AUDIENCIA 138 / ALEGATOS SANTONI IV: LAS EVIDENCIAS DEL HORROR EN EL D-2

18-04-16| En la continuidad de su alegato la fiscal Patricia Santoni se refirió a las causas relacionadas con Jorge Vargas, abogado desaparecido, y dos mujeres secuestradas junto a sus pequeños hijos: María Luisa Sánchez Sarmiento (esposa de Vargas) y Alicia Morales de Galamba. También abordó los hechos que tuvieron como víctimas a Ramón Alberto Córdoba y Elbio Miguel Belardinelli. En todos los casos registran paso por el D-2.

Miret - Bianchi - Camargo - Moroy

Familias perseguidas

Jorge Vargas, nacido en 1943 en San Juan, fue un reconocido abogado que defendió a trabajadores afiliados a los sindicatos SMATA, Gráficos y Mineros. Militó en la Juventud Peronista y en Montoneros. Se casó con María Luisa Sánchez Sarmiento, quien no tuvo ningún tipo de participación en organizaciones políticas o sociales.
La persecución contra Vargas comenzó con la década del ´70. Ya en 1971, en paralelo con la desaparición del matrimonio Verd-Palacio, sufrió un intento de secuestro en San Juan. Su resistencia a los gritos y la salida de los vecinos a la calle impidió que lo atraparan. No obstante, frente al acoso cívico-policial, él y María Luisa decidieron irse a Buenos Aires, pero la misma noche que llegó Vargas fue detenido aunque por poco tiempo. Le dieron la libertad con la condición de que se fuera del país, por lo que el matrimonio emigró a Venezuela y luego estuvo en Chile y en Perú. En 1973, tras el triunfo en las elecciones de Héctor J. Cámpora la pareja volvió al país.
Pero la persecución continuaba por lo que cambiaban constantemente de domicilio y de provincia, entre Mendoza y San Juan y pasaron a vivir en la clandestinidad. Dos hermanos de Vargas –Luis y Humberto- corroboraron en este juicio que Jorge era hostigado permanentemente. El matrimonio había decidido la separación y María Luisa se fue a San Juan. Mientras tanto, compartían vivienda con otra pareja, formada por Juan José Galamba y Alicia Morales, enrolados primero en el Partido Socialista Popular y después en la Juventud Universitaria Peronista.
El 12 junio de 1976 –sábado- Vargas salió por la mañana y nunca regresó. Por lo tarde ocurrió algo similar con Galamba, quien fue a buscar comida y en el interín ocurrió lo que la doctora Santoni consideró como la invasión –no allanamiento- de la casa. Galamba logró permanecer escondido hasta mayo de 1978 cuando fue secuestrado y desde entonces está desaparecido.
En aquel operativo de junio ingresaron violentamente al inmueble de calle Rodríguez de Ciudad y provocaron severos daños. Sánchez Sarmiento estaba con sus niñas María Josefina, de 5 años, y María Soledad, de un año y medio. Morales tenía sus hijos Natalia, de 2 años, y Mauricio, de sólo dos meses. A las dos madres las ataron y encapucharon y se las llevaron al D-2 junto a los niños.
La fiscal Santoni explicó que hay como prueba un acta con la carátula “Procedimiento Montoneros causa Luna” plena de irregularidades como que señala que el hecho ocurrió el 13 de junio y no el 12, lo que fue reprochado entonces por el defensor oficial, Guillermo Petra. Como era costumbre de los grupos de tareas, se quedó una consigna en la casa invadida y luego de algunos días llegaron los padres de Alicia Morales, quienes encontraron todo revuelto y el faltante de electrodomésticos y numerosos bienes. Sólo les devolvieron mesas, sillas y estufas.
Los hijos de Alicia Morales fueron entregados el día 13 a sus abuelos maternos y las niñas de María Luisa Sánchez Sarmiento fueron recuperadas por los padres de ella el día 14. Aquí también se registraron “errores” de fechas en la documentación, advertidos por Petra. Está probado que cuatro niños y niñas fueron privados/as ilegítimamente de la libertad en el D-2.
Las dos mujeres fueron sometidas a interrogatorios. Los padecimientos se agravaron para Sánchez Sarmiento cuando el 28 de junio le dijeron que se preparara para salir y ella creyó que recuperaba la libertad pero era para asistir al velorio de su hija mayor, quien manipulando un arma que había en la casa de su abuelo se disparó en la sien y falleció. Por el comprensible dolor sufrido, María Luisa sólo declaró una vez ante el juez Guzzo y otra ante un tribunal militar y no volvió a hacerlo. Pero sí se pudo reconstruir parte de lo que le sucedió por otros testimonios, como el de su compañera de celda, Alicia Morales. A ella le dijo que en el sótano del D-2 vio y habló con Vargas, quien estaba herido y le contó que habían obligado a su hija de 5 años –la que días después murió por el tiro en la sien- a presenciar su tortura.
Que Vargas –actualmente desaparecido- estuvo en el D-2 lo confirmaron Alicia Morales, Roque Luna, Héctor García (habló con él y supo lo de la hija llevada a ver la tortura a su papá), Rosa Gómez, Eduardo Morales y Antonio Savone. Todos lo vieron o lo escucharon. También queda acreditado que en el D-2 hubo dos sitios de confinamiento: las celdas que hoy son Espacio de la Memoria y el sótano, que ya no está, y en el que los detenidos políticos compartían encierro con mujeres en situación de prostitución, cuya generosidad y solidaridad ha sido reflejada en numerosos testimonios.
Sánchez Sarmiento y Morales permanecieron en el D-2 hasta el 19 de octubre de 1976 cuando fueron llevadas a la Penitenciaría y luego a Villa Devoto. Allí fueron liberadas entre el 25 y el 26 de noviembre pero poco después fueron detenidas nuevamente porque les habían formado Consejo de Guerra, que las condenó a 4 años. Recién en 1980 recuperaron la libertad.
En dos reconocimientos fotográficos realizados en distintos años Alicia Morales reconoció a personal del D-2: Hugo Bracón (quien usaba la ropa del marido de Alicia), Isaac Montes, Francisco López (apartado de la causa por razones de salud), Joaquín Díaz, Alfredo Castro, Luis Alberto Rodríguez Vázquez, Pablo Gutiérrez Araya (le sacó las niñas a Sánchez Sarmiento), Miguel Tello, Manuel Bustos Medina y Mario Torres.
Están imputados Gutiérrez Araya, Rodríguez Vázquez y Tello, quienes se desempeñaron en el D-2, 7, 5 y 8 años respectivamente.
Para los tres la Fiscalía sostiene la acusación de:

  • Privación abusiva de la libertad agravada en perjuicio de Jorge Vargas, María Luisa Sánchez Sarmiento, Alicia Morales, Natalia Galamba y Mauricio Galamba (no están incluidos los hijos de matrimonio Vargas-Sánchez Sarmiento).
  • Privación abusiva de la libertad agravada por la condición de perseguidos políticos de las víctimas en perjuicio de Vargas, Sánchez Sarmiento y Morales.
  • Homicidio doblemente agravado en perjuicio de Vargas.
  • Asociación ilícita.

Ramón Alberto Córdoba

Alegato Patricia Santoni

Era empleado bancario. Trabajaba las mañanas en la sucursal Villa Nueva del Banco Mendoza, y en la tarde en la casa matriz. Estaba casado, militaba en la Juventud Peronista y se circunscribió a la actividad gremial.
El 30 de julio de 1976 manejaba temprano por la Costanera y a la altura de la Terminal de Ómnibus se le atravesaron algunos autos. De ellos bajaron personas con barbas y cabellos largos y postizos. Sacaron a Córdoba de su vehículo, lo tiraron al piso, lo ataron y lo detuvieron sin decir que lo llevaban al D-2.
La celda en la que lo pusieron medía un metro cuadrado. Desnudo y atado a un banco de madera, lo interrogaron bajo tortura. Las preguntas que le hacían eran respecto a su participación en el gremio. Sólo aparecía un médico para corroborar que al hombre se le pudiera seguir aplicando picana eléctrica.
Después de cambiarlo de celda, lo tuvieron un tiempo sin agua ni comida. Aunque no lo volvieron a llevar a la sala de torturas, el maltrato continuó dentro del calabozo.
Ramón Alberto Córdoba reconoció su anillo de casamiento en la mano del oficial Manuel Bustos Medina, a quien mencionó además como el violador de Rosa Gómez.
El 12 de octubre de 1976, Córdoba, junto con Luna y Belardinelli, fue llevado a la Comisaría Séptima. Dos meses después es trasladado al pabellón de presos políticos de la Penitenciaría Provincial. De esos lugares recuerda golpes, requisas y violencia constantes.
Mencionó también que fue sometido a un Consejo de Guerra durante su estancia en la Penitenciaría. Dijo que parecía una obra de teatro, una situación muy grotesca en la que ni su defensor lo defendía.
El 2 de junio del 77 declaró ante el juez Guzzo todo lo sucedido, incluyendo el abuso sexual que constituye la aplicación de la picana en los genitales. Fue trasladado varias veces y todos los vuelos y llegadas a prisión eran maltratos.
El hecho de estar todo el día trabajando en el banco, hizo que Córdoba reconociera a varios policías. En este caso subsiste la acusación en contra de Marcelo Rolando Moroy por ser coautor de:

  • Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes.
  • Tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima.
  • Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor de la persona encargada de la guarda
    Posteriormente, junto con los demás, se formulará la acusación por asociación ilícita.

El caso que confirma las culpas

La muerte del policía Humberto Armando Hernández Guerra permite en la actualidad fundamentar acusaciones por parte de la Fiscalía. Este hombre fue herido de bala en el procedimiento con máxima violencia en el que personal policial ingresó a la casa de José Antonio Rossi y terminó secuestrando a la pareja de Rossi, Stella Maris Ferrón. Cuatro días después murió Hernández y en la constancia policial que data su baja se menciona que le provocó la herida una bala en un operativo en el que participó activamente Juan Agustín Oyarzábal junto con ocho policías. Uno de ellos era Moroy. Esto quiere decir, concluyó Patricia Santoni, que se cae la coartada de que cumplían tareas administrativas y de archivo. Lo que hacían era participar en procedimientos ilegales de allanamiento, secuestro, torturas, y demás.

Elbio Miguel Belardinelli

Audiencia 138

Vivía en Rivadavia, era casado y trabajaba en su taller de tornería. Militaba activamente en el peronismo y fue congresal provincial.
El 7 de julio del 76, a sus 43 años, fue detenido y soltado esa misma noche porque no existía una causa en su contra. Solamente figuraba su firma como garante de un alquiler de Emilio Assales, hoy desaparecido.
Sin embargo, el 18 de agosto de ese año, un policía llegó a su taller y le dijo que el comisario Guevara lo mandaba a llamar. Cuando Belardinelli se acercó a la comisaría, le hicieron sacarse los zapatos y el cinturón y lo llevaron detenido al D-2. Estuvo tres días sin comer ni tomar agua. Otras mujeres detenidas por su situación de prostitución le dieron algo de beber. Nunca supo la causa de su detención. Su esposa se enteró que él estaba en el Palacio Policial porque un conocido le dio el consejo de que le llevara ropa limpia y pidiera su ropa sucia. Así hizo y constató el paradero de su marido.
El 12 de octubre, como se dijo anteriormente, lo condujeron a la Comisaría Séptima. El 17 de noviembre declaró ante el juez Guzzo, quien resuelve darle la libertad. A pesar de esto, al otro día es llevado al penal de la provincia hasta el 6 de diciembre, fecha en la que fue trasladado a Unidad n°9 de La Plata. Le otorgaron su libertad recién en diciembre de 1977 y nunca supo por qué le habían privado la libertad.
Por este caso subsiste la acusación en contra de Armando Hipólito Guevara. Al recaer cargos sobre la misma persona por otros casos, la fiscal va a formular los cargos en la audiencia de este martes.

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