AUDIENCIA 209 / NI SELECTIVIDAD NI INCOMPETENCIA

05-06-17 | Las partes acusadoras concluyeron con las réplicas. El fiscal general Dante Vega y el procurador nacional de crímenes contra la humanidad, Jorge Auat, terminaron de refutar las argumentaciones defensivas, fundamentalmente, las relacionadas con los exjueces.

De los hechos, se olvidaron

En primer lugar, el fiscal Vega culminó con el análisis de los planteos de inconstitucionalidad de las defensas y se refirió al de los pedidos de prisión perpetua. Vega aclaró que en la Argentina la perpetua no es total y no incluye a menores de edad, por lo que aquí no puede ser objetada.

Inmediatamente se dedicó a demostrar que los argumentos defensistas evidencian la imposibilidad de contestar las acusaciones. Por ello siempre esgrimieron respuestas parciales. Los alegatos han demostrado que los exmagistrados recibían causas en las que los autores no eran ignorados, se declaraban competentes y podían investigar.

Los defensores nunca se refirieron a los hechos por los que sus defendidos están acusados. Sólo lo hizo el propio Otilio Romano, con argumentos estándares. “Mi objetivo es que no quede flotando la mentira”, dijo el titular del Ministerio Público.

Lo respaldó Jorge Auat, quien explicó que la estrategia de la defensa de transferir responsabilidades y acusaciones a la Fiscalía no es casual. Y añadió que este juicio es un formidable ejercicio de Memoria, Verdad y Justicia, en el que las víctimas vuelven a tener protagonismo, situación que los defensores tratan de eludir.

Las cifras falsas de Day

De la selectividad, en la audiencia anterior, Dante Vega ya contestó los planteamientos referidos a la Justicia Federal. Ahora lo hizo respecto de la Justicia Provincial ya que el abogado de los exjueces Miret y Petra, Juan Day, acusó a los fiscales de ser los comisarios políticos que dirigieron una persecución contra un puñado de jueces federales que molestaban al poder político de turno, soslayando a los jueces de la Justicia Provincial para evitar que la sala de audiencias se llenara de abogados defensores. Pero nada dijo, reiteró Vega, sobre los hechos.

Según Day, los desaparecidos de Mendoza son unos 200 y de ellos, sólo 55 casos llegaron a la Justicia Federal. Los otros 145 estarían en la Provincial.

La Fiscalía compulsó toda la documentación en los 8 Juzgados de Instrucción de la Provincia y, considerando todo tipo de trámite, desde Habeas Corpus hasta sumarios, verificó que sólo 25 causas pasaron por la Justicia Provincial: apenas 5 tuvieron trámite. De ésas, 4 fueron por homicidios que en el momento no se sabía que eran parte del terrorismo de Estado.

También aseveró Day que los “que manejan las estadísticas en Mendoza” (no especificó quiénes) sostienen que de 370 causas, 190 entraron por mesa de entradas de la Justicia Provincial. En realidad fueron 31 y de ellas sólo 6 Habeas Corpus (HC), también presentados en la Justicia Federal. No consultó el abogado el libro de pruebas de HC que indica que entre el 24 de marzo de 1976 y 1983, la Justicia Federal recibió 289 HC. Y sin contar los producidos antes del Golpe de Estado.

“No ocultamos, los pedimos, los revisamos y los devolvimos”, cerró esta parte el fiscal.

La 23049

Al planteo de la incompetencia, la Fiscalía lo calificó como anacrónico, tardío y falto de identidad jurídica. La competencia de la Justicia Federal en los delitos cometidos por la dictadura ya no se discute. Y aquí Day hizo un confuso relato de fechas de competencia e incompetencia, con el objetivo de dejar afuera las causas Mocci y Rabanal, ocurridas antes del Golpe, pero se olvidó la causa Moriñas.

Dante Vega le reprochó al defensor haber tergiversado sus palabras ya que nunca dijo que todo el juicio dependía de la competencia ni que la Corte no había entrado en el tema de la competencia cortando, deliberadamente, el final de ese concepto que se refería sólo al Juicio a las Juntas.

La competencia militar correspondía a delitos esencialmente del ámbito militar, actos de servicio (no era un acto de servicio desaparecer personas) y delitos comunes fuera del ámbito de servicio.

En 1984 el Congreso sancionó la ley 23049, posterior a los hechos que se investigan, y cuando los tanques aún apuntaban a la Casa Rosada. Allí se estableció la competencia militar para los hechos vinculados con la represión de la Dictadura y también se dispuso una vía de alzada para que, en caso de demoras o inacción, la Justicia Federal tomara las causas.

Pero a medida que la presión militar fue cediendo, la Corte comenzó a girar su jurisprudencia y volvió sobre sus pasos. El repaso histórico de la jurisprudencia de la Corte en la década del ’80 muestra cómo fue revertida la 23049. Aparecen innumerables causas que lo certifican. En Mendoza, la Justicia Federal declaró su competencia tanto en hechos ocurridos antes del Golpe (por ejemplo los de Ángela Pastora Vélez y Moriñas) ocurridos antes del Golpe pero tratados durante su desarrollo (Rabanal y Vila Bustos) y durante el gobierno de facto (Rizzi, Rossi, Ibáñez y Alicia Peña, entre otros).

Recordó además el fiscal que Julio César Strassera, a quien tanto invocó Day, también declaró, en La Plata, la competencia de la Justicia Federal y que un fallo del juez Rafecas, traído por Day, hizo lo propio a pesar de la sesgada y errónea interpretación del defensor.

Finalmente, y como perlita de su réplica, Vega reveló que el instructor militar Arnaldo Kletz declaró la competencia de la Justicia Federal, ratificada luego por los jueces Fuego y Guzzo.

De qué guerra hablan

En su última intervención, Jorge Auat, lamentó que la Fiscalía fue objeto de ataques injustos. “Nos hicieron responsables de las situaciones aciagas de los imputados y nosotros hemos sido simplemente operadores jurídicos”, señaló.

Añadió que frente a la escasa o nula discusión sobre los hechos, los defensores buscaron otros argumentos y hablaron de una guerra que continúa. “Ni aquello fue una guerra, ni esto es una continuación”, afirmó el procurador.

También se refirió a las nulidades por selectividad, algo que nunca vio en ningún lado y defendió a los testigos víctimas. “Vienen a dar su testimonio por ellos y por los que no están”.

“Estamos hablando de Justicia, no de venganza. Ni aún cuando hubo un cepo legal, dejaron de pedir Justicia. Acá hubo un Estado terrorista que violó Derechos Humanos. No hubo una guerra. Pido la tacha de cualquier tipo de agravio que recibimos. Nos merecemos un gesto de respeto”, fue la conclusión de Auat.

Matar al mensajero

El fiscal Dante Vega cerró la réplica con una breve y contundente conclusión. Repasó que los defensores cambiaron procesos, desvirtuaron hechos y se cayeron las dos cortinas de humo que habían levantado sobre la incompetencia y la selectividad. “La respuesta fue matar al mensajero porque los hechos no fueron contestados”, definió.

 

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