AUDIENCIA 98 / CUESTIÓN DE PLATA

01-09-15| Mientras en las escalinatas de Tribunales Federales se desarrollaba una verdadera fiesta por la recuperación de la nieta apropiada de María Domínguez, en la Sala de Audiencias la actividad era normal. Hoy prestaron declaración el penitenciario Rubén Armando González y el expolicía de la Seccional 7ª de Godoy Cruz procesado en este juicio, Antonio Garro. Ambos sugirieron que los detenidos mienten torturas para obtener prebendas.

Rubén Armando González

Ambiente Pesado

Rubén Armando González se presentó ante el tribunal, citado por la defensa del imputado Oscar Bianchi. El testigo fue compañero de éste en el penal de Mendoza, al que ingresó a trabajar en el primer trimestre de 1977, previa asistencia a un curso de, aproximadamente, 4 meses. Luego, desarrolló sus funciones en los puestos de guardia externa.
González repitió en varias oportunidades que el pabellón en el que estaban los presos por motivos políticos era de exclusiva responsabilidad del Ejército y que los agentes penitenciarios sólo ingresaban al mismo para llevar el rancho. Aseguró que no tenían contacto con estos prisioneros y que la entraba al pabellón estaba custodiada por un gendarme armado.
Negó haber escuchado rumores de que el imputado hubiera causado tormentos a los detenidos ni que pudiera haberse ocupado del traslado de los mismos a otro lugar o a “la peluquería” para ser interrogados y torturados.
A lo largo de este juicio y los anteriores se escuchó el testimonio de muchos prisioneros sobrevivientes que indicaron haber sido llevados a ese lugar por los mismos penitenciarios y haber sufrido allí interrogatorios acompañados de golpes y tormentos. “Si lo han hecho, fueron los militares, yo no tengo conocimiento” y agregó que algo así debería constar en los libros de novedades. Aseveró González que los agentes no podían salir del pabellón ni circular por cualquier parte del penal más allá del puesto asignado. La actividad era normal y las órdenes las recibían de su superioridad, nunca del Ejército, aclaró.
Sin embargo, en otros tramos de su declaración, González admitió que había un “ambiente pesado” en la penitenciaría por la presencia del ejército, con cuyo personal no confraternizaban. Ante las preguntas del juez Fourcade, el testigo explicó, que él estaba en la seguridad externa, custodiando el perímetro, pero nunca había visto trasladar a presos políticos, no sabía por dónde entraban los familiares de estos detenidos, ni si recibían visitas, si tenían un régimen diferente que el de los presos comunes, o quiénes hacían las requisas en el pabellón de los presos políticos. Parecía que estaba en “una cúpula de cristal”, reflexionó el juez Fourcade ante el testigo.
En respuesta al defensor oficial del imputado Pedro Linares, el testigo dijo que lo conoció y que era imposible que hubiese practicado tormentos contra alguien. “No mata una mosca”, aseguró.
La declaración finalizó con un pedido de aclaración de la fiscalía acerca de por qué los expresos que declararon en contra de los imputados los señalaban a pesar del escaso contacto que tenían entre sí. Según el testigo era porque en algún momento escucharon sus nombres.
A lo largo de la declaración, alineado a la concepción esgrimida con los viejos miembros de las fuerzas de seguridad, aseguró que el Ejército estaba en el penal para prevenir ataques terroristas, habló de bandos enfrentados y peor aún, aseguró que los presos se victimizaban para sacar rédito económico. Hizo una encendida defensa de los penitenciarios y se quejó reiteradamente de que son tratados como forajidos.

Bien asesorado

Antonio Indalecio Garro era oficial de servicio en la 7ª de Godoy Cruz cuando los testigos-víctimas Seydell, Amaya y Moretti fueron secuestrados y torturados en esa dependencia en momentos en que él cumplía aquella función. En la ampliación de su declaración aceptó ser interrogado por la fiscalía y se sometió a su indagatoria tratando de crear un clima de cercanía.
Garro, exonerado de la policía 6 años después de su ingreso, se caracterizó a sí mismo como indisciplinado. Aclaró que se incorporó a la fuerza buscando una salida laboral y en el momento de los cargos que se le atribuyen estaba sancionado; recalcó que “nunca desenfundó el arma”.
Hizo un recorrido de su foja de servicio y dijo que no recordaba a los detenidos y no había tenido trato directo con ellos. Admitió que en la Séptima hubo presos políticos que dependían del Ejército pero negó que en el lugar se torturara. También desechó que en la planta alta de los fondos funcionara la sala para esos fines, señalada por los detenidos.
Preguntado por el Fiscal acerca de por qué creía que su nombre fue esgrimido por los apresados, respondió que en su función de oficial de servicio, todos los subalternos lo nombraban permanentemente, “tienen que haberlo escuchado”, explicó.
Dijo conocer a José Lorenzo, imputado en la misma causa, pero aseguró que no coincidían en las guardias, en un intento de desmentir que ambos colocaban la venda a los detenidos para llevarlos a la tortura.
Preguntado sobre la ampliación de acusación de la Fiscalía por ataques sexuales contra los tres detenidos, Garro hizo un desafortunado alarde machista riendo y asegurando que contaba con cuatro matrimonios y ocho hijos. “Tengo lo que necesitan las mujeres, sé halagarlas y otras cosas”, agregó. El comentario mereció la observación del Fiscal, quien le aclaró que la acusación no ponía en duda su heterosexualidad. De hecho, los secuestrados en la 7ª han relatado ataques con objetos.
Finalmente, atribuyó la versión sobre tormentos a un ardid utilizado por los detenidos para sacar ventajas, presumiblemente mal aconsejados. “Prefiero ser crédulo”, dijo, e insistió en que en la 7ª no se practicaban torturas porque se hubiesen escuchado afuera.
Su defensor particular, el experimentado Carlos Reig, no necesitó preguntar, dio muestras de haber asesorado, perfectamente, a su cliente.

La próxima audiencia será en un día inusual, el miércoles 9, a las 11.30 hs.

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