AUDIENCIA 195 / CARNAVAL DE FALLOS

28-03-17 | Ariel Civit insistió, en la jornada, sobre la incompetencia de los exjueces para abocarse a los delitos contenidos en las causas que se les endilgan e insistió que eran de jurisdicción militar. Para ello trajo, según sus palabras, un “carnaval de fallos” emitidos por la jurisdicción federal local, antes y en democracia, así como procedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El abogado particular de Otilio Roque Ireneo Romano dedicó la jornada a hacer una exacerbación de la ecuanimidad y supuesto coraje del exjuez del que dijo “estar orgulloso de ser su defensor”. Además, hizo un repaso de fallos que dictaminaron la incompetencia de la justicia federal en casos tratados en esta megacausa, así como otros a nivel nacional.

Por supuesto, arremetió contra la Fiscalía por no valorar las leyes que establecían la competencia militar para delitos vinculados a la represión política. Luego, trajo a colación presentaciones judiciales a favor de los desaparecidos de origen italiano, José Rossi y Olga Roncelli y de Gladys Castro de Domínguez, desde Francia. En estos casos, la justicia federal de Mendoza se declaró incompetente e incluso los remitió al CONSUFA (Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas).

Asimismo, Civit se detuvo en el análisis de la presentación por Luis Moriñas, en 1985, con dictamen del juez Burad, que pasó a la Cámara Federal de Apelaciones y llegó a la Corte Suprema de Justicia, la que confirmó la competencia castrense en esa causa.

Más tarde, se refirió a otros recursos, interpuestos en democracia, por los desaparecidos Edesio Villegas, Jorge Vargas, Ricardo González, Osvaldo Sabino Rosales y Santiago Illa. En todos los casos, destacó Civit, se trata de jueces de la democracia, a los que señaló con nombre y apellido, que establecieron la incompetencia de la justicia federal. En el mismo sentido e igual resultado, se refirió a la causa Seydell, Moretti y Amaya, así a la causa Rabanal.

Finalmente, citó fallos de tenor similar emitidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso de los soldados conscriptos García y Steimberg en Buenos Aires, en la causa por la masacre de Margarita Belén de Chaco, así como otros atribuidos a fuerzas de seguridad y armadas implicadas en la represión política en Rosario, todos de competencia militar, según la Corte.

Para Civit, las leyes que consagraban la potestad de los tribunales militares para entender en los delitos cometidos por fuerzas armadas y de seguridad, como privaciones ilegales de la libertad, torturas y homicidios, eran constitucionales.

Cabe destacar que el abogado se detuvo para hacer una exaltación de la libertad, citando a Cervantes y como acostumbra, le dio un toque rockero citando un verso de Calamaro: “la libertad es eso que conoce el preso”.

Acotaciones

Ariel Civit está dilatando, largamente, los fundamentos de su alegato. Es notable la diferencia en la extensión y clamor de inocencia invocado en los alegatos según se trate de abogados particulares o defensores públicos.

Probablemente cuente con el análisis y compilación de antecedentes, así como el asesoramiento de su defendido, el exjuez Romano, por el destacable giro que se observa en su desempeño. Se explaya con seguridad, en forma coherente (aunque reiterativa) buscando la adhesión de sus colegas y del Tribunal.
En la jornada, el letrado, además de insistir sobre la incompetencia de los jueces, puso el énfasis en la supuesta persecución política a Romano por tratarse de un personaje a quien “no lo doblegaban fácilmente”, dijo. Intentó dibujarlo como un justiciero que resultaba “antipático para el poder” y aludió a fallos emitidos durante el anterior gobierno que explicarían, según Civit, su detención.

Ante el panegírico a favor de Romano cabe preguntarse por qué los jueces acusados mantuvieron las causas en la jurisdicción federal si eran los tribunales militares los encargados de abocarse a ellas. Lo cierto es que reservaron para sí los expedientes con riquísima información sobre los hechos que comprometían a las Fuerzas Armadas y de seguridad relevados durante la Dictadura. Con ese bagaje, los exjueces ascendieron en la carrera judicial en aquellos años y en democracia; ya camaristas, manejaron los hilos para evitar que se juzgaran las atrocidades cometidas durante el terrorismo de estado. Prueba de ello es que no prosperaron los Juicios por la Verdad en Mendoza y se iniciaron tardíamente los procesos penales por delitos de lesa humanidad. Hubo que sortear muchos obstáculos, entre otros, la liberación de represores hoy condenados a prisión perpetua, dispuesta por Miret, Petra y Romano, en 2008.

Es un secreto a voces el nicho de poder conseguido, particularmente, por el hábil Romano dentro de la justicia federal que le permitía disponer de un sinnúmero de alternativas que bien supo aprovechar otrora.

La próxima audiencia será el lunes 3 de abril.

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