AUDIENCIA 135 / ALEGATO FISCALÍA IV: LAS CAUSAS DISFRAZADAS

04-04-16| El fiscal Dante Vega culminó con los casos relacionados con la Causa Rabanal. Se refirió a Miguel Ángel Gil, Olga Vicenta Zárate, Guido Actis y Haydeé Fernández y luego formalizó las acusaciones contra los dos ex policías imputados, Eduardo Smaha y Armando Fernández, ambos ya condenados a prisión perpetua en juicios anteriores. Seguidamente la fiscal Patricia Santoni comenzó con el análisis de las causas que tuvieron como víctimas a Alicia Peña, Alberto Scafatti y Francisco Hipólito Robledo.

Fiscal Dante Vega

Miguel Ángel Gil

Con 32 años, fue detenido el 10 de febrero de 1976 en su domicilio en Godoy Cruz. Gil era delegado gremial de ATE y trabajaba en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Para Dante Vega representa un caso emblemático de la perversidad del Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza. No sólo respecto a la tortura salvaje sino también en cuanto a la falsedad de los documentos.
En el expediente de su detención no consta un acta de aprehensión, por lo que las circunstancias de captura las conocemos por un hábeas corpus presentado por su madre, Rosa Rojas de Gil.
Lo llevaron tres policías que aunque dijeron ser de la Comisaría 34, en el expediente se anotó que fue personal de la Dirección de Investigaciones. Es conducido directamente al D-2 pero su detención no se registra sino después de estar secuestrado.
En el expediente también hay una constancia del traslado de Gil al Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza. Figura la indagatoria sin firma ni sello y se lee que “el escribiente no puede firmar por intensos dolores en su mano”. El fiscal hace notar que en ningún lado mencionan que se lo torturó con saña hasta prácticamente darle muerte. No sólo eran golpes sino también se lo castigaba sin darle agua, lo picaneaban y lo colocaban en la base de la tristemente famosa pirámide humana. Varios testimonios confirman la situación moribunda de Miguel Ángel Gil en su detención. Entre ellos: Rule, Rabanal, Ontiveros y Actis.
El D-2 intenta disfrazar lo que no es otra cosa que homicidio agravado por torturas, en una enfermedad de Gil. Estando todavía oficialmente en democracia, no querían que muriera en dependencias policiales, por lo que intentan trasladarlo. Hay una constancia de pedido de servicio médico del 21 de febrero de 1976 y se lo lleva a la Penitenciaría Provincial. Aunque anteriormente se documenta que tenía una insuficiencia cardíaca producto de una vieja várice en una pierna, al momento de ingresar al penal, un médico constata que padecía de midriasis paralítica (dilatación de la pupila como consecuencia de un grave traumatismo ocular), arreflexia total (ausencia total de reflejos neurológicos) y respiración refleja.
Irrisoriamente, el Jefe del D-2 anota que es necesario intensificar el control de los detenidos para evitar situaciones análogas. En la necropsia de Miguel Ángel Gil se anota una lesión en la pierna izquierda de 30 x 10 cms. infectada, una septicemia generalizada y un paro respiratorio.

Vicenta Olga Zárate

Ella y sus tres hermanas eran militantes de Montoneros. Dos de ellas, Manuela y María Angélica, están actualmente desaparecidas. Olga Zárate fue detenida el 12 de febrero de 1976 internada en el Sanatorio Policlínico de Cuyo luego de una operación uterina. Sin orden alguna, el cuerpo de infantería a cargo de Carlos Rico, arma una ratonera y ella es incomunicada. El 21 de febrero es trasladada al D-2.
Dante Vega mostró que Zárate declara ante el juez Guzzo en 1977 y mencionó que la detuvieron personas de particular. La llevaron a una celda, ingresó un hombre que la manoseó y ante su resistencia, él dijo: “el que la va a gozar soy yo, no vos”. La atacó sexualmente. También la torturaron con picana y la hicieron formar parte de la pirámide humana.
En la indagatoria en la calle Mitre prefirió abstenerse por su estado físico. El 26 de febrero de 1976 fue llevada a la Penitenciaría Provincial y el 21 de septiembre a Devoto.

Guido Actis

Trabajaba en la Dirección de Estadísticas y Censos, era delegado gremial de ATE y militante de la Juventud Peronista. Tenía 25 años y había terminado de cursar la carrera de ingeniería electrónica.
El 13 de febrero de 1976 sufre un intento de secuestro en el centro de Mendoza. Cuatro personas que iban en un auto Dodge 1500 color naranja y armados intentaron detenerlo. Actis gritó para llamar la atención, se agarró de una reja para que no lo subieran al auto y le dispararon en una mano para que se soltara. Un hombre que pasaba pensó que se trataba de un robo e intervino. Los secuestradores se retiraron.
Pero Actis fue detenido el 20 de febrero de 1976 en su domicilio. Cuando se lo llevan, la madre lo siguió en su auto particular. Bajó en el D-2 y vio en el playón al Dodge 1500 en el que iban los hombres que intentaron secuestrarlo una semana antes. Declaró en este juicio que cada vez que lo sacaban de su celda era para recibir una golpiza sistemática.
Cuando fue llevado a la calle Mitre para declarar, un secretario que era conocido de Actis por el ambiente del rugby, le dijo que no declarara “porque el escribiente es policía”. En septiembre de 1978 fue trasladado a la Unidad N° 9 de La Plata. Lo dejaron en libertad en 1982.

Haydeé Clorinda Fernández

Como abogada era parte de una gremial. Su suerte fue la misma que la de otros defensores de presos políticos. La detención de Fernández fue el 16 de marzo de 1976, casi un mes después de la última del operativo Rabanal. Como defensora de un detenido en enero, había solicitado una audiencia al juez Carrizo en la que pidió el cese de torturas.
El 10 de marzo, ese juez decretó la captura de muchos, entre ellos de Haydeé Fernández. Seis días después, efectivos del D-2 la sorprenden en su estudio jurídico y la detienen. Ella declara en este juicio que los secuestradores eran personas de civil con armas y sin orden de detención.
Atada, con mordaza en la boca y mediando picana la interrogaron acerca de su trabajo y de sus colegas. Como consecuencia de la tortura le sale un quiste de gran tamaño en el pecho. En Devoto se enteró de que su detención se vinculaba a la Causa Rabanal. Aunque asesoró a familiares de detenidos, aseguró que no formaba parte de Montoneros. Obtiene su libertad total a mediados de 1981.

Smaha, Fernández y Oyarzábal

Estos tres hombres son los imputados en esta causa. Como Oyarzábal falleció, sobre Smaha y Fernández recaen las acusaciones.
El fiscal Dante Vega acusa a Eduardo Smaha y a Armando Fernández por los siguientes delitos, de lesa humanidad y cometidos en el contexto del delito internacional de genocidio: Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, en el caso de Miguel Angel Gil, privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes, en 11 casos; tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas, en relación a 12 casos; homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, por el caso de Miguel Ángel Gil; violación perpetrada por el uso de la fuerza o intimidación, agravada por la calidad de autor, personas encargadas de la guarda y por haber sido realizada por dos o más personas, en los casos de Silvia Ontiveros, Olga Zárate y Stella Maris Ferrón y abuso deshonesto perpetrado por uso de fuerza e intimidación agravada por la calidad de autor, personas encargadas de la guarda, en 7 casos.

Compulsas inconclusas

Por las declaraciones de Silvia Ontivero y Fernando Rule se citó a declarar a Pedro Dante Sánchez Camargo, exjefe del D-2, al médico de la cárcel Fernando Héctor Esponda y al doctor Carlos Guillermo De Cicco del D-2. No se registró ninguna investigación.

Abusos represivos y judiciales

Alegatos

La doctora Patricia Santoni comenzó el abordaje de tres causas que tienen características comunes. Se trata de los casos que involucraron a Alicia Peña, Alberto Scafatti y Francisco Robledo, tres ex detenidos de militancia similar (Peronismo de Base y JP) que desarrollaron intensa actividad comunitaria. Sus secuestros fueron en operativos militares desarrollados con excesivo despliegue, amenazas y maltratos. Otras notas en común fue que los derivaron al D-2, donde fueron torturados, luego a la Penitenciaría provincial y después trasladados a otras cárceles. Además les formaron Consejos de Guerra que se declararon incompetentes por lo que sus causas terminaron en manos de la Justicia Federal. Los hechos se iniciaron en abril de 1976.

Alicia Peña

Tenía 20 años el 1 de abril de 1976 cuando fue secuestrada. Vivía con sus padres en San Juan y Garibaldi, de Ciudad, era docente en la escuela República de Cuba y catequista en la Parroquia San José. También estudiaba en la Facultad de Filosofía y Letras, donde era delegada de los alumnos. Desarrollaba una activa participación como militante de la JP y miembro del SUTE.
En el actual juicio Alicia dio testimonio en 2014, el que fue coincidente, sin ningún tipo de contradicción con declaraciones anteriores realizadas en 2007 y 2010 y más aún, con la declaración indagatoria que le tomó el ex juez Carrizo en 1977. También hizo dos reconocimientos fotográficos, en 2007 uno y en 2010 otro, con el álbum de fotos de represores ampliado y no difirió en sus apreciaciones.
En el operativo de secuestro participaron cerca de 20 personas, con ropas militares y a la medianoche. Además de llevarse a Peña, robaron libros, cigarrillos y dinero. Dejaron la casa custodiada durante 12 horas, incluso con un efectivo en la habitación de un menor de 11 años, hermano menor de Alicia. Otro hermano y la madre dieron cuenta de esto en sus denuncias.
En el D-2 vivió lo que ella describió como “un escenario dantesco”. Lo dijo cuando testimonió en este juicio al relatar las torturas, que incluyeron ataques sexuales. La obligaron además a presenciar una sesión de tormentos contra Francisco Robledo, a quien conocía por tener una amiga en común. En los reconocimientos fotográficos identificó a dos de los violadores, Mario Esteban Torres Pérez y Manuel Bustos Medina (“Mechón Blanco”), ambos ya fallecidos pero también reconoció entre los represores a Miguel Tello que está actualmente entre los acusados aunque en otras causas.
Está suficientemente probado que Alicia Peña estuvo 22 días en el D-2. Numerosos testimonios dan cuenta de ello como también el documento firmado por el jefe de ese CCD, Pedro Dante Sánchez Carmargo, cuando la remite a la Penitenciaría Provincial.
En la cárcel de Boulogne Sur Mer permaneció cinco meses junto a cerca de 30 mujeres más, algunas de ellas con sus hijos pequeños y todas a disposición del PEN. Fue revisada por un médico que advirtió las lesiones en todo el cuerpo pero no le preguntó nada. Estaban todas incomunicadas y con largos espacios de encierro total por lo que debían hacer sus necesidades en un tarro de Leche Nido. En julio de ese mismo año hubo una severa requisa que incluyó un simulacro de fusilamiento con todas las mujeres, incluidos sus hijos e hijas, contra una pared.
El 29 de setiembre Alicia fue trasladada a Devoto y allí estuvo hasta el 12 de diciembre de 1977 cuando la trajeron nuevamente a Mendoza. Recordó la doctora Santoni que los traslados eran otra forma de tortura, por la incertidumbre que generaba en las víctimas, sumada al distanciamiento de las familias.
En Devoto le formaron el Consejo de Guerra, del que ella nunca tuvo conocimiento. Estaba en la misma causa que el abogado Héctor Rosendo Chávez, Hilda Núñez, Rubén Rizzi, Víctor Cuello y Francisco Robledo. Ese Consejo se declaró incompetente en mayo de 1978 y giró las actuaciones a la Justicia Federal que las recibió el 28 de diciembre de ese año con la carátula “Fiscal contra Rizzi, Rubén y otros por infracción a la ley 20840”. El juez Guzzo se declaró competente y el 20 de marzo de 1979 Alicia Peña fue llevada a declarar al Juzgado Federal en calle Las Heras. Tras relatar todos sus padeciemientos concluyó que se sentía agobiada y ultrajada.
Casi un mes después, Guillermo Petra Recabarren se notifica de su designación como defensor de Peña y pide que se investiguen las denuncias de apremios a lo que el juez Guzzo hace lugar aunque finalmente la causa fue sobreseída.
Luego de esto la causa de Alicia siguió un largo y entrampado derrotero judicial con múltiples idas y vueltas y otro traslado a Villa Devoto. Recién en 1982 recuperó la libertad.
En esta causa Armando Fernández y Eduardo Smaha son considerados por la Fiscalía como autores mediatos de los delitos de privación abusiva de la libertad agravada, tormentos agravados por la condición de perseguida política de la víctima, violación y abuso deshonesto y como integrantes de una asociación ilícita.

Alberto Scafatti

Defensa y acusados

Trabajaba como médico en el Matadero Frigorífico Mendoza cuando fue detenido el 14 de abril de 1976, un miércoles previo al inicio de Semana Santa. Tenía entonces 25 años y militaba en el Peronismo de Base. La aprehensión no tuvo la violencia de otros casos, pero sí fue realizada con un desproporcionado despliegue militar, sin orden de un juez, sin decreto de arresto y sin explicaciones, salvo que fue nombrado por un detenido durante una sesión de tortura en la Comisaría 7 de Godoy Cruz.
Lo llevaron al D-2, a un sótano, donde permaneció por lo menos 4 días sin recibir comida ni agua. Fue interrogado y aunque no lo picanearon sí lo golpearon y maltrataron psicológicamente. “Éramos unos juguetes para ellos”, recordó Alberto, quien antes de este juicio prestó declaración otras tres veces, incluida la indagatoria ante el juez Guzzo en 1979.
Siempre recordó como un infierno su paso por el D-2 y que quizás, por no haber sido sometido a descargas eléctricas, pudo vivenciar con más nitidez los hechos. Así recordó haber visto a Alicia Peña muy maltratada y herida; a Marité Carrier embarazada; Francisco Robledo y a un grupo de la Juventud Guevarista cuyos integrantes sufrieron todo tipo de torturas. Vio a un muchacho de nombre Daniel Moyano, un pintor de Uspallata llevado allí por ser homónimo del Daniel Moyano que también estuvo en el D-2 y murió allí a consecuencia de las torturas. Scafatti, como otro testigos, se refirió a la presencia de médicos en el CCD.
El 21 de julio fue trasladado a la Penitenciaría y el 27 de setiembre a La Plata. En ese interín se le formó Consejo de Guerra, que se declaró incompetente y pasó las actuaciones a la Justicia Federal. Del paso por la cárcel local nombró a los penitenciarios Bianchi y Linares y mencionó a “La Peluquería” como la sala de torturas.
En cuanto a la causa judicial Scafatti fue visitado en La Plata por el juez Guzzo quien le informó que lo acusaban de asociación ilícita y de poseer material subversivo. El fiscal Romano pidió su prisión preventiva dando por válidas las declaraciones tomadas en sede policial, pero Guzzo dictó el sobreseimiento provisorio y en junio del ’77 Scafatti recuperó la libertad.
Ese mismo año conoció a Romano como compañero de estudio en el Instituto Goethe. Este le dijo que solicitara el sobreseimiento definitivo que él se lo iba a dar y así ocurrió el 9 de setiembre de 1977. El mismo trámite hizo Mario Gaitán pero aquí Romano se lo negó.

Este martes continuará el alegato de Patricia Santoni, que se iniciará con la causa de Francisco Robledo.

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