AUDIENCIA 199 / EL RECURSO DE LA DRAMATIZACION

11-04-17 | Con arrebatos histriónicos dignos de las tablas, Ariel Civit terminó su alegato a favor del exjuez Otilio Romano. Pidió la nulidad de todo lo actuado por el cúmulo de defectos procesales que, según él, registra la causa. Reiteró la presunta persecución política contra su cliente y cargó contra la Justicia Federal.

Civit denominó “levanta manos y agacha cabezas” a los miembros de la Fiscalía, al magistrado Walter Bento -a cargo de la de la instrucción- y a los jueces de cámara que intervinieron en la sustanciación de este juicio. A todos los trató de obsecuentes.

A lo largo del alegato acompañó sus palabras con ademanes exagerados. Varias veces dirigió su dedo índice en gesto acusador hacia el Tribunal y la Fiscalía, dio palmadas en el escritorio y no ahorró descalificaciones acompañando su ímpetu. Insistentemente, destacó que se “permitió patear penales sin arquero”.

Génesis defectuosa

Según Ariel Civit, las irregularidades comenzaron, en 2010, con el Requerimiento de elevación a juicio presentado por Omar Palermo, entonces Fiscal General, junto a Javier De Luca. Contra éste se ensañó, particularmente, por ser un fiscal de otra jurisdicción y porque, presumiblemente, no conocía la causa ya había asumido días antes de su presentación. Lo definió como “un sujeto que cumplía órdenes”.

Por otro lado, desestimó que se tratara de un trabajo en equipo e insistió en que el Requerimiento debía llevar las firmas de los fiscales de instrucción: Dante Vega y Alejandra Obregón. Dijo que el juez Bento delegó en fiscales especiales la instrucción y lo calificó como alteración del debido proceso. Asimismo, trajo a colación citas de fallos cuya lectura fue ininteligible.

Por otro lado, aseguró que el Requerimiento era confuso porque contenía dos imputaciones alternativas en lo que describió como “arrojar pelotas al bulto a ver si alguna pega en el blanco”. De acuerdo a las expresiones del letrado una de las imputaciones era por participación criminal primaria y la segunda por participación secundaria. El juez de Instrucción indagó a Romano por la última, en virtud del art. 46 del Código. Omar Palermo apeló y pidió se lo encuadrara en la figura de partícipe primario, pero no fue indagado nuevamente. Esta situación, el defensor la considera persecutoria y la asemejó a una carrera de galgos entre Bento y Palermo. Según Civit, hubo falta al deber de objetividad y al debido proceso.

Para rematar, el defensor se quejó porque Julio Cesar Strassera, fiscal de la causa 13, no fue aceptado como testigo de la defensa. Dijo haberlo visitado en su departamento de Recoleta y dejó volar la imaginación para asegurar que esta instancia hubiese respaldado a Romano.

Doble jornada

Por la tarde, al regreso del cuarto intermedio, el abogado de Romano -con presencia de su defendido- continuó repitiendo argumentos ya dichos, lo que lo llevó a considerarse a él mismo “bien rankeado en el campeonato mundial de insistencias”. Intentó, nuevamente, explicar la supuesta persecución política al exmagistrado haciendo hincapié en lo que explicó como irregularidades del proceso.

Civit denunció que al inicio se conformó una nueva Cámara de Apelaciones avocada únicamente al tratamiento de delitos de lesa humanidad, integrada por los jueces Echegaray, Nacif y González. Cuando esto ocurrió, Romano pidió que no fueran los dos primeros quienes integraran este órgano judicial, porque por una u otra razón lo tomaba como una cuestión personal. Este pedido de recusación fue rechazado por los mismos jueces. Y, nuevamente, el defensor soltó su analogía: “uno no termina nunca de pasar la aspiradora. Cada vez hay más tierra. El proceso está todo ensuciado”.

Centrándose en la instancia indagatoria, el abogado defensor denunció la intervención de la abogada Patricia Santoni. Para ese momento, dijo, ella era secretaria y no correspondía que interrogara. Se pronunció también contra el nombramiento del fiscal ad hoc Pablo Barreda por parte del entonces fiscal Omar Palermo.

Otilio Romano interrumpió por lo bajo a Civit en dos ocasiones y le dictó algunos puntos del alegato. Para remarcar el argumento de la persecución política, mencionó varios nombres de funcionarios y funcionarias del gobierno anterior que habrían presionado para el procesamiento del acusado. “Salió más rápido el procesamiento que una pizza en Capri”.

Se refirió a la detención de Nélida Rojas, dirigente de la organización Tupac Amaru en Mendoza, por las irregularidades que denuncian los abogados en su detención. Dijo que esos abogados eran los mismos que habían generado y defendido persecuciones en el proceso en lesa humanidad y “el Código Penal se vuelve en contra”.

Pedido de nulidades y un racconto sobre Romano

Uno de los supuestos de nulidad que planteó el abogado defensor de Romano fue que el juez de instrucción Walter Bento dio curso a una acción no instada por el fiscal. Otro supuesto fue la presunta selectividad con la que persiguieron a unos jueces y a otros no, como también la irregularidad en la indagatoria. Además, mencionó el “principio de paridad de armas” y explicó que en la Fiscalía trabajaba mucha más gente que en la Defensoría. En general, pidió la nulidad de todo el proceso penal.

Acentuó que el sustrato de su alegato no está “en el hecho aislado sino en la contaminación global del proceso”. Pidió disculpas al tribunal por la extensión y a las partes por si las hubiera ofendido.

Otilio Roque Ireneo Romano supo manejar los hilos de la Justicia Federal durante más de una década. Fue ascendido a camarista en 1994 y destituido, en diciembre de 2011, por el fallo unánime del Consejo de la Magistratura para responder por delitos de lesa humanidad, incluso el archivo de una causa por la apropiación de una bebé.

Meses atrás, se había escapado a Chile para no someterse a juicio y fue declarado en rebeldía. En la república trasandina solicitó el asilo y le fue denegado. Finalmente, un juez chileno concretó el pedido de extradición solicitado por la Argentina. Quedó detenido en septiembre de 2013; meses después se inició este juicio que ahora llega a su fase final. A pesar de aquella fuga para eludir las imputaciones que pesan sobre él, en julio de 2016, el Tribunal Oral Federal N°1 le concedió la prisión domiciliaria.

Desde el 7 de febrero último y a través de doce densas audiencias en que Ariel Civit desarrolló sus alegatos a favor de Romano, se percibió la inspiración del exjuez en el libreto de la Defensa. Los capítulos fueron escenificados por el histriónico abogado Ariel Civit.

El 17 de abril a las 10 hs. el letrado Paturzo alegará en defensa de Rubén González.

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