AUDIENCIA 143 / ALEGATOS – LA PENITENCIARÍA COMO CCT

10-05-16| El fiscal ad hoc, Daniel Rodríguez Infante, abundó en argumentos que evidencian que la Penitenciaría operó como un centro clandestino de detención (CCD) y torturas y un engranaje más del plan represivo. El intento de los agentes Linares y Bianchi de desvincularse de las acusaciones, así como los testimonios propuestos por Ariel Civit, fueron inútiles.

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El Fiscal ad hoc desmenuzó las manifestaciones de los acusados para desvincularse de los cargos de privación ilegítima de la libertad y tormentos. También dio cuenta de los dichos de testigos propuestos por Ariel Civit, defensor de Oscar Bianchi.
Rodríguez Infante al referirse a los tormentos relevó tres argumentos. El primero fue que en la Penitenciaría no hubo torturas. Una segunda aseveración rezaba: si las hubo, los guardias del pabellón 11, que alojaba a los presos políticos, no tenían conocimiento. Una tercera: no habían participado de las sesiones en la peluquería, reconocida como sala de tortura.

Búmerang para la defensa de los acusados

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En sus sucesivas declaraciones, Oscar Bianchi fue virando desde la negativa a la afirmación de que algunos presos pedían ir a la enfermería a su regreso de la peluquería porque “a lo mejor estaban golpeados”, dijo. Los testigos aportados por su defensor lejos de librarlo de los cargos aseguraron que “todo se sabía en esa cárcel”. También se escuchó que la mentada peluquería “estaba a la vista de todos”. Es decir, era imposible que no tuviera conocimiento de los procedimientos ilegales.
También se desmoronó su descargo en sentido que los guardias del pabellón 11 no se podían mover de su puesto. Esto no fue así, su testigo González afirmó que los traslados lo hacían los agentes. Además, surge la información de grupos de trabajo con roles rotativos.
Otra falacia esgrimida por el exprefecto Bianchi fue que lo confundían con el guardia Bonafede, por su contextura física (ambos eran corpulentos) o con su hermano Luis. El argumento se cayó porque hay numerosas declaraciones que lo ubican a él, junto a Bonafede, en las tareas de maltrato hacia la población penal. Lo concreto es que en rueda de presos fue individualizado y señalado por varios sobrevivientes.
El fiscal aportó el nombre de cada uno de los testigos que distinguen con claridad la características de Bianchi, entre ellos se destaca lo afirmado por José Lozano quien lo describió como un “agente ligado a la represión (…) hacía alharaca de los cursos antisubversivos que había realizado” e incluso era de los más violentos.
En cuanto a Pedro Linares, su derrotero fue similar al de Oscar Bianchi. Empezó negando su participación o conocimiento de los ilícitos dentro de la Penitenciaría pero, ante las evidencias, terminó admitiéndolos con el argumento de la obediencia debida.
Reconoció que torturaban en el penal, pero “era a escondidas”. Incluso recordó que los presos le decían “cobré” pero no podía hacer nada porque el Ejército controlaba la situación.
Para desmentir la intencionalidad de las declaraciones de los presos y presas, que según los acusados y sus defensores se realizan para cobrar suculentas indemnizaciones, el fiscal reiteró que las denuncias datan de 1984 en adelante. Exhibió ante el público sendas notas de Los Andes y el diario Mendoza; este último titulaba “Desde 1976 la penitenciaría fue un campo de concentración”. En ellas está mencionado Bianchi y datan de enero de 1984 cuando ni se hablaba de reparaciones económicas.

Patotas organizadas

La categoría “otras formas de violencia” incluye las torturas en requisas, los traslados y las celdas de aislamiento. El fiscal Rodríguez Infante se refirió a la requisa general del 24 de julio de 1976, día en que Naman García asumió como director de la penitenciaría provincial. En este hecho obligaron a desnudarse a los presos políticos en el patio del penal, arrinconándolos contra el muro, golpeándolos con bastonazos y simulando fusilamientos, tormentos que duraron 5 horas de una madrugada invernal. A las mujeres que estaban presas, también las obligaron a salir de sus celdas con sus pequeños hijos en brazos y las enfrentaron al paredón.
El total ensañamiento para con las y los presos políticos allí alojados fue leído por el fiscal, de extractos de testimonios de Fernando Rule, Guido Actis, Daniel Rabanal, José Lozano, Jorge Ochoa, Nilo Torrejón y Teresita Fátima Llorens, quienes concuerdan que intervino personal del ejército y de la guardia externa e interna del penal; entre ellos Bianchi y Linares. Aunque todas las experiencias fueron distintas por lo que cada quien pudo ver, presentan una característica común: el hecho de tortura existió y todos coinciden en que se trató de una feroz golpiza.
También se enfatizó en las requisas cotidianas, acompañadas de otros tipos de violencia. En estas les rompían sus objetos de valor, regalos y cartas de familiares, les obligaban a autoinsultarse y en caso de negación, proseguían los golpes. La tortura psicológica era habitual. Rule agregaría que “era Barrios quien me sacaba y Linares me golpeaba” y Pablo Seydell las calificaría como “una actividad degradante, Linares no miraba a la cara, castigaba sin mirar”.
Por otro lado, el acento estuvo puesto en los llamados “chanchos”, las celdas de aislamiento donde se castigaba a los presos políticos que no cumplían con las órdenes de los torturadores. Había un grupo de tareas que se dividía las torturas, otro que trasladaba a los presos a la sala de torturas, otro que interrogaba, todos formaban parte de una estructura clandestina; una patota organizada hacia adentro con roles específicos que podían intercambiarse.
Asimismo, los traslados a otros penales contaban con la participación de agentes del penal de Mendoza, de la penitenciaría federal y del ejército. La violencia física comenzaba desde el pabellón, continuaba durante el traslado y se repetía en la cárcel de destino Estos sucesos no fueron aislados, estas requisas, ya sea las cotidianas o las generalizadas, aislamientos y traslados eran parte del manual, de la práctica simultánea y sistemática en otras prisiones del país, todas conformaban la arquitectura del plan represivo. Pruebas de esto son los dichos de Seydell, Moretti y Amaya en relación con sus vivencias en otros CCD; castigos relevados en sus prontuarios pero que no fueron objeto de investigación.

Condiciones de detención

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Hay una serie de características, dijo el representante del Ministerio Público Fiscal, que transformaron a la detención en un método de tortura. La intensidad era el elemento principal que diferencia a la tortura de las vejaciones y otros malos tratos. A su vez, ésta podía ser tanto física como psicológica. Por último, la jurisprudencia ha llegado al acuerdo de que a los tormentos no se les puede atribuir una finalidad determinada.
Para considerar como tortura a las condiciones de detención existen variados antecedentes internacionales que establecen una especie de estándares. Estos serían las circunstancias del caso, la naturaleza y contexto del acto de infringir dolor, la premeditación e institucionalización del maltrato, la condición física de la víctima, la manera y método utilizado, la posición de inferioridad de la víctima, el periodo prolongado de tiempo al que son sometidos a esos tratos, las repetidas y variadas formas de maltrato.
Al hablar de los CCD, la CONADEP en su informe “Nunca más” mencionó como tormentos a las condiciones edilicias de estos centros que, junto con la vida cotidiana en su interior, evidencian que estos lugares fueron diseñados para despojar a los presos de las características fundamentales de ser humano. La Cámara Nacional de Apelaciones avaló en 1984 como tormento a las privaciones ilegítimas de libertad en condiciones inhumanas de cautiverio generalizadas y sistemáticas. Y se hizo referencia a los detenidos sometidos a tabicamientos, engrillamientos, supresión de identidad, incomunicación total, amenazas de tortura, castigos permanentes, deficiente hidratación y alimentación, falta de higiene, exposición en desnudez y otros padecimientos de connotación sexual.
El maltrato psicológico se ejerció de distintas maneras. Ejemplos de ellos fueron las mujeres que sufrieron simulacros de fusilamiento con sus hijos en brazos, el conocimiento que tenían los detenidos de los daños cometidos a otros compañeros, particularmente el ingreso al penal de Miguel Ángel Gil moribundo y la desaparición de Santiago Illa, la preocupación de las víctimas de no saber cuándo ocurrían estas cosas, la incertidumbre de su propio destino, las humillaciones constantes.
Había una absoluta intervención del personal penitenciario para mantener estas condiciones de reclusión. Esta realidad era inherente al funcionamiento del penal como garante de la represión ilegal. Distintas víctimas declararon dormir en el piso, sin frazadas, sin acceso a baños adecuados, alimentación deficiente, condiciones de insalubridad, imposibilidad de comunicación con el exterior.
Por último, Rodríguez Infante alegó a la falta de atención médica. Salvo excepciones, las víctimas no fueron atendidas por personal de salud, aún habiendo denunciado maltratos, mostrando lesiones físicas como en el caso de Teresita Fátima Llorens.

Próxima audiencia: lunes 23 de mayo en horario habitual.

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