AUDIENCIA 145 / ALEGATOS FISCALÍA: MÁS SOBRE LA POLICÍA

24-05-16| La fiscal Patricia Santoni abordó las detenciones ilegales de Alfredo Ghilardi y cinco de sus compañeros, así como la causa Galamba, que reúne nueve desapariciones en el Operativo de mayo del ’78. Finalmente, analizó los casos de Aldo Patroni y Horacio Bissone, también desaparecidos. El punto común de estas causas es que comparten la imputación contra el exjefe de policía y otros mandos superiores de la Policía de Mendoza.

Patricia Santoni alega

En Rivadavia, en septiembre de 1977, se produjeron las detenciones de Orlando Burgos, Carlos Rossi, Gabriel Carrasco, Alfredo Ghilardi, Oscar Pellegrini y Pedro Antonasi, quienes recuperaron su libertad en abril del ‘78.

El grupo, antes del Golpe, compartía militancia dentro del justicialismo cercano al exgobernador Martínez Baca. Todos fueron trasladados al D2, donde recibieron tormentos de distinta índole e intensidad De su estancia en esta dependencia, Alfredo Ghilardi recordó que por esos días estuvo en el D2 una chica que dijo llamarse Roncelli, muy torturada, y suministró otros datos que coinciden con los de Olga Roncelli de Saieg, secuestrada el 14 de septiembre del ’77, aún desaparecida. Los dichos de Ghilardi fueron confirmados por sus compañeros, incluso Carrasco aseguró que cuando se acallaron los lamentos de la joven, vio por la mirilla que sacaban un bulto envuelto en una frazada.

Los hombres permanecieron siete meses en cautiverio, sin que existiera ninguna figura que legitime su detención.

No hubo decreto del PEN, no se les aplicó la Ley 20840 ni fueron sometidos a Consejo de Guerra. Un hecho desmedidamente escandaloso por su arbitrariedad.

En esta causa los cargos recaen contra el entonces jefe de la Policía de Mendoza, vice comodoro Alcides Francisca, y contra quien se desempeñaba como Jefe del D2, Ricardo Miranda. Ambos acusados como autores mediatos de los delitos:

  • Privación abusiva de la libertad agravada
  • Imposición de tormentos por las condiciones de la detención.

Causa Galamba – Mayo de 1978

Patricia Santoni alega

El operativo realizado por fuerzas conjuntas en mayo del 1978 contra “subversivos residuales”, cuyas nueve víctimas se encuentran desaparecidas, ya fue tratado en detalle en el III Juicio por delitos de lesa Humanidad.

La fiscal retomó los hechos recordando que las víctimas: Margarita Dolz, Raúl Gómez, Gustavo y Mario Camín,Víctor H. Herrera, Daniel y Juan Carlos Romero, Ramón Sosa y Juan José Galamba, estaban relacionadas entre sí por su militancia antes del Golpe y sus convicciones socialistas.

Raúl Oscar Gómez estaba casado con Liliana Millet y tenían un hijo pequeño. En la noche del 17 de mayo de 1978 personas armadas entraron violentamente a la casa y se lo llevaron encapuchado. Tenía 25 años y trabajaba en la empresa NEOTEC. Destrozaron la vivienda y robaron cosas de valor.

Esa misma noche secuestraron a Margarita Dolz personas que dijeron ser de la Policía Federal. Fue militante socialista. Vivía en Villa Nueva y estaba con sus dos hijas y la mujer que ayudaba a cuidarlas. Su marido, Carlos Castorino, no se encontraba en ese momento.

Mario Camín tenía 28 años y estudiaba en la UTN. Además de tener actividades en la política universitaria, trabajaba en la Compañía de Teléfonos de Mendoza. Mario vivía con Dora Gordon, su madre. El 22 de mayo de 1978 cenó con su novia Ana María del Olio y luego fue a cursar a la facultad. Lo vieron por última vez sus compañeros en la playa de estacionamiento de la universidad, con cuatro hombres que subieron a su auto.

Su padre, Gustavo Neloy Camín era ingeniero químico y tenía 68 años. Era dueño de una cantera de cal en Jáchal, San Juan. Estaba separado de su esposa. Después de saber lo de Mario, las mujeres se dirigieron a la casa de su padre pero ya no estaba. Los dos fueron secuestrados el mismo día. Ana María vio de lejos a Mario ingresar al D2 en un auto desconocido.

Daniel Romero había sido militante en el Partido Justicialista. Tenía 39 años y estaba casado con María Dulce Quintana. Él trabajaba en Cimalco y juntos manejaban una despensa ubicada en su domicilio. La noche del 24 de mayo, con el negocio abierto, cuatro personas encapuchadas y armadas entraron, redujeron a los clientes y se llevaron a Daniel. Ya había sufrido dos detenciones previas, pero esta vez no lo soltaron.

Víctor Hugo Herrera vivía con su pareja Susana Miriam Astorga, sus padres y hermanos. El 25 de mayo, cuando ya dormían, ingresó a la vivienda un grupo de hombres que sacó a Víctor de la cama y se lo llevó. Los vecinos declararon haber visto muchos autos en la puerta.

Ramón Alberto Sosa, de 43 años, vivía con su esposa Elvira Cayetana Narváez, en Dorrego. El 28 de mayo de 1978 salió de su casa en dirección a Las Heras para buscar ajo que se encargaba de enristrar. Elvira averiguó que mientras esperaba el trole, unas personas descendieron de un vehículo y lo secuestraron.

Al mediodía de ese día, se llevaron a Juan José Galamba, quien era perseguido desde junio del ‘76, fue albergado por Sebastián Molina en su casa, en Guaymallén. Entraron personas con armas y violentamente cumplieron su objetivo.

Juan Carlos Romero, hermano de Daniel, fue secuestrado el mismo día a la noche en su casa, en Las Heras, donde tenía un horno de ladrillos. Su esposa volvió de trabajar, vio la casa abierta, todas las luces prendidas y su hijo le dijo “se llevaron al papi”.

En el juicio pasado se probó que estos secuestros se realizaron conjuntamente entre la policía provincial y las Fuerzas Armadas. Además de intervenir personal del D2, distintas dependencias policiales cumplieron su rol en el aparato organizado de represión. Desde personal del D5 que prestaba los prontuarios de los hoy desaparecidos a Inteligencia, hasta las comisarías que hicieron caso omiso de las denuncias. No se registra ningún accionar de las fuerzas de seguridad de Mendoza para constatar los hechos, trabajar en un sumario o abrir una causa.

Por estos hechos cumple condena Aldo Patrocinio Bruno, pero la fiscal Patricia Santoni amplía la acusación contra el jefe de la Policía de Mendoza en ese entonces quien desempeñaba un mando superior dentro de la estructura organizada de poder. Todas las dependencias policiales (inteligencia, vigilancia, secuestros, etc.) dependían de Alcides París Francisca a quien se lo acusa de ser autor mediato de:

  • Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, en los 9 casos mencionados.
  • Homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, en los mismos 9 casos.

Mismo acusado para Patroni y Bissone

Audiencia 145

El 17 de mayo del ’78, además de los secuestros de Margarita Dolz y de Raúl Oscar Gómez, también secuestraron, en la casa que habitaba junto a su madre, a Aldo Patroni. La conexión que se establece con la causa Mayo del ’78 se relaciona con que él trabajaba como mecánico en CIMALCO, la misma empresa en que trabajaba Daniel Romero, a quien secuestraron una semana después. Patroni era peronista y tiempo después, al igual que su hermano Carlos, también desaparecido, se enroló en el ERP y era gremialista.

Horacio Bissone trabajaba como obrero gráfico y participaba del mismo gremio. Contaba con una larga militancia en el peronismo de izquierda. El 25 de septiembre de 1978 por la mañana salió a una entrevista de trabajo, según testificó Hilda Moyano, su madre. Pero nunca volvió.

La policía demostró una participación activa en estos secuestros: omitieron recibir denuncias y no promovieron ninguna investigación pese a las pruebas presentadas por familiares. En la causa Bissone recién el 8 de enero de 1979 solicitaron una constancia de “averiguación de paradero”, a pesar de que en el libro de devoluciones del D2 al D5 aparecía su prontuario devuelto días antes de su secuestro, es decir que “coincidentemente”, antes había estado en poder del D2.

La fiscalía enfatizó en la acusación a Alcides Paris Francisca como autor mediato penalmente responsable de:

  • Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en perjuicio de ambos y
  • Homicidio doblemente agravado, con alevosía y concurso premeditado por más personas en perjuicio de Aldo y Horacio.

En todos los casos cabe la acusación de asociación ilícita.

La audiencia se retoma el lunes 30 de mayo a las 9.30 hs.

Alegará el fiscal Dante Vega por las causas en que se encuentran acusados los exmagistrados.

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