AUDIENCIA 161 / ÚLTIMOS ALEGATOS DE LA FISCALÍA

23-08-16| Con el análisis de detenciones ilegales que involucran a la VIII Brigada del Ejército y las desapariciones de Laura Terrera y Alfredo Manrique junto a la apropiación de su hijita Rebeca, finalizaron los alegatos de la Fiscalía. En la próxima audiencia ese Ministerio formulará el pedido de condena para los acusados en esta Megacausa.

Audiencia 161

Cargos contra miembros del Ejército

La Compañía de Comunicaciones VIII perteneciente al Ejército, se constituyó en un LRD (Lugar de Reunión de Detenidos) según la jerga militar. Lo cierto es que ofició como Centro Clandestino de Detención y Tortura; por ahí pasaron más de un centenar de personas.

Seis de los siete detenidos a fines de marzo de 1976 que estuvieron en el Liceo Militar, fueron llevados a la Compañía de Comunicaciones. Sus causas formaron parte de la audiencia pasada N°160 y las víctimas son Horacio Julián Martínez Baca, Carlos Abihaggle, Carlos Garcetti, Rafael Antonio Morán, Osvaldo Aberastain y Carlos Venier.

Jorge Reynaldo Puebla sufría persecuciones desde el 75. Militaba en la Juventud Peronista, era técnico bioquímico y director de teatro. El 27 de marzo de 1976 fue secuestrado en una parada de colectivos en Luján de Cuyo junto con su novia, Liliana Buttini. Cuatro individuos armados se los llevaron en dos vehículos separados.

Previo simulacro de fusilamiento, fue llevado al Liceo Militar. Lo interrogaron vendado, le hicieron firmar su supuesta libertad y lo trasladaron al D2. Allí sufrió hambre, golpes, picana eléctrica e higiene deficiente. Entre abril y septiembre lo tuvieron en la cárcel de la Provincia. Naman García, director del penal, después de decirle que se iba en libertad, entregó al detenido a unos militares, quienes lo trasladaron a la Compañía de Comunicaciones.

El teniente Migno lo recibió en ese lugar y le tomó datos antes de que lo enviaran a la Unidad N° 9 de La Plata.

Valentín Montemayor está fallecido pero declaró en el marco de la causa de Ángel Bustelo en el 2006. Oficiaba como ebanista y estaba afiliado al Partido Comunista. Posteriormente a un allanamiento el 13 de agosto de 1976 en su domicilio, fue secuestrado de su lugar de trabajo.

Permaneció en la Compañía de Comunicaciones hasta el 30 de septiembre y recuperó su libertad en marzo del ‘77.

Ambas detenciones estuvieron rodeadas de ilegalidades. No hubo flagrancia ni orden judicial, sino intentos de blanquear los secuestros. Distintos relatos demuestran el aumento exponencial de las torturas “en sentido tradicional” en la Compañía de Comunicaciones. Eran una especie de experiencia lúdica para los perpetradores.

Los tormentos enumerados por el fiscal, sobre la base de los testimonios, son: la clandestinidad acompañada del padecimiento y temor que tienen las víctimas por saber que en cualquier momento pueden sufrir apremios ilegales o ejecuciones; el conocimiento de las torturas a los compañeros; la estética del lugar que muchos definieron como un campo de concentración; la alimentación deficitaria y la incomunicación, entre otras.

Dardo Migno prestó sus servicios en la Compañía VIII de Comunicaciones de Montaña entre enero de 1976 y 1979. Cumplía su rol como jefe del Lugar de Reunión de los Detenidos, tuvo trato personal con ellos e intervención directa en las torturas, según diversas declaraciones.

Ramón Ángel Puebla fue jefe de esta dependencia militar durante la época de los hechos que se narran. Debido al rol que cumplía no era ajeno a los hechos, ya que el personal, el lugar y los instrumentos estaban bajo su dependencia. Además existe vasta prueba documental que demuestra el compromiso activo de Puebla con el terrorismo estatal.

Igual acusación pesa sobre los dos:

  • Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes, por los ocho casos mencionados.
  • Tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas, en ocho casos.
    Abuso deshonesto agravado por la calidad de autor, persona encargada de la guarda, en perjuicio de Jorge Reynaldo Puebla.
  • Asociación ilícita.

Armando Osvaldo Fernández Miranda, oficial del D2, es acusado de:

  • Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes, por Jorge Reynaldo Puebla.
  • Tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas.
  • Asociación ilícita.
Directo a la Penitenciaría

Audiencia 161

Juan Ramón Salomón Yapur divulgaba un Semanario Vitivinícola. Algo de lo publicado incomodó al interventor de la CGT, el teniente coronel Augusto Landa Morón. Por ello lo citó para amenazarlo, pidió un celular al ministro de Gobierno y lo despachó directamente a la cárcel. Salomón no tenía ninguna pertenencia partidaria ni social y su detención, el 1 de abril de 1977, careció de toda formalidad. Para reclamar por su libertad intervino ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina).

Asimismo, quedó documentado que el general Mario Lépori solicitó que el detenido fuera trasladado del pabellón de presos políticos al de comunes, hecho que confirma la intervención del Comando de la VIII Brigada del Ejército.

Juan Salomón Yapur, ya fallecido, recuperó su libertad el 27 de mayo de 1977 pero, según el testimonio de su hijo, sufrió secuelas psicológicas.

Por esta causa está acusado Paulino Enrique Furió, responsable de Inteligencia del Ejército, al que se le atribuye:

  • Privación abusiva de la libertad
  • Tormentos agravados
  • Asociación ilícita
Alfredo Manrique, Laura Terrera y la pequeña Rebeca Celina

Después del cuarto intermedio de la jornada de hoy, prosiguió con los alegatos la fiscal Patricia Santoni, quien hizo énfasis en el caso de los secuestros y desapariciones de Alfredo Manrique y Laura Terrera y la apropiación de la beba de ocho meses Rebeca Celina Manrique Terrera el 24 de julio de 1977, cuando volvían de San Juan. Al parecer, Celina fue apropiada 12 días después: Arnaldo Guiraldez e Inés Sánchez, sus apropiadores, confeccionaron un acta de nacimiento fechado el 5 de agosto de 1977, además de un DNI falso donde aparecía como fecha de nacimiento el 25 de marzo de 1977, aunque la beba había nacido el 8 de noviembre de 1976. La apropiación de bebés era una práctica sistemática del terrorismo de estado. En 2007 se confirmó que Silvina, como la nombró la familia apropiadora y que rimaba con Celina como para no confundir a la pequeña, era la nieta recuperada Nº 87 y así recuperó su identidad.

Por esta causa se encuentra acusado Paulino Enrique Furió, quien fue jefe de Inteligencia del G2 dependiente de la VIII Brigada de Montaña, como autor mediato por los delitos de:

  • Homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio de Laura terrera y Alfredo Manrique.
  • Falsedad ideológica de la documentación, supresión de identidad de una menor de 10 años y sustracción, retención y ocultación de una menor de 10 años en perjuicio de Celina Manrique.
La abstención

El ministerio público se abstuvo de acusar a Alcides Paris Francisca por las detenciones ilegales de Víctor Vargas y Jorge Solís, quienes habrían sido secuestrados en su casa de calle Montevideo 58, el 16 de abril de 1978, según lo declarado por Solís que figura en un legajo de la CONADEP. El Ministerio Público Fiscal intentó dar con el paradero del denunciante pero no lo consiguió. Además, ninguno de los datos que obran en el legajo pudo corroborarse, por lo que la abstención tomó fuerza ya que no se ha podido acreditar la existencia material de los hechos.

La audiencia se retoma el lunes 29 de agosto a las 9.30.

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