AUDIENCIA 127 / ALEGATO DE CARLOS VARELA (II PARTE)

23-02-16| En una exposición que incluyó referencias literarias, poesía y una sutil cuota de ironía, Carlos Varela concluyó su alegato en la causa de los jueces. En la fecha, revisó el tratamiento de los casos de 1975, reiteró algunos conceptos y demostró el doble estándar utilizado por los magistrados según quiénes cometieran los ilícitos. Concluyó tipificando la conducta de los jueces como omisión impropia. Cerró con una exhortación al Tribunal y una breve perfomance inspirada en la Cámara Lúcida de Roland Barthes.

GE DIGITAL CAMERA

En la jornada se abordaron casos de distinta calidad. Los asesinatos de Manuel Oviedo y de los sindicalistas Luis Alberto Granizo y Néstor López así como las privaciones ilegitimas de la libertad ocurridas entre el secuestro de las personas y los decretos que ordenaban su detención a disposición del PEN. También se revisaron algunas causas por infracción a la ley 20840.

Teresita Fátima Llorens

El 23 de enero de 1975 fue detenida y torturada en la Policía Federal. El 21 de abril de 1975, en su indagatoria manifestó haber sido torturada, ante estas expresiones Romano se esforzó en preguntarle qué hacía en Córdoba. Bueno es agregar que los Llorens son una familia cordobesa muy castigada por la muerte de varios de sus integrantes debido a sus vínculos con PRT/ERP. Su defensor fue Petra Recabarren, pero no se ocupó de la denuncia.

Néstor Ortiz y Florencia Santamaría

El 30 de abril de 1975 fueron detenidos en distintos lugares de Mendoza acusados del copamiento del ERP a una seccional de policía en El Algarrobal.
En 1977, prisionero en la U9 de La Plata, Ortiz amplió indagatoria ante el juez federal, negó los hechos que le imputaban, declarados bajo amenaza y denunció apremios ilegales en la comisaría 16ª de Las Heras. El expediente, de dos tomos, contiene nombres de policías a quienes no se investigó. El juez Guzzo tildó la declaración de “fantasiosa” y Romano cerró el expediente.

Manuel Osvaldo Oviedo

Manuel Oviedo fue secuestrado por cuatro sujetos vestidos de civil en un Falcon. Ante el recurso presentado por el abogado Santos Ghilardi Miret solicitó información a la policía federal, que negó haber detenido a Oviedo. El HC fue rechazado con costas y sin investigar. Finalmente el 24 de mayo del ‘75, fue encontrado en Ñacuñán el cuerpo acribillado de Manuel.

Caso Rivoletto Astudillo

En octubre de 1975 fueron detenidos durante una volanteada del ERP y acusados de tenencia de armas. Durante el procedimiento policial Bustamante fue herido por la espalda y todos los detenidos sometidos a apremios ilegales y requisa de sus domicilios.
En noviembre se había producido un robo a la empresa TRANA que no tenía acusados. Por el hecho fueron acusados por Romano, que actuaba entonces como fiscal. El propio Romano actuaría luego como juez, acumulando las causas, revocando el sobreseimiento provisorio que habían obtenido y condenándolos. No podía ser de otra manera: el fiscal que los había acusado actuó luego como juez.
En 1976 Rivoletto denunció torturas y amenazas mientras estuvo detenido en Maipú, igual que Julio Torres Silva, que declaró haber sido torturado y haber firmado con los ojos vendados. Sin embargo, en lugar de investigar estos hechos, Romano como procurador (de una causa en la que había sido fiscal y juez) los acusa por distintos delitos. Petra Recabarren, como juez, acepta las acusaciones y las declaraciones en sede policial.
En pocas palabras: las autoridades judiciales ocupan distintos roles, repiten la mecánica en materia de HC, desoyen las pruebas de la defensa y las denuncias por apremios.

Carlos Cangemi

“El Pichi”, como le decían quienes lo conocieron, fue detenido el 11 de noviembre de 1975 y conducido al D2, donde fue torturado. El 17 de noviembre del ’75 intentó denunciar los maltratos, pero cuando el entonces juez federal Luis Miret se lo impidió, por lo que Carlos se negó a declarar. El 15 de junio de 1976 declaró ante el juez ad hoc Juan Carlos Yazlli, denunció los malos tratos recibidos y solicitó revisación médica. Yazlli corrió vistas al cuerpo médico forense para que se le realizara un examen que nunca se efectuó. El expediente luego cayó en manos de Guzzo y Romano, que omitieron investigar y sometieron a Cangemi a prisión preventiva.

Luis Alberto Granizo

Fue detenido en compañía de Funes en noviembre de 1975. Ante su secuestro se interpuso un HC, que fue rechazado por Miret, quien notificó a Romano que actuaba como fiscal. Ese mismo día Granizo apareció asesinado a 300 mts del Centro Clandestino de detención Las Lajas. Granizo fue asesinado y su asesinato quedó impune sin que la justicia investigara.

Walter Hoffman

El caso está rodeado de hechos curiosos y anomalías.
Walter fue detenido luego del allanamiento de la casa paterna por personal de civil. El 21 de noviembre de 1975, mientras su padre, Jacobo, intentaba denunciar el allanamiento y el secuestro de su hijo, la comisaría 2º de ciudad fue asaltada y el declarante secuestrado. Cuando su sobrino, Samuel Breitman, intentó a su vez denunciar estos hechos, se negaron a tomarle declaración alguna.
Jacobo apareció caminando en Papagayos con un traumatismo encefalocraneano. Sin embargo, ante la aparición de su hijo Walter retiró las denuncias realizadas y declaró haber sufrido un accidente.
Varela reflexionaba sobre el doble estándar judicial: mientras la actuación de parapoliciales, secuestros, torturas y asesinatos no ameritaban investigación alguna (el expediente Hoffman tiene 4p.) las personas que participaban en organizaciones políticas, sindicales y sociales eran sometidas a meticulosas pesquisas, sus expedientes eran enormes, y sus pedidos de HC eran sistemáticamente rechazados.

Oscar Eduardo Koltes

El 22 de noviembre del ’75 fue secuestrado durante un operativo policial y llevado a la Comisaría 7ª de Godoy Cruz (donde lo torturaron.). Luego fue trasladado al Comando de la 8va Brigada.
Como en la mayor parte de los casos el decreto que lo ponía a disposición del PEN fue posterior a la detención. Por añadidura la “detención” (admitida por la legislación vigente) no autorizaba la serie de hechos ilegales que la acompañaron: golpes, robo, tortura. A diferencia de lo sucedido con Rivoletto, estos hechos no fueron investigados por el juez Petra, aun cuando había testigos y se sabía que las fuerzas armadas eran las responsables.

Atilio Luis Arra

El 22 de noviembre de 1975, 20 personas armadas lo secuestraron en su casa, luego de robar algunas pertenencias. Si bien en la denuncia hecha el 24 de noviembre, presentada por la familia, se mencionaban los destrozos y robo de bienes, Romano no promovió investigación y el juez Carrizo aceptó la determinación. Tampoco existía orden de detención, sólo había un informe del General Maradona.
La madre de Atilio presentó un HC donde solicitaba conocer la orden de detención y saber dónde estaba su hijo, pero los sellos de Romano y Carrizo impidieron investigar los indicios, que señalaban en dirección a las fuerzas armadas.

Ezequiel Ander Egg e Irma Zamboni de Ander Egg

La casa de los Ander Egg fue asaltada y Ezequiel se hallaba con paradero desconocido. El HC presentado por la familia fue rechazado por Miret pues, según dijeron, el hombre no estaba detenido. Tiempo después fue colocada una bomba en el garaje de la casa. El juez actuante, en este caso Romano, no investigó lo sucedido con Ander Egg y tampoco el atentado contra su casa.

Joaquín y Julio Rojas

Luego de un procedimiento en su vivienda, donde personal policial dejó la pintada “traidores al ERP” para adjudicar la acción a ese grupo político, los hermanos fueron secuestrados. Según los generales Santiago y Maradona, estaban a disposición del PEN, que expidió órdenes de detención en forma tardía. Ante las denuncias Carrizo y Romano sobreseyeron provisoriamente a los actuantes.
Joaquín fue testigo de la muerte del Chino Moriña, ocurrida el 12 de diciembre del ’75.

Jorge Bonardel

El 23 de noviembre de 1975 personal del Ejército Argentino irrumpió en su casa, sin orden de detención. El HC fue presentado ante Miret. Cuatro días después el PEN emite el decreto de detención. El hombre estuvo, en democracia, 4 días ilegalmente detenido, sin embargo el juez Carrizo rechazó el HC sin promover investigación.
Varela señaló que en el caso de Bonardel, Moriña y Hoffman es llamativa la presencia del juez militar Arnaldo Kletzer, quien oficiaba como vínculo entre la justicia federal y el ejército.

Doble estándar

GE DIGITAL CAMERA

La cobertura dispensada por la Justicia Federal a los grupos de ultraderecha fue caracterizada como doble estándar porque acentuaba el escudriñamiento tras los presuntos subversivos mientras que omitía investigar bombazos, secuestros y asesinatos; robos y demás delitos perpetrados por grupos parapoliciales y/o la patota del D2.
Para ejemplificar el abogado recordó que el Habeas Corpus presentado por el hermano de Néstor López fue rechazado in limine y horas después apareció su cuerpo sin vida. El expediente consta de una o dos fojas y nunca se investigó. En contraste la causa Rivoletto, que involucraba a un grupo del PRT capturado mientras panfleteaba, mereció una exhaustiva investigación. Varela exhibió al público el escuálido expediente del asesinado Néstor López y la voluminosa causa Rivoleto, que reúne varios cuerpos.

En el limbo

Carlos Varela presentó una sucesión de casos en los que las personas permanecieron detenidas ilegalmente desde la fecha de aprehensión hasta el Decreto que ordenaba quedar a disposición del PEN -Poder Ejecutivo Nacional-. En el caso de Carolina Abrales la orden del PEN está fechada 6 días después de su detención. Similar es el caso de José Lozano y Laura Botella, apresados en San Rafael; el decreto que los contiene fue emitido 11 días después del procedimiento. Igual situación registra Juan Carlos Montaña con 13 días de detención sin que mediara orden oficial. Más escandaloso aún es privación de la libertad de Miguel Ángel Rodríguez el 17 de diciembre del ‘75, quien recién en febrero del año siguiente figura en un Decreto del PEN. Las personas quedaban en una suerte de limbo porque estaban detenidas, pero no había ningún instrumento que explicara el cautiverio ni los motivos. Al respecto, Varela apuntó que ante esta irregularidad, los magistrados no tomaron ninguna medida. “No libraron oficio ni sacaron compulsas”. Además, a diferencia de lo registrado en otros puntos del país, tampoco analizaban la razonabilidad de las detenciones a disposición del PEN a pesar de los reclamos de los familiares.
En el caso de la detención de Samuel Rubinstein, también correspondiente al año 75, su esposa presentó un Habeas Corpus en el intervino Miret. Como en otros procesos contesta el Jefe del Ejército, Gral. Santiago, indicando que se encuentra detenido. El juez Carrizo solicita al Ejército que lo hagan comparecer ante su presencia, sin embargo los militares desoyeron el pedido del Juez. Insistió Carrizo y le respondieron que estaba en la Penitenciaría. A pesar del ninguneo, se acabó el trámite judicial.

Causas emblemáticas

Luis Moriña, un joven estudiante de medicina, fue detenido en noviembre de 1975. Inicialmente el Ejército admitió tenerlo bajo su jurisdicción hasta que, en diciembre, el Gral. Maradona informó que Moriña se había fugado. Por posteriores testimonios de sus compañeros se supo que murió debido a las torturas en un predio del Ejército. En los Habeas Corpus presentado por sus familiares intervinieron Miret y Romano y quedaron abiertos.
Ya en democracia, el abogado Alfredo Ramón Guevara retomó la causa y pidió le corrieran vistas a raíz de una publicación periodística que ubicaba a Moriña en Córdoba. Los jueces fueron indagados, así como el personero del Ejército, Landa Morón, a cargo de la Compañía de Comunicaciones de la VIII Brigada, donde Moriña compartió cautiverio con los hermanos Rojas, Hoffman y Daniel Pina, testigos del ensañamiento sufrido por el joven. Por supuesto Landa apeló al silencio, argumentando que nada recordaba sobre el caso y los jueces esquivaron las responsabilidades. Según Varela la causa estuvo impregnada de mentiras
Según sus compañeros lo último que escucharon de labios de Moriña fue que “le gustaban los días de primavera”, recordó el abogado. El joven permanece desaparecido.

Mocchi y otros

Esta causa arrancó en junio ’75 con la detención de Rosa y Jaime Torres, e incluye el apresamiento de Juan Carlos Dolz y la novia de Mochi hasta que a fines de agosto cayó un numeroso grupo entre los que se encontraban Juan Carlos Yanzón, León Eduardo Glogowski, María Susana Liggera, Prudencio Mocchi, quien fue alcanzado por una bala en el muslo. Todas y todos trasladados al D2, convergieron en sus calabozos con Raquel Miranda, Luz Faingold y Ricardo D’Amico secuestrados el mismo día. Fueron sometidos a torturas y luego procesados por la ley 20.840 bajo la competencia del juez Miret y el fiscal Romano.
Ya frente a los magistrados casi todos denunciaron torturas, robo de relojes, dinero en efectivo y cheques. Calvo relató que fue apaleado con saña, e incluso el médico que los revisó aconsejó rayos X para dimensionar el daño en el tórax. Por su parte Glogowsky destacó que había escuchado los gritos de su novia, Luz Fainlgold, pidiendo a los policías que no la ultrajaran. En este escenario, el fiscal pidió una serie de pericias sobre un arma, las cédulas y otra documentación hallada. Nada sobre los robos, el ultraje, la radiografía para Calvo, etc.. La investigación estaba claramente orientada a inculpar a los detenidos y a convalidar el accionar mafioso de la policía.
En cuanto a Faingold, Varela recordó que Miret inicialmente dispuso que la menor fuera restituida a la familia, pero inexplicablemente se retractó y la dejó detenida, infringiendo las leyes de minoridad. La jovencita por múltiples presiones calló, hasta que tiempo después denunció haber sido violada en los calabozos del D2.
Cuando recuperó su libertad, debido a la persecución partió a Uruguay, donde la Justicia Federal de Mendoza la siguió acosando.

Rabanal y otros

Esta causa se origina en febrero del ’76, con el apresamiento de Daniel Rabanal, por un auto robado. Ante el expediente, Varela observó que los primeros trámites cuentan con la firma de los intervinientes pero según avanza no hay rúbrica ni sellos.
Luego, cayó un numeroso grupo entre los que se encontraban sindicalistas de ATE y miembros de la JP –Montoneros. A todos se les adjudicó el homicidio del cabo Cuello, acaecido el mes anterior.
Alojados en D2 sufrieron amenazas, horribles torturas y ataques sexuales, incluso Miguel
Ángel Gil murió a causa de los tormentos. Días después las y los presos fueron presentados ante el juez Carrizo en un estado deplorable y alguna/os esbozaron un relato lo sucedido; Marcos Ibáñez identificó a dos policías: García y Liguria mientras Rabanal se negó a declarar. Nada de esto fue tomado en cuenta por el fiscal Romano. La acusación la hizo en base a la declaración firmada en el D2, los imputó por el homicidio del cabo Cuello y los condenaron. Lo llamativo es que no hay en el expediente, nada relacionado a éste policía Un verdadero atropello a la razón.
La sustanciación de la causa fue tan escandalosa que el propio Guillermo Petra, que intervino como defensor oficial de los detenidos, hizo los señalamientos de los disparates que contiene la causa.

Santiago Illa

GE DIGITAL CAMERA

Periodista en San Rafael fue detenido días antes del golpe del ’76. Fue alojado en la Penitenciaría, el 14 de mayo le comunicaron que saldría en libertas. Illa se despidió de sus compañeros pero en la guardia fue entregado al suboficial Fuertes, del Ejército y nunca más se supo de él.
Tanto la madre como la esposa presentaron Habeas Corpus ante la Juzgado Federal lo que no merecieron en trámite de estilo.
Para finalizar su alegato, el abogado invitó a Luz Faingold para que leyera la última foja del expediente Illa. Se trata de una carta del 11 de mayo de 1976, escrita por Silvia Faget a su esposo, que nunca llegó a manos de Santiago.

Conclusiones

Como corolario de la extensa jornada, el abogado Varela concluyó que en el convulsionado escenario previo al golpe, si bien había algunas disposiciones de excepción, los magistrados contaban con el código procesal vigente pero lo violaron permanentemente. No valoraron pruebas ofrecidas por testigos referidas a los secuestros, robos, allanamientos y demás vejámenes que consintieron a sabiendas. La Justicia Federal “no hizo, omitió”, enfatizó el querellante.
Se remitió a Carlos Nino en su obra “8 Lecciones de Etica” para referirse a las características de las omisiones y consideró que en este caso se trata de los que “no hacen lo que es fundamental”, dijo. Definió como omisión impropia lo verificado estos casos.
Asimismo recordó que la Justicia es el poder que tenemos los ciudadanos y ciudadanas; advirtió que las víctimas fueron defraudadas durante la etapa que analiza este juicio de lesa humanidad y deben ser reparadas, En esa línea solicitó al Tribunal que en nombre de la Justicia Federal, en tanto poder del Estado, pida disculpas por su actuación.
Cerró con una breve y fuerte intervención consistente en la exhibición de un gancho rechazo de HC y un sello archivo. Ilusión y realidad, dijo, y señalando a las víctimas entre el público enfatizó: “esta es la realidad”

La próxima audiencia será el lunes 29, en horario habitual.

Ver fotos AUDIENCIA 127

MÁS INFO EN “CRÓNICAS AL DÍA”