“Los hijos del trueno”. La lucha de los estatales y el surgimiento del SOEP.

Movilización SOEP

Las décadas de los 60 y 70 estuvieron caracterizadas por una enorme conflictividad social. En Mendoza, trabajadores de distintos sectores como contratistas de viña, estudiantes, obreros del cemento, municipales, telefónicos, metalúrgicos, ferroviarios, bancarios, trabajadores de la salud, empleados públicos y docentes, protagonizaron numerosos paros y multitudinarias movilizaciones. El punto más alto del ciclo de protestas en la provincia, se produjo el 4 de abril de 1972, cuando miles de trabajadores/as y estudiantes llevaron la lucha a las calles protagonizando el Mendozazo.
En este marco, algunos de los sectores de trabajadores/as mencionados, desarrollaron combativas experiencias gremiales: tal fue el caso de docentes, bancarios y trabajadores del Estado. Éstos últimos, luego del Mendozazo crearon el Sindicato de Obreros y Empleados Públicos de Mendoza – SOEP- una de las principales experiencias de organización del sindicalismo combativo, con gran representación de base en una etapa histórica de significativo dinamismo y movilización social. Estos/as trabajadores/as, bautizados por el diario Mendoza como “los hijos del trueno”, a través de sostenidas luchas lograron algunas reivindicaciones históricas: la incorporación de contratados y la sanción del Estatuto del Empleado Público, así como la consolidación de la Intersindical de Gremios Estatales.
Surgido en 1972, durante la Dictadura del Gral. Alejandro Lanusse, SOEP llegó a realizar multitudinarias Asambleas en la explanada de Casa de Gobierno para decidir el curso de las acciones a adoptar, a contramano de las posturas de las dirigencias burocráticas, acostumbradas a pactar con el poder de turno. Fue una corriente sindical fresca, con la mirada puesta en las necesidades y la defensa de los derechos de las y los trabajadores, que hizo un pasaje de las reivindicaciones estrictamente económicas a posturas políticas, esencialmente antidictatoriales.
El SOEP, se nutrió de muchos jóvenes que se iniciaron en la defensa de sus derechos laborales y pasaron a formaciones políticas de distinto signo, mientras los viejos dirigentes enquistados en la estructura sindical los enfrentaban, incluso con matones de derecha. El sindicato tuvo corta vida, debido, entre otras cosas, a la imposibilidad de obtener reconocimiento formal a través de la Personería Jurídica como entidad gremial. Además, la violencia paraestatal desatada a partir de 1974, que tenía como objetivo primordial a militantes de sindicatos combativos, comenzaba a tornar peligrosa la actividad gremial. En junio de 1974, una asamblea de SOEP, que se realizaba en el sindicato de mosaístas, fue atacada a balazos. En este caso, como en otros, cuando la policía acudió al lugar dejó detenidas a las víctimas del ataque, tal como ocurrió ese día con Juan Carlos Dolz, secretario general del gremio.
En este contexto, SOEP se encontró en la disyuntiva de disolverse para incorporarse a UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación) o ATE (Asociación de Trabajadores del Estado). Luego de largas discusiones, en una asamblea realizada en el local de gráficos, se decidió la afiliación a ATE. Así fue que en el año ’75 sus bases irrumpieron masivamente en este gremio, y se enfrentaron con la conducción, llegando a separar de su cargo al secretario general, acusado de “traición” por haber desautorizado un paro en setiembre de 1975. Frente a esta situación y más aún ante el posible triunfo de los ex SOEP en las elecciones del sindicato, a través de una maniobra impulsada por la CGT, fue tomada la sede de ATE por la Agrupación Juan Domingo Perón de Empleados Estatales y el gremio fue intervenido.
En el IV Juicio que se inició el 17 de noviembre de 2013, se abordó, tangencialmente, la represión antes del golpe militar. A través de la investigación de la Fiscalía Especial para Delitos de Lesa Humanidad se pudo establecer la responsabilidad del Departamento de Investigaciones 2 de la Policía de Mandoza -D2- en la represión ilegal. Doce miembros de esa patota están enjuiciados y tienen pedido de prisión perpetua a la espera de sentencia. Se los acusa por su participación en el operativo de febrero del ’76 contra militantes del peronismo de izquierda; entre ellos se encontraban los representantes por ATE, Miguel Ángel Gil, de la Comisión Nacional de Energía Atómica – CNEA- y Marcos Ibáñez, de la Terminal de Ómnibus, ambos asesinados por torturas en prisión. Además otros sobrevivientes del mismo operativo eran delegadas/os en distintas reparticiones públicas: Silvia Ontivero, de la Dirección de Comercio; Guido Actis, de Estadística y Censo; Fernando Rule, de la Dirección de Arquitectura y Olga Vicenta Zárate, de ENTEL- San Martín; todos son querellantes en el mencionado juicio en debate.
Con posterioridad a la embestida contra activistas vinculados a la JTP, cercana a Montoneros, otros/as sindicalistas sufrieron secuestro y desaparición, tal como ocurrió con la delegada de la Dirección de Cooperativas, Raquel Moretti, desaparecida en 1976; Edesio Villegas, activista de la Dirección de Comercio, desaparecido en 1976; María del Carmen Moyano, activista de la Dirección de Transporte, desaparecida embarazada en 1977.
Como signo de los tiempos, los militantes amalgamaron la defensa de sus derechos como trabajadores y trabajadoras con la opción por corrientes revolucionarias.

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