AUDIENCIA 163 / PEDIDO DE PENAS Y DERECHO A LA VERDAD

30-08-16| Continuaron los alegatos y pedido de penas de la querella por el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH). Pablo Salinas, Viviana Beigel y Diego Lavado analizaron varias causas en las que están acusados miembros de las Fuerzas Armadas y la policía de Mendoza. Para todos solicitaron prisión perpetua. Beigel hizo una exhortación a conocer la verdad sobre el destino de las y los desaparecidos.

Audiencia 163

Pablo Salinas inició la exposición analizando tres desapariciones forzadas. María Eva Fernández fue secuestrada en un lugar indeterminado, después de abandonar su vivienda de Las Heras. Allí, fuerzas conjuntas armaron una ratonera a la espera su esposo, Manuel Gutiérrez, lo apresaron y cargaron en un auto. No conformes, permanecieron adentro de la casa hasta que llegó Juan Montecino, quien tenía orden de captura y había encontrado refugio en el domicilio del matrimonio. Una vez capturado, lo sacaron y en la vereda le dispararon a quemarropa. Montecino quedó tendido en la calle hasta que un vehículo lo recogió para llevarlo con destino desconocido. Fernández, Gutiérrez y Montecino permanecen desaparecidos.

En la escena de este operativo estuvo presente un móvil de la Seccional XVI en el que se encontraban los acusados Miguel Ponce y Héctor Camargo, mientras que el responsable de la Comisaría era Juan Carlos Ponce.

Salinas sostuvo la participación primaria de los miembros de la XVI en estos hechos. Consta en el expediente el relato de una testigo presencial que da cuenta que los policías cargaron el cuerpo de Montecino en un vehículo. El exjefe del D2, Pedro Sánchez Camargo, lo ratifica al referirse a este procedimiento en su declaración: “había gente mía y de la XVI”. Además no se le dio curso a la denuncia de la madre de Gutiérrez, presentada ante esa Comisaría.

Con estos elementos, el MEDH solicitó prisión perpetua para Juan Carlos Ponce, Héctor Camargo y Miguel Ángel Ponce por considerarlos partícipes necesarios en los homicidios de María Eva Fernández, Manuel Gutiérrez y Juan Montecino.

En esta causa, la querella del MEDH se diferenció de la Fiscalía que definió el rol de los policías como coautoría y solicitó penas menores.

Este operativo que cuenta con tres víctimas desaparecidas fue pergeñado por fuerzas conjuntas; por ende también recae la responsabilidad sobre Paulino Enrique Furió, del G2, Inteligencia del Ejército y sobre el vicecomodoro Alcides Paris Francisca, jefe de la Policía en esa fecha. A ambos, la querella les atribuyó los cargos de privación ilegítima de la libertad, homicidio triplemente agravado y asociación ilícita en calidad de jefes. Solicitó prisión perpetua para ambos oficiales de las FFAA.

Salinas, analizó a continuación, brevemente, las desapariciones de Laura Terrera y Alfredo Manrique junto con el secuestro de su hijita Celina, cuando regresaban de la provincia de San Juan.

Por esta causa está procesado Paulino E. Furió, al que se lo acusa de privación ilegitima de la libertad, homicidio agravado y asociación ilícita, así como sustitución de identidad y apropiación de una menor en referencia a Celina Manrique Terrera. También en este caso el MEDH solicitó prisión perpetua.

Beigel: Operativos abril del ‘77 y mayo del ‘78

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Viviana Beigel repasó los hechos que tienen como víctimas a exmilitantes de la JP-Montoneros detenidos en sucesivos procedimientos realizados en abril de 1977. Como resultado del operativo se registraron las desapariciones de Jorge y Emiliano Pérez, Gloria Fonseca, Miguel Pacheco, Luis López Muntaner, Elvira Orfila Benítez, Gisela Tenembaum y Billy Hunt. Asimismo, recordó que en esa verdadera cacería fueron asesinados Ana María Moral y el matrimonio marplatense formado por María del Carmen Laudani y Jorge José, cuyos cuerpos fueron recuperados por sus familiares.

Por esta causa también fue procesado Paulino Enrique Furió por privación ilegitima de la libertad, homicidio agravado y asociación ilícita por lo que se solicitó prisión perpetua. Además, requirió inhabilitación absoluta y cárcel común para este oficial del Ejército.

Seguidamente, Beigel se abocó a la causa Galamba referida a la desaparición forzada de diez personas, acaecidas en mayo del ´78. La abogada hizo un breve repaso sobre los avatares que sufrió Juan José Galamba desde que consiguió eludir a la patota que allanó su domicilio en junio de 1976. Finalmente fue capturado el 28 de mayo de 1978.

Días antes se realizaron numerosos procedimientos contra “subversivos residuales” que desembocaron en los secuestros de Raúl Gómez, Margarita Dolz, Mario y Gustavo Camín, Víctor Herrera, Daniel y Juan Carlos Romero, Ramón Sosa y Juan José Galamba. Entre ellos había vínculos y lazos solidarios que trascendieron en dictadura.

Por esta causa está procesado el vicecomodoro Alcides Paris Francisca acusado, al igual que en anteriores casos, de privación de la ilegítima de la libertad, homicidio agravado y asociación ilícita. También le cupo el pedido de prisión perpetua.

Gran parte de la exposición de Viviana Beigel transcurrió con un fondo de marchas militares interpretadas, posiblemente, en el espacio trasero del Comando de la VIII Brigada de Montaña que colinda con Tribunales Federales. Una verdadera contaminación sonora.

Al finalizar, Beigel, exhibió sendas fotos ampliadas de Gisela Tenembaum y Juan José Galamba con la esposa y su hijita e invitó a los imputados a que las observen y dimensionen el daño ocasionado a tantas familias. Luego invocó el derecho a la verdad, a saber que sucedió con los y las desaparecidas. Reavivó el clamor: “¿dónde están?” y aseguró que los jefes conocen qué hicieron con sus cuerpos y los exhortó a que revelen lo conocido. Para cerrar leyó un emotiva poesía que provocó aplausos en la sala.

Liceo Militar

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El abogado querellante por el MEDH, Diego Lavado, abordó la causa de Santiago Illa que tiene como acusados a José Fuertes y a Carlos Tragant. La ilegalidad de su detención y demás suplicios dan a comprender que esta desaparición fue planificada por la jerarquía militar: lo secuestraron de su casa de San Rafael la madrugada del 9 de marzo de 1976, fue llevado al D2 y el 16 de marzo lo trasladaron al penal provincial, donde estuvo hasta el 12 de mayo, cuando supuestamente, recuperaría la libertad, pero fue entregado por personal penitenciario al suboficial del Ejército, José Fuertes. En realidad, fue llevado al Liceo Militar Gral. Espejo y desde ese momento no se sabe nada de él.

José Antonio Fuertes estaba a cargo de personas detenidas en el Liceo Militar y además mantenía relación con personal de la penitenciaría. Carlos Horacio Tragant era jefe de Fuertes, ambos conocían a fondo el plan sistemático de exterminio y tenían un activo accionar conjunto. Es por ello que a Fuertes y a Tragant se los acusa de homicidio triplemente calificado, tormentos agravados y asociación ilícita contra Illa, por lo que se pidió la pena de prisión perpetua para ambos.

A continuación, Lavado abordó la causa por el asesinato de Sabino Rosales y la desaparición de Ricardo González, además de la persecución, hostigamiento y tormentos padecidos por Pablo, Francisco y Guadalupe González, hermanxs con Ricardo. Los atropellos no terminaron ahí: por más de 35 años se ocultó el cuerpo de Sabino, ejecutado por personal policial la noche del 16 de enero de 1977, enterrado como NN en el cuadro 33. Nuevamente el ocultamiento de la identidad, en este caso el cadáver, sumado a la negativa de dar información sobre las personas secuestradas, como con la desinformación sobre el paradero de Ricardo. Además, en este caso, se brindó información contradictoria a familiares. Cuando la madre de Ricardo fue a reconocer un cuerpo a la morgue que presuntamente era su hijo resultó ser Sabino.

Por estos hechos se acusa a Alcides Paris Francisca como autor mediato de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en perjuicio de Sabino Rosales y Ricardo y Guadalupe González; privación abusiva de libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por durar más de un mes en perjuicio de Pablo González; homicidio triplemente agravado, criminis causa por concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía contra Sabino Rosales y Ricardo González; robo agravado por uso de arma de fuego en perjuicio de Rosales y González y tormentos agravados por la condición de perseguido político en perjuicio de Pablo y Guadalupe González; asociación ilícita.

A Paulino Enrique Furió, como autor mediato de privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas en perjuicio de Sabino Rosales y Ricardo y Francisco González; privación abusiva de libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por durar más de un mes en perjuicio de Pablo González; homicidio triplemente agravado, criminis causa por concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía contra Sabino Rosales y Ricardo González; robo agravado por uso de arma de fuego en perjuicio de Rosales y González y tormentos agravados por la condición de perseguido político en perjuicio de Pablo y Francisco González; asociación ilícita.

Se pidió para ellos la pena de prisión perpetua.

La audiencia se retomará el lunes 5 de septiembre, a las 9.30 hs.

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