AUDIENCIA 146 / EL CÍRCULO DE LA IMPUNIDAD

30-05-16| El fiscal general Dante Vega comenzó los alegatos relacionados con los cuatro ex magistrados que son juzgados: Otilio Romano, Luis Miret, Guillermo Petra y Rolando Carrizo. Contó con el aporte sustancioso del titular de la Procuraduría de Crímenes de la Humanidad de la Nación, Jorge Auat.

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El aporte judicial al terrorismo estatal

El propio Dante Vega calificó esta parte inicial de su alegato sobre los ex jueces como “el círculo de la impunidad” en el que participaron los cuatro acusados de omitir investigar en un periodo de por lo menos 10 años. No sólo omitieron, sino que realizaron un aporte esencial al terrorismo estatal porque como reafirmó el doctor Vega, no existió una sola investigación.

Romano, Miret, Petra y Carrizo fueron descartando una tras otra las fuentes de información que evidentemente existieron y que demuestran que sí tuvieron conocimiento de lo que sucedía.
Fueron tres esas fuentes de conocimiento que tuvieron a mano los ex jueces:

  1. Los Hábeas Corpus y lo que se denunciaba en ellos, desde la desaparición de una persona hasta los robos de bienes.
  2. Los sumarios policiales que se originaban por las denuncias de las víctimas y de los familiares de las víctimas.
  3. Las denuncias de apremios ilegales y torturas formuladas por las propias víctimas.

Frente a estos hechos, los imputados y sus defensores han ensayado hasta ahora dos argumentos genéricos: incompetencia para actuar porque estaba todo bajo la órbita militar, y anacronismo porque no tenían conocimiento de los delitos y se les adjudica –repiten- conocer lo que no conocían.

La confianza en la Policía

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Los HC eran rechazados sistemáticamente, con costas y con omisión de investigar. Argumentaban que los HC no contemplaban la desaparición, que se ignoraban los autores del hecho, que no había elementos para desconfiar de la información policial y que la infraestructura judicial era escasa.

A los sumarios policiales se les aplicaba el sobreseimiento provisorio, también de manera sistemática, y que en los hechos se transformaba en sobreseimiento definitivo, lo que representaba una nueva omisión de investigar.

Y sobre las denuncias de quienes eran detenidos y sometidos a torturas los ex magistrados no aceptaban las rectificaciones de declaraciones en sede judicial y daban por válidas las tomadas bajo tormento, consideraban que no eran espontáneas y que respondían a una especie de “manual subversivo”, invocaban una vez más la confianza en la Policía y aducían que los abogados de las víctimas se conformaban con sus decisiones.

En este punto Dante Vega volvió a decir que en ningún caso hubo una sola investigación de hechos gravísimos y que ni siquiera un solo integrante de las fuerzas de seguridad fue citado a declaración indagatoria por desapariciones, asesinatos, privaciones ilegítimas de la libertad, robos, etcétera.

La apariencia legal

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El fiscal Vega apeló a una parte del alegado de Pablo Salinas cuando se refirió al abuso criminal del aparato judicial al recordar lo sucedido con el nazismo. La diferencia con Argentina fue que aquí se sostuvo una apariencia legal porque si bien fueron restringidas las instituciones la dictadura mantuvo la vigencia de la Constitución.

Aquí intervino el fiscal Auat para explicar que el Estado pasó a operar en la clandestinidad con el aporte de los jueces que no usaron las herramientas que contaban para impedir el accionar del poder diabólico de los represores.

Al retomar su relato, Vega recordó que la mayoría de los jueces venían del Estado de Derecho y otros asumieron en plena dictadura. Todos tenían la opción de renunciar –hubo quienes lo hicieron como Pedro Narvaiz- si entendían que no podían ser “el último guardián de la legalidad”. Esto por cuanto la Justicia siguió existiendo durante el gobierno de facto, no hubo tribunales de excepción y los HC se presentaban a un juez, no a un militar.

La legalidad aparente en realidad fue usada como coartada, consideró Auat.

La doctrina de facto le daba legitimidad a lo ilegítimo, agregó Vega, luego de repasar hechos históricos en los que se observa complicidad judicial con los gobiernos golpistas incluso desde 1930.

También se refirió el fiscal de Mendoza a que Romano preguntó qué móvil podría haberlo llevado a participar de los delitos de lesa humanidad y la respuesta es que no existe móvil en todos los delitos y si existe no es relevante. Y agregó que si no hubo complicidad hubo cooperación con la dictadura, cooperación que fue gradual, no de la noche a la mañana ni producto de un acuerdo firmado.

También –respaldado por Auat- Vega desacreditó los conceptos de Miret acerca de que se vivía en un caos y de Romano sobre el estado de guerra. No hubo caos porque funcionó un aparato organizado y no hubo guerra ya que aún tomando en cuenta a las organizaciones armadas, la proporción y relación de fuerzas indican que hubo una matanza a mansalva sin que se produjera por lo menos la entrega de los cadáveres.

La aniquilación

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Dijo el fiscal que el apartamiento del derecho es una de las características esenciales del funcionamiento criminal de cualquier aparato organizado de poder. Por eso, aunque en decretos emitidos en el gobierno democrático figuraba “aniquilar” y eso hubiera significado “matar”, era manifiestamente inconstitucional.

En cambio, en dictadura se decía expresamente que había que aplicar el poder de combate con la máxima violencia para aniquilar a los delincuentes subversivos.

Dante Vega utilizó expedientes con el fin de demostrar que no hay margen alguno para que los acusados aleguen desconocimiento de lo que se los acusa. La Fiscalía rastreó todas las causas entre 1974 y 1976 por incumplimiento a la ley 20840. Del ‘74, de 34 expedientes encontraron 2. Del ‘75, de 39 hallaron 21 y del año 1976, sólo hay 7 de 14. Los que fueron localizados son ofrecidos como prueba.

Esas documentaciones están plagadas de ilegalidades procesales y penales. Se encontraron órdenes de revisación médica no cumplidas y apremios ilegales denunciados ante instituciones policiales y nunca investigados por la Justicia Federal. Los entonces magistrados que validaban las declaraciones tomadas bajo tortura, decían que no era correcto certificar lo denunciado ante instituciones policiales y no daban lugar a desarrollos posteriores.

Además hay recursos de Hábeas Corpus rechazados ilegítimamente, muertes no investigadas, allanamientos no ordenados por las autoridades y robos, amenazas y secuestros cometidos por personal policial. En el caso de Ana Mabel Tortajada, de noviembre de 1975, el Ministerio Público Fiscal advierte detención sin orden, incomunicación, invasiones de domicilio y tortura en pleno conocimiento de los ex magistrados. Por último, el secuestro y la desaparición de José Salvador Vila Bustos demuestran una explícita maniobra de ocultamiento. Camuflaron su asesinato en un “acta por copamiento y fuga”, es decir, un supuesto rescate de sus compañeros.

Ante esto, Dante Vega se preguntó si se puede decir realmente que Miret, Petra o Romano no sabían lo que pasaba y no tenían conocimiento de lo que hacía la policía. No es posible afirmar que como la organización era clandestina, también lo era para ellos. Y muestra cómo se invierten los términos cuando se proclama autoría mediata en lugar de complicidad. La autoría mediata aumenta la responsabilidad cuanto más lejos está el autor mediato de la comisión del hecho ilícito. Con la complicidad pasa lo contrario: aumenta la responsabilidad cuando se está más cerca del hecho, en este caso, cuando el fiscal recibe el expediente.

Este martes 31 de mayo continuará alegando Dante Vega sobre los ex jueces.

Ver fotos AUDIENCIAS 145 y 146

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