AUDIENCIA 125 / ALEGATO DE PABLO SALINAS (III PARTE)

16-02-16| La querella del MEDH, representada por el abogado Pablo Salinas, revisó la conducta de los cuatro jueces acusados a la luz de los cargos que se les imputan. Puso de relieve la intencionalidad de retener las causas bajo su jurisdicción y mandarlas a archivar sin más trámite, como un modo de dar vía libre a la represión. Según quedó evidenciada en los expedientes tratados hoy, cada caso cuenta con alguna punta para iniciar una investigación.

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Gladys Castro y Walter Domínguez

Con la presencia en la sala de Claudia Domínguez Castro Bozzo Reitano, Nieta recuperada 117, se inició la jornada con el análisis del caso de su madre, Gladys Castro, y de su padre Walter Domínguez, arrebatados de su hogar en la madrugada del 9 de diciembre de 1977. Junto a ella se encontraba su abuela, María Domínguez, admirable referente de Madres de Plaza de Mayo.
Salinas repasó los Habeas Corpus presentados por la familia Domínguez y por Fermín Castro, padre de Gladys. Con el expediente en mano, el querellante destacó un hecho que pinta cabalmente la actitud adoptada por la Justicia Federal de aquellos días. El juez Miret, preocupado por el papelerío, en una Resolución de Cámara, advierte la vinculación de los hechos y resuelve acumular los expedientes advirtiendo que se trata de un “desgaste jurisdiccional inútil”, porque las familias del matrimonio habían presentado los HC por separado. El tono del escrito evidencia molestia y desagrado por lo que debía enfrentar: las personas desaparecidas eran un mero expediente, “un número y nada más”.
Cabe destacar que los familiares de la pareja , en febrero de 1978, presentaron sendos Habeas Corpus – HC- Esta vez, el padre de Gladys Castro destacó que su hija “se encontraba en un avanzado estado de embarazo” y, en un gesto pionero, María Domínguez, interpuso un Habeas a favor de su nieta o nieto quien, “tendría 8 meses de vida –dice- y solicitó se oficie a la Secretaría del Menor y Familia, a la maternidad del Hospital Emilio Civit, a la Casa Cuna, a los Juzgados Correccionales de menores a los fines de determinar el paradero de la niña o niño”. Petra decepcionó y mandó sumar el pedido en el expediente Domínguez-Castro pero no libró oficios a las dependencias mencionadas. Finalmente lo rechazó “por tratarse de una persona no individualizada”.
A lo largo del tiempo, ambas familias hicieron numerosas presentaciones, sin resultados. Durante 37 años los jueces Petra, Romano y Guzzo supieron de la existencia de la joven que recientemente conoció su verdadera historia. Tal como afirmó Salinas “el delito se perpetuó hasta hace unos meses cuando Claudia Domínguez Castro recuperó su identidad”

Tramitontos

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Pablo Salinas utilizó el acrónimo “tramitontos”, para denominar el circuito formal que registraron los cientos de expedientes abiertos por el secuestro y desaparición de personas. La carátula rezaba “Fiscal c/ autores desconocidos”, se libraban oficios a todas las fuerzas que invariablemente respondían que las víctimas no se encontraban detenidas bajo su jurisdicción. Con esto se dictaba el sobreseimiento provisorio y se archivaba la causa. Paralelamente el H C que generara el expediente era rechazado, con costas. La contestación era colgada de un gancho en mesa de entrada. Todos los trámites fueron inconducentes, sin resultados, a pesar de que en los relatos contenidos en los Habeas había coincidencia en las características del procesamiento (se reiteraba la versión del auto Ford Falcon blanco y el Renault 4 y la comisión de otros delitos. Irrumpían en los domicilios gritando “dónde están las armas”; robaban y cometían vejámenes contra los presentes; “eran ladrones”, enfatizó el querellante, además torturaban y violaban, sistemáticamente. Sin embargo nada de esto provocó que alguno de los jueces tomara medidas; no hay ni una sola imputación, sostuvo el querellante. “No hacer, valía” aseguró.
El plan del terrorismo de estado requería que la Justicia Federal, un poder socialmente prestigioso, les sirviera de cobertura para eliminar a sus víctimas. Su mutismo dio legitimidad a cientos de asesinatos.
Rolando Carrizo, Guillermo Petra, Luis Miret y Romano, así como el fallecido Juez Guzzo, se alternaron en distintos roles para brindar la impunidad necesaria, destacó el querellante. Rotaban en la función de fiscales o jueces, se subrogaban, de modo que aparecen en los expedientes, en forma constante aunque alternada. Los tres últimos se perpetuaron, consiguieron ascensos y se afincaron en la Justicia Federal gracias a los buenos oficios prestados a los Dictadura hasta que el Consejo de la Magistratura los removió, unos pocos años atrás.
Las afirmaciones arriba señaladas fueron reiteradas a lo largo de la exposición desplegada por Salinas quien abordó otros casos de desapariciones poniendo en énfasis en los elementos que permitían iniciar una investigación

José Luis Herrero

El joven sanjuanino perteneciente al Partido Auténtico vivía es una pensión en el centro de Mendoza. Fue secuestrado después de despedir a su esposa en la terminal de ómnibus, el 9 de febrero de 1976.
Según el primer Habeas presentado por su padre, los policías que allanaron su cuarto, portaban el documento de identidad del desaparecido. Meses después hizo un nuevo H. C. aportando que fue visto en la IV Brigada Aérea. Como de rutina, los Habeas fueron rechazados porque tanto las policías como las FFAA negaban su detención.

Rosa Sonia Luna

La joven fue secuestrada en San Rafael el 26 mayo del ’76, en coincidencia con los operativos realizados en contra el PRT/ERP.
El primer H. C, presentado por la madre contiene el relato de la detención, que responde al patrón utilizado para el procedimiento de este tipo, incluido el robo de bienes. Asimismo, la madre ofrece como dato adicional, que Sonia fue vista en los sótanos de Tribunales de San Rafael, un sitio utilizado por aquellos días como Centro Clandestino de Detención del que hay varios sobrevivientes. Por este caso hay archivados dos expedientes.

Salvador Moyano

Secuestrado en Guaymallén a metros de su domicilio, el 26 de septiembre de 1976, es un caso que raya en lo escandaloso por los numerosos elementos para iniciar la investigación de su desaparición. El joven, quien había pertenecido a la policía provincial, reconoció a uno de sus secuestradores como perteneciente al D2 minutos antes de su rapto, y se lo hizo saber a su esposa, quien horas después aportaba el dato en la Seccional 9na. Allí se dirigió para relatar que en el procedimiento Salvador había sido herido. Miembros de esa seccional se dirigieron al lugar y recuperaron la vaina servida del tiro que recibió Moyano. Con todos estos elementos, los Habeas Corpus fueron rechazados por inexistencia de datos y la causa fue archivada.

Pedro Ulderico Ponce

Ponce fue secuestrado en la vereda de la biblioteca Gral. San Martín. Había pertenecido a la organización Montoneros en los albores de su creación. Tiempo después, aparentemente, se había alejado de esa corriente, pero sobre él recaía una orden de captura librada por la Justicia Federal. Según el relato contenido en el Habeas presentado por su esposa, el procedimiento estuvo a cargo de la Policía Federal y el ex fiscal Romano debió entender en el expediente. Casualmente el propio Romano, en su declaración indagatoria, confesó que tiempo atrás había atendido a Ponce, quien intentaba regularizar su situación. Se lamentó de no haberlo detenido porque de ese modo le hubiese salvado la vida.
Lo cierto es que cuando el Habeas quedó en sus manos, trató de rescatarlo. Libró oficio a la Policía Federal pidiendo que Ponce fuera puesto a disposición de ese juzgado. El jefe Fenocchio le respondió que el oficio había sido remitido a la VIII Brigada “según directivas”, y con eso completó su gestión. El secuestrado no llegó a Tribunales Federales, quedó en manos de la patota, y hoy continúa desaparecido. Del hecho se infiere que Romano respondía a las supuestas “directivas” mencionadas por el jefe de la Federal, o bien las conocía.

Miguel Julio Pacheco

Fue secuestrado el 7 de abril de 1977, en el marco del llamado “Operativo de abril del ’77”. A su compañera, Nora Otín, le dijeron que nunca más volvería a verlo. Ella presentó Hábeas Corpus que sólo tuvieron respuestas negativas. Inicialmente la causa recayó en manos de Guzzo. Después intervino Petra, quien fue fiscal subrogante y juez federal luego. En ambas funciones garantizó la impunidad del secuestro de Pacheco, así como de muchas otras personas.
Los jueces no investigaron, pese a la existencia de pruebas, como el hecho de que Nora encontró su domicilio ocupado por sujetos armados vestidos de civil que le informaron del secuestro de su esposo.

Las niñas como señuelo

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En este punto, Salinas recordó las causas que involucraron a niños y niñas que fueron utilizados para llegar a sus progenitores, compartieron cautiverio con ellos, o quedaron huérfanos a causa del asesinato de sus padres. Realmente los represores carecían de escrúpulos; era un vale todo.

María Eva Fernández de Gutiérrez y Manuel Alberto Gutiérrez

Ambos fueron secuestrados el 9 de abril del 77 y pertenecían a Montoneros. Salinas hizo hincapié en que la policía, vestida de civil, tomó contacto con la hija de la pareja de 5 años, Gabriela Gutiérrez Fernández, que se encontraba al cuidado de una vecina. Con engaños consiguieron que la pequeña les entregara la llave de su casa, que sirvió de ratonera para la captura de su padre. A María Eva ya la habían capturado.
La madre de Manuel Gutiérrez presentó varios Hábeas Corpus que fue respondidos de manera negativa por el entonces juez Petra Recabarren, quien resolvió no hacer lugar al recurso con costas, resolución que fue notificada al ministerio público. Nuevamente intervino como fiscal y luego como juez y no investigó a pesar que contaba con los vecinos/as como testigos de los hechos.

José Antonio Rossi

En febrero de 1976 llegó a Mendoza con su pareja, Stella Maris Ferrón y su pequeña hija de 9 meses. En el momento en que fue secuestrado, el Negro convivía con Edesio Villegas, ya que Stella ya había sido detenida.
Acudió a una cita con su madre, en una confitería céntrica, para ver a su hijita. Allí se produjo su secuestro y la beba, que en ese momento estaba a solas con él, quedó bajo el cuidado del dueño del local hasta que su abuela se enteró del hecho.
En la presentación del HC, su madre solicitó distintas medidas de investigación. El procurador fiscal subrogante Guillermo Petra Recabaren, no dispuso mecanismo alguno de averiguación, pese a que había elementos que permitían el desarrollo de la búsqueda, como el testimonio del dueño del local y lo que vieron las personas que transitaban por esas calles, además de la clientela. También intervino el ex juez Guzzo.
Salinas habló del ciclo de la impunidad, hizo mención al caso de Celina Manrique Terrera, hija de Alfredo Mario Manrique y de Laura Noemí Terrera, secuestrados el 24 de julio de 1977.En este hecho el fiscal Otilio Romano firmó, el 1 de abril de 1987, un expediente en el que se impedía la averiguación del paradero de la niña, que luego remitió a Miret y a Mestre Brizuela, quienes sobreseyeron la causa por “encontrarse vencidos los plazos”. Las leyes de impunidad no incluían a los niños y niñas, lo que hicieron estos magistrados fue acumular expedientes, estrategia repetida en los casos de apropiación de personas. Este mecanismo perjudicó la búsqueda de las 2 nietas recuperadas de Mendoza, pues de ese modo dejaron de lado que los delitos de sustracción o supresión de la identidad tiene la particularidad de no extinguirse; es decir, omitieron investigar para encontrar a los y las niñas apropiadas.

Olga Inés Roncelli de Saieg

Era de la OCPO (Organización Comunista Poder Obrero) y fue secuestrada el 13 de septiembre de 1977, mientras trabajaba. Alfredo, su esposo, radicó la denuncia en la Comisaría 7ª de Godoy Cruz y el 28 de diciembre presentó el primer HC, que fue respondido negativamente por el juez Guzzo, estrategia permanente en este tipo de casos, repetida por Petra con posterioridad.
Olga, quien cursaba “un incipiente embarazo” habría sido vista en el D2 por última vez. Distintos/as testigos en esta Megacausa confirmaron que fue torturada en ese lugar.

Raúl Oscar Gómez Mazzola

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La lectura de su caso fue otro de los momentos conmovedores.
Raúl tenía 24 años, estaba casado con Liliana Millet y era padre de Facundo, de 2 años, cuando lo secuestraron, la madrugada del 17 de mayo del ’78. Su compañera denunció la captura y el robo de las pertenencias en la comisaría 7ª de Godoy Cruz e interpuso los HC correspondientes, que fueron rechazados por Petra. En diciembre de ese año surgieron distintas notas periodísticas acerca de la aparición sin vida de varias personas, por lo que el siguiente HC que realizó la familia solicitaba saber si alguno de esos cuerpos era Raúl. Tampoco en este caso se tomó medida alguna, ni siquiera para determinar si Raúl estaba entre los cuerpos encontrados. De nuevo Petra abrió camino para dejar en un marco de impunidad “al mismo grupo de tareas, que secuestraba y desaparecía personas”, enfatizó Salinas.
El caso de Roberto Roitman cerró la jornada. El hombre había trabajado como docente e investigador de la UNCuyo, cargos de los cuales lo expulsaron. Fue detenido junto con otros dos compañeros el 16 de enero de 1977 por la noche y llevado al D2.
El 19 de enero del ’77 se interpuso el HC a favor de Roberto, donde se denunciaba que había sido detenido por cuatro sujetos uniformados y una persona vestida de civil que los llevaron en un móvil policial. Este HC, con esos datos, fue rechazado por el juez Guzzo sin que se tomara otra medida de investigación. Felizmente, Roitman sobrevivió y se encontraba en la sala
El representante por el MEDH, Pablo Salinas concluyó su parte del alegato, aplaudido entre lágrimas y sonrisas.

El lunes 22 continuará alegando por el MEDH, el doctor Carlos Varela.

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