AUDIENCIA 99 / NEGACIONES Y CONFIRMACIONES

14-09-15| Dos testigos ofrecidos por Ariel Civit, defensor de Oscar Bianchi y Otilio Romano, comparecieron este lunes. El exdetenido Mario Fioretti, quien admitió el traslado de presos a cargo de los guardiacárceles a las sesiones de tortura en la Penitenciaría, y Luis Santamaría, que negó los apremios sufridos por su hermana. Además, prestaron declaración indagatoria los imputados y detenidos Alberto Camargo y Miguel Ponce; ninguno de ellos aceptó responder preguntas.

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“Echale la culpa al muerto”

Mario Hugo Fioretti fue detenido el 14 de enero de 1976 y llevado al ex D2. Allí permaneció unos días y su encierro continuó en la Penitenciaría provincial hasta el 24 de diciembre del mismo año. En el penal de calle Boulogne sur Mer estuvo en un pabellón que era custodiado por Oscar Bianchi. El hombre estuvo preso junto con dos hermanos y su padre.
Según Fioretti los guardias internos, entre quienes estaba Bianchi, convivían con los detenidos, no estaban armados ni vestían de civil. En cambio, señaló a los guardias externos como los que golpeaban y maltrataban. Nombró al oficial Bonafede como uno de los más duros y allí Civit pidió que el testigo lo describiera físicamente con el evidente intento de hacer creer que, por la contextura física de ambos, Bianchi puede ser confundido con el fallecido Bonafede y sea éste último el culpable.
En el testimonio se percibieron contradicciones y una increíble afirmación, según Fioretti, el mismísimo general Luciano Benjamín Menéndez, dirigió la requisa vejatoria, realizada en el penal, en julio de 1976, quien le habría pedido que deje de dormir. Sin embargo, varios y sólidos testimonios dan cuenta de que la tarea estuvo conducida por miembros del Ejército, a cargo del Tte. Ledesma. Sobre el rol de los guardiacárceles en el episodio dijo que creía que no habían participado los carceleros. “Es una apreciación personal”, recalcó.
Asimismo, preguntado por Pablo Salinas, Fioretti admitió que Bianchi custodiaba a presos políticos y que la seguridad interna –de la que participaba Bianchi- era la encargada de los traslados.
A pesar de ser testigo de la defensa contradijo las aseveraciones de personal penitenciario que intentaron salvar a sus camaradas. En esa línea, recordó que el día del Golpe de Estado se endureció el régimen y, en cambio, negó que el Ejército hubiese entrado a los tiros como refirió, en la audiencia anterior, un expenitenciario –Rubén Armando González- convocado por la defensa. También desmintió lo que dijo ese testigo sobre que a los presos políticos los custodiaban los militares.
Fioretti habló de “La Peluquería”, convertida en sala de tortura y aceptó que los penitenciarios conocían lo que allí sucedía porque eran “los que sacaban a los presos y los traían averiados”. Finalmente, le reconoció al doctor Rodríguez Infante que “es amigo de un hermano de Bianchi, con quien se ve constantemente”.

Defensa en apuros

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El abogado Luis Beltrán Santamaría, hermano de Blanca Graciela (desaparecida) y de María Florencia (exdetenida) tuvo un testimonio poco afortunado. A poco de iniciado el interrogatorio por parte de Civit, el fiscal Dante Vega interrumpió a Santamaría para preguntarle si su hermana lo había relevado del secreto profesional. Esto es porque el testigo ejerció, con Juan Carlos Aguinaga, la defensa de su hermana cuando la detuvieron y, para referirse a ese hecho, es necesario que su cliente (en este caso su hermana) lo releve del secreto profesional.
Casi sin preguntas por hacer, Civit le pidió a Santamaría que dijera si vio a su hermana torturada o ella le contó que sufrió apremios, a lo que respondió con un no rotundo.
A continuación Rodríguez Infante lo inquirió sobre su actuación como conjuez en un caso que involucró a Luis Miret, quien le presentó un recurso de amparo tras haber sido expulsado de la Universidad Nacional de Cuyo por pedido de un centro de estudiantes que lo señaló como cómplice de la dictadura. Santamaría reveló que le dio curso favorable a ese recurso de Miret. Esto hizo reaccionar al defensor de Miret, Juan Day, quien se quejó de que los que impulsan estos juicios tienen mayorías en las consejos de las magistraturas y después le preguntó a Santamaría si había notado que la Justicia Federal actuara en complicidad con la dictadura. La respuesta del testigo fue ambigua.

Contra el embate ideológico

El expolicía Héctor Camargo, involucrado en la causa por las desapariciones de Juan Manuel Montecino, Manuel Alberto Gutiérrez y María Eva Fernández, ocurridas el 9 de abril de 1977, prestó declaración indagatoria. Tras repasar su carrera en la fuerza, a la que perteneció durante 30 años, dijo que siempre tuvo buenas notas y que su consigna fue la de ser el brazo armado de la sociedad, para su defensa. Reconoció haber participado de un curso intensivo contra la subversión, pero minimizó el contenido al explicar que “era para enseñar a escondernos, tapar a la gente, pero no era la gran inteligencia como se dice acá”.
Antes había dicho que “había que frenar el embate ideológico de los Montoneros y el ERP, que atacaban a la policía y a las personas”.
Respecto del hecho puntual que se le endilga, Camargo negó que él y el personal de la Comisaría 16 de Las Heras hubiesen participado. Efectivamente, hubo una salida de un móvil registrada a las 0.10 de ese día con regreso a las 0.25. Camargo consideró que es probable que hayan llegado al lugar del hecho y el Ejército “era el que mandaba”, dijo, los haya mandado de vuelta. Y agregó que “si hubiese participado de un tiroteo me acordaría”.
Finalmente, el expolicía dijo que se sorprendió en 1986 cuando por primera vez lo llamaron a declarar y que continúa sorprendido ahora porque entiende que no hay pruebas que lo vinculen con el caso. “No me lo explico y desde que empezó el juicio nos han ido poniendo cositas para complicarnos. Estoy en vuestras manos”, expresó mirando a los querellantes.

Ajeno a todo

Miguel Ponce fue el chofer de aquel móvil visto en el operativo de la desaparición y/o asesinato de Montecino, Gutiérrez y Fernández. El expolicía fue muy breve en su exposición e hizo hincapié en que él sólo era chofer, que manejaba la camioneta, no se bajaba nunca, ni preguntaba nada. Se quejó porque entró a la cárcel sano y “ahora llevo un bolsón de remedios”. Como su colega Camargo, Ponce se negó a ser preguntado por las partes.

Este martes expondrá por teleconferencia desde la Cámara Nacional de Casación Penal Carlos Horacio Tragant, exdirector del Liceo Militar, y se espera que presten declaración indagatoria otros dos imputados.

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