AUDIENCIA 141 / ALEGATOS – FISCALÍA REFORMULÓ ACUSACIONES

03-05-16| En una nueva jornada, con la presencia de Jorge Auat, finalizó el abordaje del operativo de abril del ’77. La Fiscalía analizó la causa por la desaparición del matrimonio Fernández-Gutiérrez y de Juan Montecino, abatido en el procedimiento. También reformuló la acusación contra tres policías de la Seccional 16º para quienes solicitó se los juzgue por encubrimiento.

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El matrimonio formado por María Eva Fernández y Manuel Gutiérrez era oriundo de Gral. Alvear y tenía una hija de 5 años. Se habían trasladado a Mendoza debido a la persecución política. En su casa de Las Heras dieron cobijo a Juan Montecino, quien tenía orden de captura por la Ley 20840. El hombre estaba casado con Hilda Núñez la que lo acompañó por un tiempo, pero regresó a Gral. Alvear, junto a sus tres hijos, debido a la inseguridad que padecían. Sin embargo, en su ciudad natal, Hilda Núñez fue capturada en diciembre de 1976, llevada al D2 y luego a la Penitenciaría. En su legajo consta que la detención tiene por fundamento “ser concubina de un subversivo”.

El 9 de abril de 1977, por la mañana, María Eva salió a hacer trámites y dejó a su hijita en casa de un vecino pero nunca regresó. Es todo lo que se sabe de ella.

En el curso de la misma mañana, dos hombres vestidos de civil ubicaron a la niña y tras amenazarla con un arma, la obligaron a entregarles las llaves del departamento. En la vivienda montaron una ratonera. En la primera hora de la tarde llegó de su trabajo Manuel Gutiérrez; a la entrada fue aprehendido y violentamente arrojado en un auto que se alejó del lugar.

Un grupo numeroso siguió ocupando la casa en actitud de espera. Al filo de la medianoche llegó silbando Juan Montecino, lo invitaron a entrar, lo redujeron e interrogaron por media hora dentro de la vivienda. Luego, lo sacaron a la calle, no se sabe si por sus propios medios o a solicitud de los secuestradores. Montecino salió corriendo; entonces le dispararon a quemarropa y quedó tendido en la vereda, a metros del lugar. Herido, o tal vez muerto, fue cargado en una furgoneta que partió con rumbo desconocido. Los tres, María Eva Fernández, Manuel Alberto Gutiérrez y Juan Manuel Montecino, al día de hoy, continúan desaparecidos.

Este operativo duró 15 horas y cuenta con el testimonio de los vecinos, gracias a los cuales se pudieron reconstruir los hechos de marras.

Cabe destacar que la patota se enseñoreó en el lugar hasta el 13 de abril cuando Celia Lillo, madre de Gutiérrez, pudo entrar a la casa de su hijo para comprobar que había sido saqueada. La mujer expuso lo sucedido en la Seccional 16º, denuncia que nunca se investigó.

Al igual que en los otros procedimientos de abril del ’77, actuaron fuerzas conjuntas, pero en este caso particular, cuando los crímenes ya se habían consumado, llegó al lugar un móvil de la Seccional 16º con personal de esa dependencia. Así lo confirma la declaración indagatoria al Jefe del D2, Pedro Sánchez Camargo, quien aseguró, en 1987, que en el operativo “había gente mía (del D2) y de la 16º”. También lo demuestran los libros de esa Seccional que marcan la ruta y horario cubiertos por el móvil “Oscar 47”, a cargo de los policías acusados.

Por otro lado, el fiscal Dante Vega, resaltó que se falseaban permanentemente las actuaciones sumariales. En este caso, como otros, se hablaba de “enfrentamientos”, en los que curiosamente, morían subversivos y los represores no sufrían bajas. “Se trataba de ejecuciones sumarias”, dijo.

Asimismo, recordó que en el marco de este operativo de abril del 77’ fueron asesinados María del Laudani y Jorge José, oriundos de Mar del Plata. Esta pareja fue emboscada en la zona de San José de Guaymallén por fuerzas conjuntas de la Policía Federal, de la Provincia e incluso uniformados del Ejército. Según la versión oficial se trató de un enfrentamiento en el que los militantes dispararon armas de fuego y granadas contra las fuerzas conjuntas. Sin embargo, la prueba del guantelete efectuada al matrimonio Laudani –José, anotada en la necropsia, dá cuenta de que no había rastros de pólvora en las manos derecha e izquierda de ambas víctimas. Además de estas dos personas, en el operativo de abril del ’77 fueron ejecutados Ana María Moral y Luis López Muntaner.

Responsables con mando

Alegato

Paulino Enrique Furió: En 1975 ascendió al grado de Teniente Coronel. El 30 de diciembre de 1976 fue designado jefe de la División 2 de Inteligencia. En este cargo era miembro principal de lo que se denominaba “Estado Mayor” en el Comando de la 8ª Brigada de Infantería de Montaña.
Allí era el principal responsable de “todos los aspectos relacionados con el enemigo” y director de las actividades de reunión de información y su procesamiento. Argumentó Furió, como muchos otros, que su actividad durante este periodo era en relación al posible conflicto con Chile. El enemigo que mencionan era el externo. Pero eso se contradice con la reconstrucción histórica del Terrorismo de Estado que se ha hecho, en donde el enemigo era interno y subversivo.
En su declaración, dice el fiscal, Furió “se dedicó a negar genéricamente su vinculación con los hechos y argumentó que ni siquiera conocía a las víctimas”. Sin embargo, en 1980 él mismo confirmó los operativos de los que fue responsable, al querer fundamentar un pedido de ascenso.
Demostradas las tareas de inteligencia previa, se lo acusa de ser autor mediato de:

  • Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, en 13 casos
  • Homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, en 13 hechos.
  • Tormentos agravados por la condición de perseguida política de la víctima, en perjuicio de Nora Otín.
  • Robo agravado por el uso de armas de fuego, en perjuicio de Emiliano Pérez y Julio Pacheco.
  • Asociación ilícita, hecho por el que ya ha sido condenado.

Alcides París Francisca, siendo vicecomodoro de la Fuerza Aérea, se desempeñó como jefe de la Policía de Mendoza entre diciembre de 1976 y 1979. Según su legajo, lee Vega, “demostró gran capacidad de adaptación y una comprometida labor”.
Si bien en su declaración indagatoria el acusado desconoció los hechos, cuando se fue Santuccione y asumió él la responsabilidad de la policía de Mendoza, todo lo del D2 fue puesto en sus manos, incluyendo información, mobiliario, carpetas de los casos, entre otras cosas. Además, Pedro Dante Sánchez Camargo contó en una de sus declaraciones que el Comando de Operaciones Táctico se comunicaba permanentemente con la policía, lo que compromete sobremanera a París Francisca.
A Alcides París Francisca se lo acusa por los delitos de:

  • Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, por los casos de Juan Manuel Montecino, Manuel Gutiérrez y María Eva Fernández.
  • Homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso real de dos o más personas, en los tres casos mencionados.
  • Asociación ilícita.

La Comisaría 16 y su rol necesario

Defensores y acusados

Para los casos de Miguel Ángel Ponce, Juan Carlos Ponce y Héctor Rubén Camargo, la Fiscalía modifica su acusación y disminuye su grado por falta de pruebas. Sin embargo, se sostiene la inculpación por formar parte la actividad de estos tres policías de la mecánica general del Terrorismo de Estado. Porque, como confirmó Sánchez Camargo en su declaración, no solo actuó la inteligencia previa, sino que participaron muchos hombres de las fuerzas armadas y de seguridad.
Según el libro de novedades de la Comisaría 16, el día 9 de abril de 1977, se encontraba a cargo de esta unidad el Subcomisario Juan Carlos Ponce. Ese día ejercieron sus funciones José López, el cabo Morales, Miguel Ángel Ponce y Héctor Camargo. Teniendo en cuenta eso y los dichos del ex jefe del D2, la acusación pesa sobre quienes siguen con vida.
Miguel Ponce prestó sus servicios en la Comisaría 16 desde el 20 de abril de 1976 hasta el 15 de octubre de 1977. Conducía un móvil policial, caracterizado como una camioneta Dodge y en los registros se pueden leer sus movimientos en el vehículo.
Héctor Camargo fue Subinspector de la Policía de Mendoza y estuvo en esta unidad policial hasta el 15 de octubre del ‘77. Participó de un curso de instrucción antisubversiva.
Juan Carlos Ponce fue el Subcomisario de la Seccional, a cargo de ella desde junio del ‘76 hasta diciembre del ‘77.
Los tres han recurrido a una doble defensa, según explica el fiscal Dante Vega. La primera, de carácter general, niega el rol que cumplía la Comisaría 16 en la lucha antisubversiva. Esta justificación fracasa rotundamente porque va en contra de numerosas pruebas, incluso en contra de los dichos de Pedro Dante Sánchez Camargo. La segunda defensa es de carácter particular cuando los tres imputados se limitan a desvirtuar su intervención en los hechos por los que se los acusa.
El Comisario y el Subcomisario de ese entonces aseguran la existencia de detenidos, de grupos de tareas y demás actividades ilegales pero siempre se desvinculan de los hechos.
En el operativo conjunto del secuestro interviene la Comisaría 16, pero no está probado que su personal haya participado en la ejecución. Los testigos, vecinos de Fernández y Gutiérrez, mencionaron a personas armadas pero vestidas de civil en el procedimiento.
La prueba indica que la intervención de Camargo y los hermanos Ponce es posterior a los hechos. Al llegar a la escena, tomaron algunas notas, hablaron con los hombres armados y se retiraron. Por lo tanto, la participación de los tres debe ser encuadrada dentro del delito de encubrimiento. Y otro hecho antijurídico cometido con posterioridad fue la negación a aceptar la denuncia e investigar por los dichos de Celia Lillo, madre de Manuel Gutiérrez.
La salida del móvil policial figura en el libro de novedades de la Comisaría. Héctor Camargo, cuando declaró dijo que, seguramente, habían salido “por cuestiones de desorden público”, porque era una zona de cines y salidas nocturnas. Esta mentira queda al descubierto porque la calle Moreno de Las Heras no condice con esas características.
Miguel Ponce también se defiende diciendo que él únicamente conducía la camioneta. Pero no se lo acusa por ser chofer.
La acusación que se mantiene contra Miguel Ángel Ponce, Juan Carlos Ponce y Héctor Rubén Camargo es por ser:

  • Coautores del delito de encubrimiento en los casos de María Eva Fernández, Manuel Alberto Gutiérrez y Juan Manuel Montecino.
  • Autores del delito de asociación ilícita en calidad de integrantes de la misma.

Las pruebas se ponderan

Auat explica que al analizar los elementos probatorios, se distinguen dos cosas. Por un lado, la prueba y, por otro, el contexto probatorio que hace a la armonía de la prueba. Se puede seleccionar cuánto de veracidad hay en un testimonio. Para esto se descartan los datos que son imposibles de alojar por una situación lógica general.
Así, dice el Procurador General, la conclusión final viene de la valoración global. No solo se señala una prueba sino que se pondera. No se trata de contar datos sino de pesarlos para ver cuánta armonía tiene el resto de la situación probatoria.

La próxima audiencia será el lunes 9 de mayo en el horario habitual

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