Ésta fue su primera declaración y se diferenció, en estilo y contenido, de lo escuchado hasta el momento. Ambos, declararon su inocencia y pidieron absolución.

Guillermo Petra

El exjuez Guillermo Petra Recabarren está enjuiciado como partícipe primario en homicidio agravado por alevosía en 22 hechos, privación abusiva de la libertad agravada en 17 hechos, privación abusiva de la libertad en 6 y asociación ilícita.
Al comenzar con su declaración, manifestó que no aceptaría preguntas de la querella ni de la fiscalía, sólo de su defensor, el abogado Juan Day. Luego, contó resumidamente su historia en el Poder Judicial donde comenzó en 1967, año en que trabajó como secretario del Juzgado Federal de San Rafael. A fines de 1968 se desempeñó en el cargo de prosecretario de la Cámara hasta el año 1973. Ese año fue ascendido a secretario de Cámara. Durante el período en el que ejercía esta última ocupación se produjo el golpe de estado del ’76 y en el mes de junio fue ascendido a “Defensor de pobres, incapaces y ausentes”.
Resaltó que durante la dictadura, su desempeño como subrogante fue esporádico, aunque recordó que dictaminó algunos Habeas Corpus. El problema en relación con esto es que varias de esas personas se encuentran desaparecidas.
Prosiguió argumentando que la tesis de la complicidad o asociación ilícita es falsa, desvinculándose de la misma, tildándola de imprecisa ya que “se ha construido tomando unos pocos expedientes que me tocaron subrogar en mi carrera judicial dejando de lado cientos de actuaciones mías, que demuestran fácilmente la mentira de la tesis”, enfatizó. Agregó que “a los expedientes se los valora con las leyes actuales, criticando de anacrónicas las acusaciones sobre los hechos”.
Luego leyó algunos de esos expedientes en los que había actuado favorablemente para las personas acusadas. Al igual que sus colegas Romano y Miret emprendió contra otros magistrados que no están procesados. Hizo hincapié en que “el exjuez y el fiscal que condenaron (a las víctimas) ni siquiera fueron interrogados” y reiteró los nombres de Garguil, Díaz Araujo, Peñaloza y Fuego.
Según Petra, la ampliación de su imputación es absurda, contraria y repugnante a la razón, ya que el poder judicial de aquella época no podía garantizar impunidad porque no tenía competencia, como ya reiteraron los otros dos exjueces imputados. Volvió a recaer en que la legislación de aquella época impedía a los jueces y fiscales investigar los hechos.
A continuación se explayó en relación a los Habeas Corpus rechazados, alegando que las jurisprudencias de la dictadura habían cambiado y que por lo tanto había que rechazarlos, dándole más poder al discurso de la policía y los militares que gozaban de la facultad de aprehender a cualquier persona, contando con la garantía de la legalidad de las detenciones arbitrarias.
Finalmente, se manifestó en contra de las acusaciones de “privación ilegítima de la libertad” y “participación en homicidios”, desestimándolas y pidió su absolución.

La interna

Rolando Carrizo

El exjuez Rolando Evaristo Carrizo declaró por primera vez en esta Megacausa refiriéndose brevemente a los cargos que pesan contra él y abundó en anécdotas. Sencillo y reivindicando su identidad y trayectoria dentro del Justicialismo, hizo un relato con matices pintorescos más que una defensa técnica.
El exjuez se refirió a su fugaz paso por la Justicia Federal: fue designado el 22 de diciembre de 1975 y cesanteado el 28 de mayo del año siguiente. A raíz de “una excarcelación dada por los militares” con la que no estaba de acuerdo, solicitó licencia y a su regreso estaba fuera. Agregó que después del Golpe echaron a todos los jueces designados por Martínez Baca. “Vino la revolución (refiriéndose al Golpe del 24 de marzo) y nombraron todos demócratas”, destacó. Se consideró un perseguido por el régimen militar porque estaba “en la vereda de enfrente”.
Asimismo, reprochó a Romano por haberlo catalogado como “alguien de afuera” de la Justicia Federal y recordó que él fue designado por el gobierno constitucional con acuerdo del Senado. Cierto es que su alineamiento político, su aspecto y forma de expresarse desentona con el estilo atildado y doctoral asumido por Miret, Petra y Romano; se lo ve sencillamente diferente.
El acusado también recordó que una vez excluido de su cargo y dedicado a la actividad privada fue defensor de los sindicalistas de la CGT presos e integró un agrupación de abogados dedicados a los derechos laborales.
Evidentemente, Rolando Carrizo viene del riñón de la ortodoxia peronista que legitimó la actuación del gobierno de Isabel Perón. En esa línea, dijo desconocer las órdenes de aniquilamiento dictadas durante ese gobierno y justificó lo actuado.
Por otro lado, a pesar de que su abogada defensora le desaconsejó abordar el caso Rabanal, el exjuez tenía necesidad de explicar su actuación frente a las víctimas del operativo de febrero del ´76. “Tenían toda la razón de desconfiar de mí, de la policía”, dijo, y admitió que las y los detenidos llegaron a su presencia con muestras de graves torturas pero no les recibió la denuncia. Según él, su intervención fue positiva en tanto los sacó de la esfera del D2, los mandó a la cárcel y consiguió la revisión médica, lo que le valió el reproche de la fuerza a cargo.
Finalmente, hizo dos breves intervenciones con respecto a las acusaciones que debe afrontar. Ofreció su interpretación del artículo 23 de la Constitución Nacional y explicó las omisiones a su deber de magistrado que se le imputan.
Con respecto al artículo que rige la figura de Detención a Disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) rebatió que se tratara de privación ilegítima de la libertad al período existente entre la aprehensión de las personas y la fecha del decreto, por tratarse de un mero “arresto” a la espera de decreto.
En cuanto a los cargos por omitir investigar la actuación de los represores, dijo que en las instituciones rige el principio de confianza por el que “debía creer lo que informaba la policía”. Por ese camino es probable que haya sido inducido al error, agregó, pero negó rotundamente su complicidad con el terrorismo de Estado. Sobre la acusación de asociación ilícita remató diciendo: “si hubiera sido socio, me hubieran mantenido en el puesto o me hubieran ofrecido un cargo”.
Al cierre de la audiencia, el defensor oficial, Pérez Curci, anunció que los imputados Julio Lapaz y Marcelo Moroy, quieren ampliar su declaración.
La próxima audiencia es el 23 de noviembre, en el horario habitual.

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