El 28 de julio se reinicia el IV juicio

Después de la feria y de cinco meses de debate se reinicia el análisis de las causas incluidas en el IV juicio por Delitos de Lesa Humanidad. Se rearmará la escena que coloca al público frente al Tribunal. A la derecha, los letrados de la Defensa Oficial y particulares, detrás de ellos, los procesados. A la izquierda, la parte acusadora, mujeres y hombres del Ministerio Público Fiscal, así como abogados querellantes del MEDH, del Gobierno de Mendoza y de la Secretaría de DDHH de la Nación, en representación de las víctimas.

El Tribunal Oral Federal Nº 1 se constituye en la sala de audiencias, detrás de un señorial escritorio. En el centro el Presidente, el Juez Alejandro Piña, a los lados, los magistrados Juan González Macías y Raúl Fourcade; en uno de los extremos un cuarto juez, Héctor Cortez y en el otro la Secretaria, Natalia Suárez.

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En la línea de la parte acusadora, como en los anteriores juicios, se ubican las y los litigantes por las víctimas, el Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos – Medh- a través de Pablo Salinas, histórico militante por la Justicia, y Viviana Beigel. Completan este equipo, Diego Lavado, Carlos Varela, Lucas Lecour y Sergio Salinas. Por la Secretaría de DDHH de la Nación continúa el abogado Fernando Peñaloza y por el Gobierno de Mendoza, la Subsecretaría de Justicia y la de Derechos Humanos, con la abogada Romina Ronda como portavoz, los entes oficiales de Mendoza, solo querellan por la causas que comprometen a las fuerzas armadas y de seguridad.
En el mismo costado del Tribunal, se encuentran los miembros de la Fiscalía Especial para Delitos de Lesa Humanidad cuyo vocero es Dante Vega, acompañado por Patricia Santoni y el fiscal ad-hoc, Daniel Rodríguez Infante. Los representantes del Ministerio Público Fiscal tienen la palabra a la hora de formular las acusaciones e iniciar el interrogatorio a declarantes. En este debate, además de las consabidas preguntas sobre detenciones y torturas, la fiscalía indaga sobre ataques sexuales a las testigos -victimas y acerca de la conducta de la Justicia Federal en cada caso.
Tanto fiscales como querellantes son la voz de quienes sufrieron los efectos del terrorismo de estado. Siempre diligentes, salen al cruce de los planteos dilatorios o perturbadores de los defensores.

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Los Procesados

En la actualidad hay 33 procesados en este IV juicio: cuatro jueces, dieciocho miembros de la Policía de Mendoza, uno de la Federal, seis del Ejército, dos de la Fuerza Aérea y dos Penitenciarios.
En la Sala de Audiencias, a la derecha, detrás de un blindex, suelen estar presentes en el debate unos 8 imputados; los otros están distribuidos en distintos puntos del país. Estos siguen las instancias por videoconferencia desde oficinas de la Justicia Federal de Buenos Aires, Rosario y aquí, en Mendoza; también desde centros de detención como el penal de Ezeiza y Marcos Paz.
Ningún miembro del ejército, ni policías del D2 prestó declaración en público. Son precavidos ya que las y los sobrevivientes detenidos, encapuchadas o vendados, solo tenían registro sonoro; a lo largo de los juicios fueron individualizados algunos torturadores como el “porteño”, por su acento, u otro reiteradamente mencionado como una voz gruesa y aguardentosa; de modo que, por si acaso, mejor no hablar.
Además del mencionado policía Lorenzo, declaró en público el exjuez Luis Miret y se leyeron las largas exposiciones de los Guillermo Petra y Otilio Romano. Los letrados se excusan argumentando que no sabían el trato que recibían los y las detenidas y, por otro lado, aseguran que no podían hacer nada frente a las FFAA. Viene a colación recordar que algunos magistrados supieron cumplir con su rol. Se sabe que el Juez Federal de San Salvador de Jujuy, Eduardo Meyer, por ejemplo, frente a las decenas de Habeas Corpus recibidos después del 24 de marzo solicitó información sobre detenciones al Jefe del Ejército Coronel Bulacios y como éste no respondiera en forma inmediata, confeccionó una lista con los nombres de todos los mencionados en los Habeas Corpus y ordenó su libertad. Para algunas personas significó salir de cautiverio mientras que otras personas fueron blanqueadas y trasladadas al penal de Villa Gorriti. El exjuez Meyer, quien está muy lejos de la ideas de izquierda, fue destituido o debió renunciar en mayo o junio de 1976, pero hoy anda tranquilo por su ciudad natal. Evidentemente, algunos jueces pudieron y cumplieron con sus deberes.
En cuanto a las fuerzas armadas y de seguridad, no declaran pero se expresan en la calle. Desde las primeras audiencias, de vez en cuando, grupos de familiares o amigos de presuntos “Presos Políticos”, llegan con pancartas a la entrada de Tribunales Federales. Cabe aclarar que los procesados no están imputados en razón de ideología o pertenencia política, sino por delitos que van desde la privación ilegítima de la libertad hasta el homicidio, con diferentes grados de responsabilidad. Están enjuiciados tanto los jefes que dieron las órdenes, los que las concretaron como aquellos que asistieron a su ejecución; algunos miembros del Ejército y policía de Mendoza ya recibieron diferentes condenas, incluso prisión perpetua. Los grados de responsabilidad y participación son variados, de modo que el presuntuoso tilde de “preso político”, no les cabe.
Por lo menos hay dos grupos que agitan en las puertas de Tribunales. Los “Hijos y Nietos”, que demandan cambios en el tratamiento de las causas y condiciones de detención y los “Familiares y Amigos”, vinculados a Cecilia Pando, apologetas del terrorismo de estado, que con carteles agraviantes acusan de mentirosas a las desapariciones. Felizmente sus carteles están cerca de la gran pancarta en blanco y negro desplegada por los Familiares de los Desparecidos de Mendoza que exhiben los nombres y muestran los rostros de los que ya no están, con el agravante que ni siquiera se sabe acerca de su destino final.
Sobre Defensores

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En el tándem de abogados defensores de los procesados, resalta un empeñoso Ariel Civit, quien patrocina al guardiacárcel Oscar Bianchi y al exjuez Otilio Romano. Su estrategia es marear al testigo-víctima pasando de un escenario a otro para regresar al primero en el intento de hacerlo entrar en contradicciones, o si no, pidiendo precisiones imposibles sobre hechos mencionados al pasar, acaecidos casi cuarenta años atrás. Con un permanente “Digame..” , suele hacer preguntas insidiosas para envolver a las y los testigos a fin de sacar provecho de una posible confusión.
También se destaca, Omar Venier, defensor particular del expolicía de la 7ª José Antonio Lorenzo, quien aparenta estar convencido de su ingenuidad y estimuló a Lorenzo para que declarara argumentando su inocencia frente al público. Sin embargo, difícilmente, defensor y defendido ignoren que la 7ª, desde Santuccione en adelante, era una Seccional de referencia de la Policía de Mendoza para la represión ilegal y el expolicía prestaba servicios en esa Comisaría pero, según él, no vio ni supo del movimiento de los miembros de grupos de tareas que funcionaban patio de por medio en el mismo edificio.
Tanto Civit como Venier se ponen muy nerviosos si los testigos-víctimas traen consigo algo escrito a la hora de responder sobre lejanos sucesos a pesar de que el Tribunal informó, expresamente, que permitiría a las y los testigos un ayuda memoria o punteo, no así la lectura de declaraciones. Quedó para la galería de fotos un agitado Venier de pie, señalando con el índice a la testigo Mariú Carrera, denunciándola porque leía un escrito; la señora alzó una libretita, la dirigió hacia el abogado y al Tribunal para exhibirla e indicar que solo había apuntado ciertos nombres y fechas para no olvidarse.
Los testigo-victimas que prestan declaración son personas que han permanecido secuestradas y atormentadas en condiciones infrahumanas; desde los hechos hasta este juicio han transcurrido más de treinta y cinco años, lapso de tiempo que impide precisiones; además, sufren la natural perturbación de revivir lo acontecido con sus verdugos respirándoles al lado. A ello se agrega el deber moral de no dejar en el tintero ningún detalle que permita echar luz sobre lo vivido en cautiverio a fin de aportar al juicio; de allí que el Tribunal flexibilizara las condiciones del testimonio.
Algunos defensores hacen intervenciones y planteos en medio de desgarradoras declaraciones; esa actitud es propia de los abogados particulares de los procesados que, se presume, deben exhibir empeño ante sus clientes para justificar los honorarios que cobrarán. Además, dejan deslizar cierta empatía con la línea de pensamiento de sus defendidos. Con similar dinamismo se han escuchado las indagaciones de los antes mencionados, Venier y Civit y al conocido abogado de policías Carlos Reig.
Por su parte, los exjueces cuentan con defensores especiales designados por el Ministerio Público y además, con abogados particulares. Así, Carlos Carreño defiende al exjuez Guillermo Petra y Juan Day al exjuez Luis Miret; ambos, aunque más cautelosos, interrogan desde la perspectiva de la teoría de los dos demonios.

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Sucede que el terrorismo de estado es, hoy, una verdad incontestable. A grupos nacidos en la resistencia contra las dictaduras militares y a las organizaciones revolucionarias, el último golpe militar no respondió con la Ley sino con el exterminio de miles de mujeres y hombres. Los asesinatos y la desaparición de un grupo social por razones políticas e ideológicas es, sencillamente, un genocidio. No hay defensa que pueda exculpar a quienes con mayor o menor responsabilidad intervinieron en este cometido.

 

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