AUDIENCIA 156 / MÁS OMISIONES A LA HORA DE INVESTIGAR

02-08-16| Patricia Santoni y Daniel Rodríguez alternaron sus alegatos en nombre del Ministerio Público Fiscal. Expusieron las últimas causas de 1976 y comenzaron con las de 1977, tratando la emblemática desaparición de Mauricio López. Un desarrollo especial merecieron los hechos de abril del ’77 y la apropiación de Celina Manrique Terrera. Todos fueron fundamentos de acusación para los exmagistrados.

Santoni alega

Francisco Alfredo Escámez

Estudiaba en la UTN, era chofer de taxi y tenía actividad gremial. Después de sufrir un allanamiento se fue a San Juan con su pareja, Gisela Tenenbaum. El 27 de octubre de 1976 fue secuestrado. Declararon su madre y su hermana.

Su padre presentó un Habeas Corpus el 31 de diciembre. Expuso las circunstancias de la detención de su hijo y también información acerca de que estaba detenido en el Palacio Policial. Quien ejercía como juez subrogante, Guillermo Petra Recabarren, desestimó el recurso y notificó al fiscal Romano.

El segundo Habeas Corpus también fue rechazado. En el tercero, su madre agregó que Alfredo también había sido visto en la IV Brigada Aérea. El exjuez Petra rechazó sin notificar a la Fiscalía. Y el último recurso, del año 1979, fue rechazado por el exjuez Lucena Carrillo, quien notificó al procurador Otilio Roque Romano.

La defensa de este acusado en su indagatoria se quedó sin argumentos. El exjefe de la Policía, Pedro Dante Sánchez Camargo, en su posterior indagatoria, confirmó que Escámez fue traído de San Juan al D2. Por otra parte, ningún magistrado declaró la incompetencia territorial por haberse producido la detención en otra provincia.

Emilio Alberto Luque Bracchi

El 28 de octubre de 1976, dos sujetos bien vestidos llamaron a su casa con la excusa de un supuesto censo estudiantil. Regresaron dos horas después, apuntaron a Emilio con un arma y lo obligaron a subir a un Ford Falcon. Lo llevaron al CCD Las Lajas, donde permaneció 48 horas. Posteriormente, fue trasladado a San Luis. En ambos lugares fue interrogado y torturado.

El 4 de noviembre, su madre interpuso un Habeas Corpus que evidencia datos del suceso. Los autos de los secuestradores eran un Ford Falcon azul grisáceo y un Torino amarillo de chapa M13377. El recurso fue desestimado por el entonces juez Petra a pesar de los detalles con que se contaba.

Miguel Alfredo Poinsteau

Estudiaba Ciencias Políticas y vivía en la ciudad de Mendoza. El 4 de noviembre de 1976 irrumpieron violentamente al domicilio personas de las fuerzas de seguridad, robaron elementos y lo secuestraron. Fue llevado directamente al D2 y actualmente se encuentra desaparecido.

Colette Newman, su madre, presentó tres recursos de Habeas Corpus. El primero, del 22 de noviembre del ’76, expresaba que Miguel había sido detenido por la VIII Brigada de Infantería de Montaña. Guzzo libró los oficios de estilo y ante la respuesta negativa de las dependencias militares y policiales, el exjuez Petra Recabarren rechazó el recurso. Sin embargo, a la señora Newman le habían dicho que había sido puesto en libertad en el Palacio Policial el 5 de noviembre, información que también constaba en el documento. El segundo Habeas Corpus también fue rechazado por Guzzo y notificado Petra en su desempeño como procurador fiscal. El tercer recurso fue presentado en Capital Federal, desde donde declararon incompetencia y remitieron a la Justicia Federal de Mendoza, donde sufrió la misma suerte.

Marcelo Guillermo Carrera

Vega, Rodríguez Infante, Santoni

Era empleado de YPF y vivía en Godoy Cruz. Fue secuestrado cuando tenía 22 años, el 24 de noviembre de 1977. Se lo llevaron de su casa sujetos con el rostro cubierto. Ataron a su esposa, Adriana Bonoldi, y la encerraron en el baño.

Apenas se pudo soltar, ella hizo la denuncia en la Seccional 34 de Godoy Cruz. Aportó datos de los sujetos y de un auto Ford Falcon blanco estacionado cerca de su domicilio un largo tiempo.

La Justicia recibió el sumario, Guzzo sobreseyó y notificó al procurador Romano.

María Rosario, hermana de Marcelo, declaró que en la familia fueron presentados sucesivos Habeas Corpus por todas las desapariciones que sufrieron. Siempre fueron rechazados con costas. El primer recurso fue presentado por Adriana el 25 de noviembre de 1976 y rechazado por Petra. El segundo, lo presentó el padre de Marcelo y fue rechazado por Guzzo. El tercero fue interpuesto por la madre de Marcelo, la señora Jáuregui; lo rechazó el mismo, y notificó a Romano. El cuarto fue intermediado por María Rosario Carrera y desestimado también por Guzzo.

Adriana Irene Bonoldi

Una semana después de la detención de su marido, fue secuestrada en la vía pública cuando volvía de un acto en la Escuela Mayorga, donde daba clases de música. El 1 de diciembre fue interceptada por sujetos que conducían un Renault 4 verde.

El primer Habeas Corpus fue interpuesto por el padre de Adriana y los siguientes tres fueron presentados junto con los que se interpusieron por Marcelo Carrera. Como en ese caso, en el tercero fue notificado el exfiscal Romano. La pareja se encuentra desaparecida.

El fiscal ad hoc, Daniel Rodriguez Infante, analizó los omisiones de investigar verificadas en la causa que tiene como víctimas a numerosas personas desaparecidas en abril de 1977. En estos casos se alternaron los exjueces Otilio Romano, Guillermo Petra y el fallecido Gabriel Guzzo. Los hechos tienen como denominador común que los secuestros se realizaron a la vista de numerosos testigos y que cuentan con denuncias en una sede policial; sin embargo no se tomó ninguna medida para esclarecer los hechos.

Las causas del ‘77

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A Mauricio López lo secuestraron el 1 de enero de 1977 pasadas las 5 de la mañana, cuando una “patota” integrada por personal policial irrumpió en su casa de calle Andrade 345. Allí, también se encontraban su pequeño sobrino, que alcanzó a esconderse en la terraza, su madre, su hermana Marta y su hermano Raúl. Los secuestradores le ordenaron que se vistiera y lo introdujeron en el asiento trasero de un Peugeot 504 claro, sin patente. En el baúl del mismo colocaron, como parte de la rutina de la rapiña, una maleta y otros objetos que sustrajeron de la vivienda. Raúl presentó un Habeas Corpus al otro día.

El 7 de enero, la familia recibió en su domicilio una carta de puño y letra de Mauricio, sin fecha, que venía en un sobre escrito por otra persona. Llevaba el remitente “AA de AL”, las siglas de Asociación Anticomunista de América Latina y la habían remitido el día 4 de enero desde Chile. El texto expresa que él sabía que los agentes del estado que lo mantenían en cautiverio negarían su detención o cualquier dato sobre su paradero, además de otras informaciones tendientes a tranquilizar a sus seres queridos, pero contenía la información de que se encontraba en cautiverio oficial. Por el pedido de Habeas Corpus, el exjuez federal Gabriel Guzzo mandó pedir informes a la VIII Brigada, a la Policía Federal y la Policía Provincial, las que respondieron que no lo habían detenido por lo que el 17 de enero rechazó dicho amparo con costas.

Ni todos los Habeas Corpus presentados por Raúl, que hacían hincapié en que fue la Policía la que secuestró a Mauricio, ni el hecho de que hubo personas presenciando lo sucedido, ni la carta que Mauricio escribió, ni los reclamos nacionales e internacionales presentados por sus familiares arrojaron resultado alguno. Es decir, a pesar de la existencia de todos estos elementos de prueba no se adoptó ninguna medida judicial que tendiera a ubicar el paradero del profesor López, quien en el año 1994 fue declarado por los tribunales “ausente por desaparición forzada” en los términos de la ley 24.321.

El segundo caso que se leyó, sobre desaparición forzada en el ’77, fue el de Roberto Roitman, quien fuera secuestrado el 16 de enero por la noche, mientras tomaba algo en el local La Fragata, y llevado al D2. El 19 de enero se interpuso un HC a su favor, donde se denunciaba que había sido detenido por cuatro sujetos uniformados y una persona vestida de civil que lo llevaron en un móvil al Palacio Policial. Este HC, con esos datos, fue rechazado por el exjuez Guzzo sin que se tomara otra medida de averiguación. Roberto estuvo detenido 40 días en el D2. En esta causa se encuentra acusado Romano nuevamente por omitir investigación.

Guzzo le había dicho a Fanny, hermana de Roberto, que debían esperar un decreto del Poder Ejecutivo Nacional que justificara la detención porque no podían hacer nada. El fiscal por el Ministerio Público, Daniel Rodríguez Infante, afirmó que si no había decreto del PEN podrían haberlo liberado. Por otro lado, el exjuez Guzzo nunca mandó pedir el mismo, no existió tal disposición, por lo que la irregularidad pesa en que se rechazó un Habeas Corpus en el que no hubo decreto. También trajo a colación la declaración de ella cuando recordó que no le tomaron la denuncia en ninguna de las dos comisarías a las que fue (ubicadas en calle Rioja y en calle Godoy Cruz, respectivamente) porque “no tenían birome”, incluso en una de las dependencias, ella le dijo al policía que la atendió que le prestaba una lapicera a lo que éste respondió ”esa no es una birome oficial, no puedo tomar la denuncia”.

Luego de la lectura de ese caso, se prosiguió con el de Violeta Anahí Becerra. Fue detenida por fuerzas policiales, encapuchados y armados, el 22 de enero en la finca de Tupungato en que se encontraba. Su hermano Ciro había sido secuestrado el 22 de diciembre del ’76. Su madre Elsa realizó distintas averiguaciones para encontrarlos. Radicó la denuncia en la sede policial de Tupungato. Luego, el 24 de enero, tramitó uno de tantos Habeas Corpus que llegó a manos del exfiscal Otilio Roque Romano. También había pedido audiencias con el exmagistrado, pero, a pesar de todos los intentos, ninguna de sus acciones tuvo respuesta. En los HC había elementos de información de sobra para promover investigación, como por ejemplo la denuncia policial por desaparición que nunca fue solicitada por Romano, pero fueron rechazados con costas. Sólo hubo oficios a las autoridades cuyos informes eran falsos. Tampoco formaron parte de ninguna causa judicial, esto resalta la voluntad deliberada de no hacer nada.

En el caso de Pedro Ulderico Ponce, Romano solicita que lo hagan comparecer ante él pues tenía una orden de captura anterior. Más aún, en la indagatoria Romano lamentó no haberlo detenido cuando Ponce se entrevistó con él para regularizar su situación ante la Justicia. “Le hubiera salvado la vida”, dijo, pero pronto aclaró, para no quedar en evidencia, que en ese momento no se sabía de las desapariciones.

En cuanto a los casos de Emiliano Pérez, Jorge Pérez y su compañera Gloria Fonseca, el fiscal ad hoc Rodríguez Infante, calificó de burdo su abordaje. Existían numerosos elementos para iniciar una investigación por los dos hombres: personal uniformado, camiones militares, numerosos testigos y denuncias en el destacamento de El Algarrobal. Sin embargo, los Habeas Corpus fueron rechazados con la fórmula de atribuirlo a autores desconocidos.

En relación a las desapariciones de Miguel Pacheco y Elvira Benítez, el fiscal apuntó que existían claro indicios de quiénes perpetraron sus secuestros ya que la esposa de Pacheco invocó en un Habeas Corpus, una “detención por causas políticas” y Elvira Benítez contaba con legajo en dependencias del D2.

Finalmente, al analizar los casos del matrimonio formado por María Eva Fernández y Manuel Gutiérrez, Rodríguez Infante destacó un hecho paradojal: siendo fiscal de la causa, Guillermo Petra, recibió un Habeas Corpus presentado por la madre de Gutiérrez y resolvió se tome declaración a la denunciante pero no la citaron. Tiempo después en condición de juez, el mismo Petra, debió resolver y, a pesar de no contar con la declaración por él ordenada, decidió rechazar el Habeas Corpus con costas.

En todos los casos del operativo de abril del ‘77 hay varios Habeas Corpus que abundan en datos sistemáticamente ignorados.

El caso de Rebeca Celina Manrique Terrera es paradigmático. Recordemos que se trata del secuestro y desaparición de sus padres, Laura Noemí Terrera y Alfredo Mario Manrique, y de su secuestro y apropiación a sus ocho meses de edad. El matrimonio y la niña fueron secuestrados el 24 de julio de 1977 en la Terminal de ómnibus de Mendoza. La madre de Laura, Vicenta Scala de Terrera, presentó el 29 de julio un Habeas Corpus al entonces Juez Federal Gabriel Guzzo, el cual fue rechazado.

En ésta se acusa a Otilio Romano por archivar el 21 de diciembre de 1987 la causa de apropiación de la beba por los delitos de secuestro, apropiación y sustitución de la identidad. En la democracia alfonsinista las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, la causa Manrique Terrera (la cual tenía incorporada la causa de Celina) se archivó, aludiendo a un mínimo indicio como una carta que recibió la mamá de Laura (presumiblemente escrita por ella) por la que Romano afirmó que las desapariciones no estaban probadas y ordenó el sobreseimiento de la misma. La justicia cómplice presume que no hay delito en vez de investigar: los magistrados Miret y Mestre Brizuela fueron notificados. Estos últimos no están acusados en esta causa por falta de mérito. Desde el Ministerio Público piden que se revise esta falta de mérito que se interpone para juzgarlos y que se los procese. Romano y los otros magistrados no podían archivar una causa como la de apropiación y sustitución de la identidad porque las leyes de la impunidad de esa democracia no versaban en que ése fuera un delito que prescribiera. Romano, para defenderse argumentó la teoría del error: no sabía que en esa causa estuviera la de la apropiación de la beba. Nuevamente, la omisión de investigar no le ayuda al momento de su defensa.

La audiencia se retomará el lunes 8 de agosto a las 9.30.

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