AUDIENCIA 157 / LA CULPABILIDAD DE LOS JUECES

08-08-16| El Ministerio Público Fiscal concluyó los alegatos contra los ex magistrados con la posterior formulación de la acusación. La presencia e intervención del Procurador General de Crímenes contra la Humanidad de la Nación, Jorge Auat, aportó nuevamente conceptos esenciales para comprender estos delitos. El fiscal ad hoc Daniel Rodríguez continuó el desarrollo de causas particulares contra responsables de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

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María del Carmen Marín y Carlos Armando Marín

Ella militaba en la Juventud Peronista y en Montoneros. Había regresado de Buenos Aires y el 28 de octubre de 1977 fue detenida en la vía pública junto con Juan Ramón Fernández. Fue llevada al Centro Clandestino de Detención Las Lajas. El testimonio de Ferraris aclaró que la chica se suicidó ese mismo día tomando una pastilla de cianuro. A la noche secuestraron a su padre Carlos Marín y hasta el día de hoy están desaparecidos.

La esposa de Carlos y madre de la chica, María del Carmen Almazán, interpuso un Hábeas Corpus que fue rechazado con costas por el entonces juez Guzzo, quien informó al fiscal Romano. En su indagatoria, este último usó argumentos variados para defenderse. Desde hacer responsables a los familiares de las víctimas de efectuar una investigación hasta poner en duda el secuestro debido al supuesto estado de confusión política que se vivía.

Olga Inés Roncelli

A la fecha de su desaparición tenía 28 años. Era profesora de Matemáticas y fue secuestrada el 13 de septiembre de 1977 luego de dar clases en la Escuela del Magisterio. Tampoco se tuvo más noticias de su auto.

Al día siguiente, su esposo Alfredo Saieg registró la denuncia ante la Comisaría 7ma. Además, el hombre interpuso dos Hábeas Corpus. El primero, del 28 de diciembre de ese año, fue rechazado con costas por el exjuez Guzzo a pesar de que previamente Saieg había pedido que se tomaran nuevas medidas y se ampliara el libramiento de oficios para ubicar a su esposa. Pagó los cargos y presentó otro recurso nueve meses después, que también fue rechazado y archivado esta vez por Petra Recabarren, en su cargo de juez subrogante.

Antonia Adriana Campos y José Antonio Alcaraz

Fueron detenidos el 6 de diciembre de 1977 con su hijo Martín Antonio de diez meses. Cuando se los llevaron de su casa también robaron muebles, electrodomésticos y documentos de identidad. Ese día, el padre de Campos denunció ante la Comisaría Séptima cuyo sumario fue elevado al Poder Judicial de la Nación dos meses después. Luego de siete meses citaron al padre para que confirmara lo dicho ante la policía.

El 12 de diciembre del 77, los padres de las víctimas presentaron un Hábeas Corpus. El señor Alcaraz concurrió el 29 de diciembre al juzgado e hizo constar que tenía información acerca de que su hijo y su nuera estaban en el D-2. No obstante, el entonces juez Guzzo rechazó con costas el recurso y notificó al procurador Otilio Romano. Aparecieron sus nombres en un libro del D-2 que documentaba la devolución de los prontuarios civiles al archivo general del D-5.

En septiembre de 1978, la Justicia Federal pidió a la policía antecedentes policiales y/o ideológicos de las víctimas. En enero del 81, las fuerzas de seguridad informaron al juzgado que Campos se había cambiado de domicilio y Alcaraz estaba radicado en España. Ambos están desaparecidos.

Walter Hernán Domínguez y Gladys Cristina Castro

El 9 de diciembre de 1977 a las 9 de la mañana fueron secuestrados de su domicilio en Godoy Cruz. Ella estaba embarazada de seis meses y la beba apropiada recuperó su identidad 38 años después.

Una seguidilla de Hábeas Corpus corrieron idéntica suerte. El primero fue interpuesto por Osiris Domínguez, el padre de Walter. El segundo fue presentado por el padre de Gladys, Fermín, y destacó el embarazo. Fue rechazado por quien ejercía el cargo de juez subrogante, Petra Recabarren, y luego notificó al fiscal de ese entonces, Romano.

María Assof de Domínguez interpuso el tercero a favor de su nieto o nieta. Nuevamente Petra dispuso “estarse a lo resuelto” por tratarse de una “persona no individualizada” y no pudiendo presumir su nacimiento. El cuarto recurso fue rechazado por Guzzo.

Aldo Enrique Patroni

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A sus 26 años militaba en el PRT y era empleado en Cimalco. El 17 de mayo de 1978 a las cuatro de la mañana ingresaron a su vivienda cinco sujetos con uniforme del Ejército y se lo llevaron.

Cuando su madre, Felisa Rodríguez, logró desatarse hizo la denuncia en la Comisaría Seccional Cuarta. Además presentó un Hábeas Corpus el 22 de mayo que fue rechazado con costas por el exjuex Petra sin notificar a la Fiscalía.

Raúl Oscar Gómez

Fue secuestrado el mismo día que Patroni. A la una de la mañana entró un grupo de personas armadas, dijeron a su esposa que lo llevaban para hacerle algunas preguntas y nunca más volvió.

Roberto Jofré, familiar lejano de la vícima, hizo la denuncia el mismo día ante la Comisaría Séptima. Norma Liliana Millet, su pareja, interpuso dos veces un Hábeas Corpus. El primero fue rechazado por Petra Recabarren y el segundo por Guzzo.

Daniel Romero y Víctor Hugo Herrera

El 24 de mayo de 1978, un grupo de personas armadas vestidas de civil, irrumpió en el almacén del matrimonio Romero Quintana. Se llevaron a Daniel. El 28 de mayo, individuos encapuchados secuestraron a Víctor Hugo Herrera.

El 26 de mayo, María Isabel Salatino, madre de Herrera, interpuso un Hábeas Corpus. Antes de ser rechazado, le habían dicho en la 8va Brigada de Infantería de Montaña que su hijo estaba allí. El 17 de julio, Dulce Quintana presentó un recurso en favor de su marido. Ambos fueron rechazados por el exjuez Petra.

“Historias escritas con sangre”

Antes de que la Fiscalía diera a conocer las calificaciones de las imputaciones a los 4 ex jueces, el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, hizo esclarecedoras consideraciones sobre el accionar de los ex magistrados no sólo durante la dictadura, sino antes.

Auat apeló a la pregunta tantas veces reiterada por el fiscal Dante Vega: “¿Qué hubiese pasado si los jueces hubieran actuado?”. La respuesta fue: “Seguramente habría unos cuantos desaparecidos menos”.
El doctor Auat explicó que era normal que los familiares de las víctimas acudieran a la Justicia en busca de respuestas. Se entendía que ir a buscar a un juez era ir a peticionar ante la autoridad. Los jueces o fiscales eran los únicos que podían hacer algo y no lo hicieron.

“La forma de medir el aporte que hicieron al terrorismo de Estado, está en la sangre con que se escribieron esta historias”, reflexionó el fiscal general y concluyó con que “la no investigación sistemática, instaló en las fuerzas represoras la idea de que todo lo podían hacer y nada les iba a pasar, como efectivamente ocurrió”.

La acusación del Ministerio Público Fiscal contra los exmagistrados

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Este aparato organizado de poder que conformó también la complicidad de la Justicia Federal es lo que lleva a Dante Vega a formular la siguiente acusación:

Luis Francisco Miret, como partícipe criminal primario en

  • 7 hechos de homicidio agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas
  • 6 hechos de privación abusiva de libertad agravada por mediar violencia y amenazas
  • 18 hechos de privación abusiva de libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes
  • 6 hechos de tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas
  • Un allanamiento ilegal de morada, en el caso Moriña
  • 3 robos agravados por el uso de armas de fuego
  • Una violación perpetrada por la fuerza e intimidación, agravada por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, y por el concurso premeditado de dos o más personas

En relación a la participación criminal primaria de Rolando Evaristo Carrizo:

  • 2 hechos de homicidio agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, en concurso real con el delito de privación abusiva de la libertad
  • 2 hechos de privación abusiva de libertad agravada por mediar violencia y amenazas
  • 13 hechos de privación abusiva de libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes
  • 2 hechos de tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas
  • Un allanamiento ilegal de morada, en perjuicio de la familia de Santiago Illa

Guillermo Max Petra Recabarren en participación criminal primaria de:

  • 17 hechos de homicidio agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, en concurso real con el delito de privación abusiva de la libertad
  • 14 casos de privación abusiva de libertad agravada por mediar violencia y amenazas
  • 5 casos de privación abusiva de libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes
  • 6 hechos de tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas

Y, como participe criminal primario acusa el Ministerio Público Fiscal a Otilio Irineo Roque Romano por:

  • 33 hechos de homicidio agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas, en concurso real con el delito de privación abusiva de la libertad
  • 27 casos de privación abusiva de libertad agravada por mediar violencia y amenazas
  • 11 hechos de privación abusiva de libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes
  • 14 hechos de privación abusiva de libertad agravada por mediar violencia y amenazas
  • 36 hechos de tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas
  • Un allanamiento ilegal de morada, por el caso de la familia Moriña
  • Cuatro hechos de violación perpetrada por la fuerza e intimidación, agravada por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, y con concurso premeditado de dos o más personas
  • 5 hechos de abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda
  • Omisión de promover la investigación por el caso de Celina Manrique Terrera.

Los cuatro están acusados además por el delito de asociación ilícita.

Daniel Ponce y Saúl Hanono

El doctor Daniel Rodríguez Infante comenzó a tratar algunas causas que quedaron pendientes para el tramo final del alegato de la Fiscalía.

Hanono y Ponce eran militantes del Partido Comunista Revolucionario (PCR) cuando fueron detenidos el 7 de marzo de 1977 mientras repartían panfletos en Chacras de Coria. Fueron llevados al D-2, pasaron por la Penitenciaría Provincial y cerraron su periplo de encierro en la Unidad 9 de La Plata. Recuperaron la libertad el 8 de julio de 1978.

Hay toda una cadena de irregularidades en esta causa en la que intervinieron la Policía y la Octava Brigada de Infantería de Montaña y también se observan “aportes” de la Justicia Federal aunque no hay aquí imputados de ese ámbito.

Ambas víctimas sufrieron torturas en el D-2 donde estuvieron 15 días. Pero recién a los 9 días de la detención la policía dio intervención a la Justicia Militar y desde el ámbito castrense no enviaron la causa a la Justicia Federal hasta que pasaron 3 meses. Todo esto enmarca la clandestinidad con la que actuaron los organismos involucrados.

El doctor Rodríguez Infante recordó un episodio ocurrido en este juicio cuando prestó declaración la madre de Saúl Hanono. Cuando la mujer contó que su hijo había sido detenido con 15 años de edad se entrevistó con Romano y Miret. Entonces el defensor del primero, Ariel Civit (había pedido permiso para retirarse pero volvió cuando escuchó que sería nombrado), le preguntó a la señora si le habían indicado que tenía que nombrar a ambos ex jueces, lo que fue considerado por la Fiscalía y las querellas como un intento malicioso de revictimizar a las víctimas y hacerlas pasar por mentirosas. El representante del Ministerio Público señaló que los nombres de Romano y Miret estaban en el expediente y que, contrariamente a lo dicho por Civil, sí eran funcionarios judiciales (secretarios) cuando Hanono fue aprehendido en 1972, con 15 años de edad.

En la causa de Daniel Ponce y Saúl Hanono están acusados por privación abusiva de la libertad los ex policías Armando Fernández y Alcides París Francisca y el ex militar Paulino Furió.

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