AUDIENCIA 154 / EL APORTE JUDICIAL AL TERRORISMO DE ESTADO

04-07-16| En representación del Ministerio Público Fiscal, el doctor Daniel Rodríguez Infante repasó las responsabilidades de los 4 ex jueces imputados en hechos ocurridos en 1976, incluidas 12 desapariciones de personas. La Fiscalía demostró cómo el rechazo sistemático de los Hábeas Corpus, acompañado de la omisión de investigar lo que en ellos se denunciaba constituyó un aporte significativo de la Justicia Federal al terrorismo de Estado. Estuvo ausente Otilio Romano por quien su defensa gestionaba la prisión domiciliaria por razones de salud.

Audiencia 154

María Elena Castro y Margarita González Loyarte

Ambas estudiantes estaban en el domicilio de María Elena cuando una patota identificada como perteneciente a la Policía Federal las secuestró el 30 de abril de 1976. Las introdujeron en dos vehículos diferentes y las llevaron por un camino de tierra en la zona del Pedemonte. Tras golpearlas y torturarlas las liberaron. Caminando, María Elena y Margarita llegaron hasta San Agustín a solicitar ayuda y desde allí las llevaron a la comisaría 27 de Villa Hipódromo donde denunciaron el hecho.

Se inició un sumario policial cuyas actuaciones fueron elevadas a la Justicia Federal, a manos del juez Luis Miret quien dio vista al fiscal Otilio Romano. Este último dispuso el sobreseimiento bajo la famosa excusa de los “autores ignorados” que, como se ha visto en tantos casos, no eran tan ignorados. En su defensa Romano aseguró que “no había ningún elemento identificatorio que aportara la denuncia”. No obstante, el sumario policial sí contaba con indicios que hubiesen merecido una investigación. Allí constaban las preguntas que les hicieron a las dos mujeres, sobre militancia, nombres e incluso sobre el profesor Dussel.

También se mencionaba el robo de efectos personales. Ya en 2011, en declaración indagatoria, Romano argumentó que no tenía nada qué hacer, salvo que hubiese citado a los 70 policías federales de Mendoza.
Rodríguez Infante aseveró que era evidente que actuaron fuerzas de seguridad y que como eso se sabía se omitió cualquier medida sobre las pruebas existentes, previo a declarar la competencia para darle todo el manto de impunidad necesario al aparato terrorista estatal. Además señaló la contradicción de Romano al admitir la participación de la Policía Federal cuando se refirió a la eventual citación de los efectivos.

El caso de María Elena Castro (su familia fue muy perseguida) es paradigmático porque un mes antes había sufrido otro secuestro en el que se llevaron además a su padre Sigifredo. Esto tampoco fue tomado en cuenta y casi 40 años después sí se adoptaron medidas, como la básica de convocar a Sigifredo Castro para tomarle declaración.

Pedro Camilo Giuliani

Lo detuvieron en su trabajo, en la Dirección General de Escuelas, el 5 de mayo de 1976. Fue un operativo de la Octava Brigada de Infantería de Montaña. La esposa de Pedro presentó un HC y el juez Luis Miret no hizo lugar, lo rechazó con costas y notificó al fiscal Romano. Lo hizo tras recibir el informe de la Octava Brigada indicando que Giuliani estaba a disposición del PEN. Miret nunca pidió copia del decreto del Poder Ejecutivo, lo que sí hizo la Justicia Federal en 2010 y entonces se supo que el tal decreto nunca existió. Aquí se refleja de manera inequívoca como la Justicia Federal convalidaba de manera automática el terrorismo de Estado al dar por cierto que el detenido estaba a disposición del PEN cuando no lo estaba.

Virginia Adela Suárez

Tras los casos abordados en audiencias anteriores por Dante Vega, el de Virginia es el quinto relacionado con desaparecidos en los que deben responder los ex jueces, en este caso Miret, Romano y Guillermo Petra.

Estudiante de periodismo, docente y militante del PRT, Suárez fue secuestrada el 13 de mayo de 1976, el mismo día en que cayeron varios de sus compañeros de militancia, incluida Vivian Acquaviva quien vio a Virginia en un centro clandestino que luego reconoció como Las Lajas.

En la denuncia policial realizada por la madre, se relata que quienes intervinieron en el operativo utilizaban birretes del ejército y armas largas. “¿Alguien podría tener dudas de que eran las fuerzas de seguridad?”, se preguntó el fiscal Rodríguez Infante. El capítulo judicial comienza cuando el sumario policial llega a la Justicia Federal y, como práctica sistemática, se dispone el sobreseimiento provisorio (que en realidad terminaba siempre siendo definitivo) hasta la aparición de nuevas pruebas. El mismo camino del sumario, seguirían los tres HC presentados por la mamá de Virginia, quien en cada uno de ellos, aportaba nuevos indicios, que no merecieron ninguna acción de investigación por parte de los tres ex magistrados involucrados.

Hugo Alfredo y Julio Félix Talquenca

Los hermanos Talquenca fueron secuestrados el 14 de mayo de 1976. Están acusados por esta causa Miret y Romano. Es otro caso paradigmático de la omisión de investigar, al punto de que tres vecinos que fueron testigos del operativo recién prestaron declaración en 2011 porque ni a Miret ni a Romano se les ocurrió citarlos al momento de los hechos. Ocurrió lo mismo con Patricia, hermana de los Talquenca, quien recién pudo dar testimonio 40 años después.

Cinco HC fueron presentados por los Talquenca, rechazados de manera sistemática sin promover una sola investigación. Otro elemento que se sumaba era el de que a Hugo y a Julio se los llevaron prácticamente desnudos. Este modus operandi se aplicaba sobre quienes ya tenían la decisión de eliminarlos.

“Estése a lo resuelto” era la respuesta ante cada Hábeas en alusión a los presentados anteriormente y rechazados, a pesar de que en cada HC se agregaba algún elemento nuevo de prueba. Los Talquenca permanecen desaparecidos.

Héctor Pablo Granic

Lo secuestraron el 14 de mayo de 1976 de su domicilio. Están acusados Miret y Romano. En el operativo había en la casa, además de Granic, 6 adultos. Ninguno de ellos fue citado a declarar. El cuñado de la víctima, Ángel Rodríguez, logró ver a los secuestradores, pero nunca lo llamaron. Al sumario policial lo clausuraron con el clásico “autores desconocidos” y el sobreseimiento hasta que aparezcan nuevas pruebas, lo que mereció la reflexión de Rodríguez Infante: “Si no se hace nada, por supuesto que no va a aparecer nada”.

Tres fueron los HC presentados por Granic, rechazados todos, con costas. Granic está desaparecido.

Blanca Graciela Santamaría

Estaba en quinto año de la facultad de Artes Plásticas. A las dos de la mañana del 15 de mayo de 1976 ingresaron a su vivienda 24 hombres armados, que estaban vestidos de civil pero portaban aparatos de radio. Estando los padres y hermanos, se llevaron a Blanca Graciela casi sin ropa, como usualmente hacían cuando el objeto del secuestro era el asesinato.

María Florencia Santamaría, hermana de la víctima, declaró en este juicio. También fue víctima de la privación ilegítima de la libertad, con los vejámenes que rodeaban esa situación.

Su hermano, abogado, presentó un Hábeas Corpus el 17 de mayo y atribuyó el hecho a efectivos de las fuerzas de seguridad. Como era de costumbre, ante la respuesta negativa de las distintas fuerzas sobre el paradero de Santamaría, el juez Luis Francisco Miret rechazó el recurso y notificó a Otilio Romano. Ambos se encuentran acusados en este caso de desaparición forzada.

María Silvia Campos

Cursaba 6to año de la carrera de Medicina. Es la décima desaparición forzada cuya responsabilidad penal se les atribuye a los ex magistrados, en este caso a Romano.

El 15 de mayo del ‘76 irrumpieron en su casa sujetos armados que vestían pantalones azules y borceguíes. Arribaron en tres vehículos a las tres de la mañana y se llevaron a María Silvia.

Su compañera de estudio, Frida Angélica Capato, estaba con ella en ese momento y relató los hechos. Como también declaró su sobrino a partir del relato que había reconstruido de sus abuelos. Es decir que había distintos testigos presenciales del hecho a los que se podría haber citado para investigar.

El día del secuestro, el padre inició un sumario policial. La particularidad de este archivo es que fue remitido a la Justicia Provincial y esta lo dirigió al Juzgado Federal aclarando dos motivos. En primer lugar, las actuaciones eran de jurisdicción militar por la tenencia de armas de guerra. En segundo lugar, por la privación ilegal de libertad calificada, desde la provincia se declaró incompetencia y se derivó directamente al Poder Judicial de la Nación.

Una vez que llegó el caso a la Justicia Federal, el fiscal Romano puso el conocido sello en el que declaraba competencia y archivó “provisoriamente” la causa. Guzzo firmó eso aunque en el Hábeas Corpus que había presentado la madre el 7 de junio del ‘76, había alusión al personal uniformado.

Posteriormente, Miret pidió informes de rutina. Todas las fuerzas respondieron que no tenían conocimiento acerca del paradero de María Silvia Campos y el juez rechazó el recurso con costas. Aclaró Rodríguez Infante que la acusación a Miret por este hecho tendrá que ser objeto en otro juicio.

Mario Luis Santini

El 16 de mayo del mismo año, a las 3 de la mañana arribaron personas en dos autos a la vivienda. Entraron violentamente, robaron muchísimas cosas y, golpiza mediante, se llevaron a Mario Luis Santini.

Julia Josefa Jofré, la madre, declaró en 1982. Presentó cuatro Hábeas Corpus. Allí describe la situación del secuestro de su hijo. Petra libró oficios, el juez Guzzo rechazó con costas y se notificó a Romano. La mujer pidió un certificado o su copia para presentar en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos pero Guillermo Max Petra Recabarren resolvió que “no ha lugar”. Él también rechazó con costas el segundo recurso. El tercero y el cuarto fueron negados por Guzzo nuevamente y la madre apeló. Aportó datos nuevos: el vecino vio cómo se llevaban a su hijo en paños menores, cuatro hombres, dos vehículos (un Peugeot naranja y una Rambler blanca). Sin embargo, la apelación fue denegada por el mismo juez, después de que Romano dijera que había “cosa juzgada”.

Daniel Rodríguez sostuvo firme: “el rechazo de un recurso de Hábeas Corpus significaba no investigar una desaparición forzada”. Por este hecho están acusados Petra y Romano.

Rosa Sonia Luna

A su casa en San Rafael, entraron cinco o seis hombres de civil que dijeron ser policías. Era el día 26 de mayo de 1976. Amarraron a algunos en la familia, robaron objetos y se llevaron a Rosa.

Su madre interpuso dos recursos de Hábeas Corpus en Mendoza. El primero, del 13 de septiembre, fue rechazado con costas por Guzzo, quien notificó a Romano, ante el típico informe negativo de las fuerzas armadas y de seguridad. El segundo, del 31 de marzo del 77, también fue denegado del mismo modo aunque no se le dio intervención al Ministerio Público Fiscal.

Romano está acusado en este caso.

La próxima audiencia no tiene fecha aún. La semana que viene se inicia la feria judicial de invierno y oportunamente el TOF informará qué día se retoma el debate.

 

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